Costa Rica intenta seguir los pasos de otros países de América Latina. Después de publicar la Ley Número 10113 o Ley del cannabis para uso terapéutico y medicinal, así como del cáñamo, para uso alimenticio e industrial, en marzo pasado, ahora el país impulsa un proyecto de ley para legalizar la marihuana con fines recreativos. La iniciativa proviene de Rodrigo Chaves, presidente de la República, quien, en su discurso de 100 días de gestión, anunció que se trabajaría en esta materia.
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Ley Número 10113
¿Cómo se ha implementado la ley que permite el uso de cannabis para fines medicinales? De acuerdo con Mariana Castro, consejera sénior de Alta Batalla en Costa Rica y con Juan Manuel Godoy, socio de Consortium Legal – Costa Rica, aún es muy pronto para valoraciones, especialmente porque Costa Rica sigue a la espera de su reglamentación.
De acuerdo con Godoy, la conexión que existe entre iniciativa del Ejecutivo costarricense y la regulación del uso medicinal de cannabis, no solo considera una visión de negocio, sino que desarrolla la complejidad de controlar su uso frente a los efectos nocivos para la salud. Esto, el abogado considera que debe enmarcarse en la discusión política de oportunidad y conveniencia de una legalización del consumo donde se tengan diferentes insumos interdisciplinarios para su debido estudio y discusión.
El único avance hasta ahora, en relación con la norma vigente, es la creación de una asociación que agrupa a pequeños y medianos agricultores de cáñamo y cannabis, algo que el socio de Consortium Legal cree que está aún en estado incipiente. También se está educando al respecto, señala.
“Pareciera que el nuevo proyecto de ley planteado por el gobierno de la República es un esfuerzo en la misma dirección de esta nueva ley, para aprovechar el auge que esta industria puede traer a la región, agregó Castro en entrevista con LexLatin.
Impacto económico y social
La abogada de Alta Batalla considera que desde el punto de vista económico, la idea del Presidente de la República podría impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y, posiblemente, ayude a dar un impulso económico para el país, en un momento clave, "en donde continuamos viviendo las consecuencias, en la economía, que dejó la pandemia del COVID-19, la guerra en Europa del Este, la crisis de contenedores y la inflación mundial”.
Citando un informe de Deloitte correspondiente a 2021, señaló que, desde que Canadá legalizó el cannabis recreativo en 2018, la industria ha contribuido con 43.500 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) canadiense, ha creado 98.000 puestos de trabajo y ha aportado 15.100 millones de dólares a las arcas del gobierno.
No puede decir lo mismo de los estados de Estados Unidos, en donde se legalizó la marihuana hace un tiempo, ya que no está demostrada una correlación directa entre dicha legalización y el leve crecimiento que haya tenido la economía local.
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No obstante, menciona, hay datos oficiales respecto a la legalización, según los cuales los ingresos fiscales estatales por la industria de la marihuana (tanto de uso medicinal como recreacional) sufrieron un aumento significativo. Colorado, Washington, Oregón y California imponen importantes impuestos específicos sobre la marihuana recreativa, junto con impuestos estatales estándar sobre las ventas, otros impuestos locales y tarifas de licencia, resaltó la abogada.
“En el tanto el nuevo proyecto de ley costarricense implique la creación de nuevos impuestos relacionados con la producción, industrialización y comercialización de la marihuana recreacional, podríamos suponer que los ingresos fiscales nacionales, también podrían verse incrementados, de una manera relativamente significativa, considerando el tamaño de nuestro mercado y las limitaciones propias de nuestro contexto”, expresó la consejera sénior de Alta Batalla.
Para el socio de Consortium Legal, el impacto de la iniciativa gubernamenta costarricense pareciera más social que económico.
“Se trata de una aproximación diferente a una problemática nacional, regional e internacional que demanda reconocer una realidad social sobre la que permanece una discusión sobre el replanteamiento de una aproximación punitiva y prohibitiva”, comentó Godoy.
Considera que, incluso, podría tener algo de sentido como complemento a la ley que permite el uso medicinal, la cual podría tener como efecto la atracción de inversión extranjera para ese segmento del mercado, en la que la norma admite una integración vertical de los actores en la cadena de producción y distribución.
El modelo a seguir para la nación centroamericana pareciera ser el de países como Canadá e Israel, que —de acuerdo con Castro— han permitido el uso medicinal del cannabis desde inicios de los años 90. Si bien aún no existe un proyecto de ley en estudio, lo que sí está claro es que Costa Rica está siguiendo la tendencia regional de legalización y despenalización.
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A la cabeza de Centroamérica
La abogada señaló que, si bien varios países de la región (Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Barbados, Jamaica, Paraguay, México, Perú, Uruguay, Panamá y Costa Rica), han legalizado la producción, industrialización y consumo de cannabis con fines médicos y terapéuticos, el uso recreativo de la marihuana sigue estando prohibido en la mayor parte de la región, excepto en Uruguay, que en 2013 se convirtió en el primer país del mundo en legalizarlo. También Canadá y algunos estados de Estados Unidos y México, permiten, bajo ciertas reglas y parámetros, su uso recreativo.
“Se podría decir que, a pesar de estar relativamente atrasado en relación con la región latinoamericana para la regulación de uso del cannabis medicinal, en Centroamérica en general, Costa Rica se mantiene a la cabecera en la materia”, resaltó. El país sería uno de los primeros tres de Latinoamérica en permitir el uso del cannabis con fines recreativos.
-¿Cómo se justifica, en el plano normativo, la legalización de la marihuana con fines recreativos?
Juan Manuel Godoy: Esa pregunta merece una aproximación multidisciplinaria que permita dimensionar efectos en términos sociológicos, sanitarios y legales.
Como muchos temas polémicos, se trata más de una definición más política que legal. Tanto es así que a nivel internacional algunos actores nuevamente han traído a la mesa la estrategia y eficacia de la lucha contra las drogas en el ámbito nacional e internacional. Cada uno de los prismas de análisis aporta a esa discusión.
Desde el punto de vista legal alguien podría afirmar que su consumo recreativo es una manifestación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, pero también podrían traerse argumentos contrarios asociados a la salud pública. En ese sentido, se piensa que es un tema con un alto contenido político que debería ser resultado de una discusión multifactorial.
-¿Qué desafíos representa regular este asunto?
Mariana Castro: Existen diversos desafíos que podríamos comentar. Por ejemplo, en términos sociales, la Universidad de Boulder, en Colorado, recientemente publicó un estudio que demuestra que los residentes de estados donde se ha legalizado el cannabis de uso recreacional (19) consumen marihuana con un 24 % más frecuencia que los que viven en estados donde sigue siendo ilegal.
Además, detractores de la legalización del uso de la marihuana argumentan que su legalización incrementa el costo social por múltiples razones, entre ellas el mayor uso por parte de adolescentes, mayor criminalidad e índices de delincuencia, mayor inseguridad ciudadana, mayores tasas de desempleo, mayores costos sociales por los tratamientos de rehabilitación requeridos, menor rendimiento laboral, entre otros.
No obstante, los datos recolectados no dan certeza de que dichos argumentos sean ciertos o que estén directamente relacionados con la legalización del uso de la marihuana, considerando su naturaleza multifactorial.
Pero existen también desafíos para la industria, ya que, de convertirse en ley, el gobierno esperaría atrer la inversión necesaria y, por lo tanto, debería otorgar las condiciones necesarias para que la inversión prospere.
Como cualquier industria joven, las empresas de cannabis necesitan de financiamiento para el crecimiento futuro y acceso a pólizas de seguros para salvaguardar sus cultivos e instalaciones. Sin embargo, en Costa Rica sigue existiendo una connotación negativa de la industria, por lo que las empresas no disfrutan del acceso a los servicios bancarios o servicios de seguros usuales que empresas de otros sectores sí pueden conseguir. Esto dificulta la obtención de capital, aumenta su costo, y disminuye sus posibilidades de éxito. En el tanto la nueva ley no apareje, con relativa rapidez, un cambio a nivel cultural sobre el tema, y en tanto las empresas no puedan acceder a opciones de financiamiento y de seguros, la inversión en el sector continuará limitada y los beneficios que la ley podría traer no se materializarían en nuestro país.
Otro desafío importante que merece consideración se refiere a la sobreoferta y la saturación del mercado de la marihuana que ya podría existir. La industria del cannabis ha crecido dramáticamente en los últimos años en respuesta a la expansión de la legalización y a una avalancha de capital de empresas de capital de riesgo y otros inversores. Se espera que las ventas mundiales de cannabis aumenten de 13.400 millones de dólares en 2020 a 33.600 millones en 2025. Por lo anterior, hay que cuestionarse: de qué tamaño es la demanda local de los productos de marihuana y cáñamo y cuál es nuestra capacidad de producción e industrialización. Así también es importante considerar si hay un espacio para la exportación de la producción e industrialización local de la marihuana y si hay algún valor agregado que, desde Costa Rica, se le pueda ofrecer a la industria mundial para diferenciarse, lograr entrar a un nicho específico y poder competir efectivamente.
Para un país como Costa Rica, que históricamente le ha dado tanto énfasis a la sostenibilidad y el medio ambiente, otro tema que será importante atender es lograr medir y contrarrestar los efectos nocivos que podría causar la producción del cannabis y del cáñamo en el medioambiente, tomando en cuenta que esta industria requiere de una alta demanda energética y de agua que podrían afectar negativamente los ecosistemas.
Aunque los números económicos hablan de enormes proyecciones, América Latina, más allá de buscar causar un gran impacto, debería concentrarse en crear bases sólidas para una industria que sea sostenible en el largo plazo, tanto económica, como social y ecológicamente.
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