Piense el lector en lo que está leyendo en este instante. Piense en el medio a través del cual la información está viajando hacia sus ojos y es procesada por su cerebro. Lo más seguro es que ese medio sea la pantalla de un ordenador, un dispositivo móvil o una tableta. A continuación, deténgase un momento en pensar qué utiliza para redactar, corregir y archivar una demanda o un contrato, buscar sentencias y normas, emitir una factura o comunicarse con su cliente. A pesar de tratarse de tareas distintas, todas tienen en común que para realizarlas se está sirviendo de la tecnología.
Ahora, el lector que acumule veinte o más años en el ejercicio de la abogacía rememore los inicios de su carrera profesional. Los procesadores de texto no se habían popularizado, las bases de datos de jurisprudencia y legislación no existían, y hallar la sentencia aplicable al caso suponía espigar entre voluminosos tomos. Las cartas de papel y el fax eran los medios habituales de comunicación.
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Imagine el lector más joven qué pasaría si en su trabajo diario no tuviera internet ni correo electrónico, no dispusiera de un programa de gestión de expedientes o careciera del procesador de textos similar al que estoy utilizando para escribir estas líneas.
En apenas un cuarto de siglo, los abogados han adaptado su trabajo a internet, utilizan programas de software y dispositivos electrónicos como el móvil, herramientas inconcebibles años atrás, y lo han hecho por una razón: porque facilita su labor. Utilizando la expresión técnica, “mejora su eficiencia”.
Eficiencia
La eficiencia es la primera consecuencia directa de la aplicación de la tecnología. El procesador de textos, el correo electrónico, la mensajería instantánea o las bases de datos digitales reducen el tiempo que dedica el abogado a numerosas tareas. Basta comparar lo que tardaba en localizar y fotocopiar una sentencia en los citados tomos y lo que obtiene actualmente con solo pulsar un par de hipervínculos.
La eficiencia lleva anexa una segunda consecuencia: la rentabilidad.
Rentabilidad
Conviene recordar que el abogado se enfrenta a una imposibilidad física. Este impedimento radica en el hecho de que su capacidad de producción está limitada a un número determinado de horas. La máquina en una cadena de producción trabaja sin descanso y produce invariablemente una cantidad de piezas. Los abogados no, y su capacidad depende de factores como la complejidad de la tarea, la situación personal y familiar o su resistencia física y psicológica.
Debido a esa limitación consustancial resulta imprescindible que los abogados inviertan cada hora de su tiempo en las tareas más valiosas para sus casos y clientes. Las fracciones de tiempo que no cumplan este criterio son irrecuperables, pérdida que no se compensa con una reducción de gastos del negocio (empleados, alquiler, suministros, etc.), puesto que estos permanecen constantes. En este punto el costo de prestar el servicio será mayor que los ingresos y el despacho habrá transgredido el umbral de la rentabilidad.
La eficiencia ganada con la tecnología repercute directamente en la rentabilidad, porque al reducir el tiempo de ejecución de ciertas tareas, normalmente recurrentes, el abogado puede invertir el tiempo “sobrante” en otras tareas de mayor valor. A la eficiencia y rentabilidad se suma una tercera razón por la que los abogados deben abrazar la tecnología: la competitividad.
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Competitividad
La ventaja competitiva de la tecnología tiene dos manifestaciones. La primera es interna: al mejorar la rentabilidad el margen de beneficio del despacho (diferencia entre ingresos y gastos) aumenta.
La segunda manifestación es de carácter externo y deriva de la primera: un margen de beneficio superior permite ampliar las posibilidades de negociar los honorarios con el cliente y situarse en una posición preeminente respecto a los competidores.
Desde hace cinco años observamos la eclosión de la segunda generación de herramientas tecnológicas en el sector legal. Estas han sido reconocidas con el neologismo “legaltech”, mérito del que no gozaron sus predecesoras veinte años atrás. Esta segunda generación coloca el epicentro de su desarrollo en la automatización, el procesamiento masivo de datos y el lenguaje natural, combinación que suele denominarse “Inteligencia Artificial”.
Las nuevas herramientas rebasan a sus antecesores tecnológicos en potencia de cálculo y funcionalidades, ampliando su aplicación a tareas para las que antes no existía ninguna opción de automatización. Los flujos de procesos, las actas mercantiles o los contratos son solo algunos ejemplos de trabajos que se han automatizado. No obstante, el desarrollo y aparición de esas nuevas tecnologías, igual que ocurrió antaño con las otras, continúa justificándose por la necesidad de mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad, razones inmutables por las que el abogado contemporáneo debería considerar seriamente adaptarse al cambio tecnológico.
*Jordi Estalella es socio de LOIS y profesor del curso de Legal Operations y Legaltech de ESADE / e-mail: [email protected]
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