Puerto Rico: entre la liberalización y la intervención federal

La crisis económica de este Estado Libre Asociado de los Estados Unidos -que se ha declarado en default- impacta de múltiples maneras la práctica legal de los abogados en la isla.

Ser Estado Libre Asociado tiene sus ventajas. Desde funcionar como punto de chequeo migratorio y vía alterna de entrada a territorio estadounidense, hasta contar con una economía basada en el dólar americano y un intento de educación bilingüe. Estas son algunas de las características ventajosas de la relación entre Puerto Rico y EE. UU., a las que los ciudadanos puertorriqueños no han querido renunciar, pese a las oportunidades que han tenido de hacerlo a través de referendos.

Otra cara de la moneda, sin embargo, es el tema económico. El uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal, por ejemplo, imposibilita al gobierno de la isla tomar medidas de política monetaria (devaluaciones, manejo de la inflación, control de importaciones etc.), con las cuales afrontar épocas de “vacas flacas” como la que vive la isla desde hace al menos tres años, marcada por el estancamiento económico.

La principal consecuencia de dicho estancamiento fue la declaración de default que hiciera el gobierno local a principios de agosto, cuando solo pudo pagar US$ 628.000 de los US 58 millones que adeudaba a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), según reseñaron medios internacionales como la BBC.

La crisis económica afecta a todos los sectores productivos de Puerto Rico, entre ellos, particularmente, al gremio legal. De ahí que, como afectados, pero también como estudiosos de la materia, abogados de varias firmas que funcionan en la isla presten atención tanto a la crisis económica en sí misma como a posibles soluciones a dicha crisis, que pasan por reformas políticas y jurídicas.

Legislación laboral: uno de muchos factores

A mediados del año pasado, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que representa al Segundo Distrito del Sistema de Reserva Federal de EE. UU. y que es el distrito al que pertenece Puerto Rico, emitió un informe acerca de la competitividad económica de la isla. El documento destacaba la necesidad de aumentar las oportunidades en el mercado laboral como uno de los retos para salir del estancamiento e impulsar el crecimiento económico.

Jorge Capó-Matos

No obstante, la generación de empleo requiere una serie de condiciones que no están dadas en Puerto Rico y que pasan por una posición legal más amigable para con las empresas. Así lo considera Jorge Capó-Matos, socio del área de derecho laboral de la firma O’Neill & Borges LLC. A su juicio, la superación de la crisis económica requiere flexibilizar el mercado laboral y su sistema regulatorio, que, acota, es mucho menos competitivo que el de los estados de EE. UU.

“El año pasado, el Foro Económico Mundial reportó que los empresarios en Puerto Rico consideran que la restrictiva reglamentación laboral es el segundo factor más problemático para operar sus negocios”, subraya Capó-Matos, tras lamentar que la isla haya perdido la posición que tuvo en el pasado como lugar idóneo para establecer empresas. “Para remediar esta situación es necesario atraer y mantener en el país empresas que creen empleos. Sin negocios no hay empleos y sin negocios y empleos en el sector privado no se produce actividad económica”, advierte.

Capó-Matos también explica que las empresas que requieren mano de obra intensiva tienden a estar más expuestas a cargas económicas y restricciones en su accionar gerencial que otras corporaciones en otros estados de los EE. UU. Igualmente cuestiona el sistema de asistencia social de la isla, que, a su entender, “actualmente premia el no trabajar”.

Heriberto Burgos

Por su parte, Heriberto Burgos, socio fundador de la firma Casellas Alcover & Burgos, P.S.C. coincide en que la legislación laboral –que califica como “excesiva” – encarece el costo de hacer negocios en la isla, pero aclara que no es el único ingrediente que quita ventaja competitiva a Puerto Rico. Al marco regulatorio se suma la eliminación de la exención de algunos impuestos federales y el acceso no-exclusivo al mercado norteamericano. “Otros países ya gozan de tratados que les dan el mismo acceso al mercado de EE. UU. que Puerto Rico, y el Congreso eliminó sustancialmente las ventajas contributivas que las multinacionales tenían anteriormente en sus operaciones en la isla”, explica.

¿Intervención necesaria?

Para Burgos, a la par con lo empresarial y lo legal, hay un elemento político que afecta la crisis portorriqueña. “Nuestras estructuras políticas son débiles y la falta de consenso tiene al país sumergido en un inmovilismo. Esta situación la empeora una clase política esclava de clientelas del sector público y la incursión del populismo aún en sectores políticos que tradicionalmente han sido conservadores. Finalmente, la falta de poder político a nivel federal complica el problema”, enumera.

De ahí que Burgos crea necesario que el gobierno federal participe decisivamente en la solución de la crisis, exigiendo responsabilidad a la administración de la isla. “No veo una solución a corto plazo a menos que la intervención federal obligue a nuestra clase política y a las estructuras gubernamentales a ser, desde el punto de vista fiscal, más responsables y más transparentes. Ese podría ser el golpe de impacto que puede darle un giro de 180º a la crisis. No obstante, constituiría una declaración de fracaso sobre cómo Puerto Rico ha gestionado sus asuntos y el efecto negativo es difícil de predecir, aunque puede ser de largo alcance”, comenta.

Esta solución, sin embargo, solo sería viable a largo plazo si se superan las reticencias respecto a las intervenciones federales. “Ni el Ejecutivo, representado por el presidente Obama, ni el Congreso, se han mostrado dispuestos a intervenir, probablemente por las repercusiones que una intervención de este tipo pueda tener en todo el resto de EE. UU.”, reconoce Burgos, tras acotar que un tipo de intervención positiva sería la posible labor de la Reserva Federal asegurando los bonos de la deuda pública, “lo cual aplacaría los mercados y mejoraría sus calificaciones”.

Práctica legal a prueba

La crisis económica portorriqueña ha aumentado la cantidad de trabajo que tienen las firmas de abogados en la isla, especialmente en lo referido a derecho tributario y corporativo.

En el caso de Casellas Alcover & Burgos, los litigios comerciales y corporativos, así como el asesoramiento a empresas se han mantenido pese a la contracción económica. “En nuestro bufete también representamos acreedores de la deuda pública”, comenta Burgos.

De manera similar, ha aumentado la cartera de trabajo de los abogados vinculados con cobros y ejecuciones, así como quiebras y restructuraciones de empresas. “Otro ejemplo de trabajo legal que ha aumentado es el trabajo fiscal a raíz de la legislación contributiva aprobada para aumentar los recaudos y disminuir el déficit público”, añade.

A pesar de que, según cifras estimadas, en los últimos años se han perdido más de 100.000 empleos en la isla, el área del derecho donde quizá menos se ha sentido el impacto de la crisis es la laboral. Así lo considera Capó-Matos, quien explica que los litigios laborales suelen darse en empresas con plantillas de trabajadores numerosas, mientras que las empresas pequeñas (que cada vez son las que más abundan en Puerto Rico) recurren a acuerdos transaccionales entre el empleado y la gerencia, lo que reduce el potencial de reclamaciones laborales.

Para Capó-Matos, el mercado de trabajo para los abogados privados en Puerto Rico ya no se nutre tanto de la llegada de empresas nuevas, sino de que el cliente que exista deje de asesorarse con otros despachos. “Otros retos surgen a consecuencia de los cierres o reducciones de operaciones, lo cual ha resultado en el desempleo de muchos profesionales en el campo de los recursos humanos. Dichos profesionales, al no encontrar oportunidades de nuevo empleo, han tenido que ofrecer sus servicios a la comunidad de negocios y ofrecen servicios de consultoría a tarifas más bajas que lo que puede ofrecer un perito legal”, comenta.

No obstante, el abogado puertorriqueño también sufre las consecuencias de la crisis económica y la imposibilidad de recibir honorarios profesionales. “A la inmensa mayoría de los abogados no le llega clientela que pueda pagar por sus servicios, sobre todo estamos hablando del practicante individual o de los despachos de dos o tres abogados. Estos tienen mucha dificultad para atraer clientela, por lo que les resulta mejor reubicarse a un estado de los EE. UU. donde haya más clientes potenciales”, comenta Capó-Matos.

Burgos, por su parte, precisa que la abogacía no es la profesión que se ha visto más mermada por la emigración, que se estima -de manera extraoficial-, en al menos 50.000 puertorriqueños que parten a territorio estadounidense cada año (en un país cuya población ronda los 3.600.000 habitantes).

Por último, Burgos explica que el gremio de abogados en Puerto Rico resiente no solo el aspecto económico de la crisis, sino también el ámbito institucional, aunque su diagnóstico final es optimista. “Los abogados, como clase, se verán afectados en la medida que la crisis ocasione un desplome de las instituciones y de la legalidad, pero el Estado de Derecho está firmemente arraigado en Puerto Rico, lo cual garantiza un ámbito de acción importante para los abogados, ambiente también garantizado por la presencia federal en la isla”, confía.