Perú ha firmado hasta ahora 19 acuerdos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), entre ellos el Convenio de París, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y el Arreglo de Niza, pero, ¿aprovecha el país estos tratados?
El sistema marcario en el Perú, de acuerdo con la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es utilizado mayormente por nacionales: durante el año pasado se recibieron 28.107 solicitudes de registro por parte de locales, estas representan el 68,7 % del total de solicitudes.
No obstante estas cifras, de acuerdo con Mónica Germany, presidenta de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (Appi), la firma de estos tratados, desde una perspectiva internacional, consolida cuotas de mercado asimétricas, por lo que esta organización está impulsando una propuesta para contrastar la situación.
La Appi es una organización que establece normas de ética y prácticas profesionales para sus asociados; representa a profesionales, abogados y agentes miembro ante las asociaciones privadas internacionales de la Propiedad Industrial y colabora con el gobierno peruano en la representación ante los organismos internacionales oficiales.
“La adhesión de un país a un tratado tiene que obedecer a razones de Estado, a una necesidad o problema que se puede resolver o evitar”, dice Germany, abogada con más de 25 años de experiencia en marcas y patentes, derechos de autor, derecho de la competencia y procedimientos seguidos en temas vinculados a la protección al consumidor.
A decir de Germany, la sola suscripción del tratado no es un avance para el país, sino que los acuerdos suscritos deben traducirse en beneficios.
Bajo la explicación de la abogada, la economía peruana tiene su fortaleza en la exportación de minerales, pesca y agricultura, commodities que difícilmente llevan valor agregado. En contraste, los tratados Ompi nacieron con la meta de promover el comercio internacional de productos y servicios susceptibles de ser protegidos por una marca, patente u otro derecho de PI, es ilógico pensar que una economía exportadora de materias primas y alimentos puede beneficiarse de igual manera que una economía desarrollada en el contexto de estos acuerdos.
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“La dominancia comercial exportadora de productos y servicios con valor agregado corresponde a los países altamente industrializados. Solo 10 países concentran 70 % de los registros marcarios y más del 80 % de las patentes”, refiere Germany, considerando el reporte anual de la OMPI de 2020.
Los países 'sin capacidad innovadora', de acuerdo con la especialista, como es el caso de América Latina, el Caribe y África en conjunto, no superan 1 % del total de registros marcarios o de patentes, considerando también el reporte anual 2020 de la OMPI.
Los mayores beneficiarios son los mayores impulsores de acuerdos
La mayor asimetría en estos acuerdos, según Germany, reside en que muchos de los países industrializados “ni siquiera se adhieren a los referidos tratados, pero obligan a los países subdesarrollados a suscribirlos”, especialmente porque su mayor interés es extender la protección de la PI de sus productos o servicios “al máximo posible de territorios, factor que explica el interés de los países industrializados en impulsar la adhesión de nuevos miembros a más tratados en materia de propiedad intelectual, inclusive respecto de aquellos países subdesarrollados que no tienen necesidad de adherirse a los mismos, pues carecen de industrias generadoras de valor agregado exportable”.
La también socia del Estudio Olaechea resalta que, en términos de competencia económica, estos tratados son beneficiosos para economías simétricas, “pero no en un contexto de competencia asimétrica extrema, como la que se suscita entre los países industrializados y en desarrollo, desde que muchos de los tratados Ompi proveen una plataforma que permite registrar y administrar de manera más eficiente grandes portafolios de marcas de trasnacionales que acaparan los elementos diferenciadores, a través del registro masivo de las denominadas marcas defensivas”.
Finalmente, el punto de Mónica Germany es que esta práctica consolida la posición de liderazgo de marcas extranjeras en el mercado peruano, otorgándoles una ventaja competitiva difícil de imitar y que, además, limita la entrada de nuevos competidores, en particular, de las medianas y pequeñas empresas.
Perú protege marcas y patentes externas, pero no recibe beneficios recíprocos
Entonces la pregunta es ‘¿cómo equilibrar esta balanza?’, y la respuesta, para Germany, es que los tratados de la Ompi, aunque están dirigidos a proteger un derecho intangible, “no crean una cuota de mercado”, por lo que procede crear una base para el desarrollo intelectual o de innovación, así como abrir puertas comerciales para las exportaciones peruanas.
Para completar la primera tarea, la Appi puso en marcha, junto a diversos organismos y entidades, el Proyecto de Ley para el Desarrollo y Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación (en el que trabajan desde septiembre de 2022), “para que se ponga fin a esta situación y se establezcan pautas claras para la diversificación de nuestra economía”.
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Este proyecto busca intensificar el trabajo del Indecopi “para proteger la PI y que, de esta manera, se fomente la innovación propia, evitando optar por la piratería”. Esta labor pasa por diversificar la economía peruana por medio de la ciencia, tecnología e innovación.
Los retos, comenta, también residen en aumentar la reputación de los productos hechos en el Perú. En este aspecto, menciona que un efecto colateral de los tratados es que pueden desincentivar o reducir la innovación en el país, al ser herramientas dirigidas a controlar y monopolizar los elementos diferenciadores de mercadeo de productos o servicios o la misma innovación, de manera más eficiente por los líderes de mercado mundial.
Por esto, en su criterio, “la única manera de aprovechar los tratados Ompi es generando un mercado exportable de productos o servicios con valor agregado protegible”.
Un proyecto para desarrollar al Perú desde la PI
El proyecto de ley en mención no solo se centrará en el fomento y desarrollo de políticas de innovación, sino también en educar para el conocimiento. “A diferencia de otras propuestas basadas en incentivos tributarios, este proyecto postula la identificación de aquellos sectores que pueden ser monetizables y capaces de competir en los mercados fijando pautas legislativas para su desarrollo”, dice la abogada.
La normativa fijará pautas para intensificar la educación gratuita en línea en áreas como la programación, la ciencia, los idiomas, la música y el cine, entre muchas otras, involucrando a la vez a universidades, colegios y profesores de alto nivel.
“Para ello es imprescindible expandir la conexión a Internet a todo el territorio nacional, ofreciendo acceso libre a bibliotecas virtuales”.
El proyecto además establece pautas para evitar los lobbies dirigidos a frenar la política de suscripción de tratados internacionales en materia de Pl.
La posición del Indecopi
En contraste con los postulados de la presidenta de la Appi, la Dirección de Signos Distintivos (DSD) y la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi consideran que, al contrario, la suscripción de estos acuerdos sí reporta beneficios al país, entre estos el aumento del nivel de competitividad nacional.
Estos sitúan al país “a la altura de países más desarrollados e incentiva a los inversores a extender la protección de sus intangibles en el Perú”, según la DSD.
Esta idea es secundada por la DIN, que precisa que “ser parte de estos tratados internacionales brinda beneficios y simplifica los procedimientos de registro para la protección de las invenciones y diseños industriales, favoreciendo a los innovadores nacionales, colocándolos a la par que los nacionales de otros países miembros de estos instrumentos internacionales”.
De los 26 acuerdos administrados por la Ompi, Perú ha suscrito los siguientes acuerdos: el Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, el Acuerdo de Viena (vigente a partir de julio de 2024), el Arreglo de Lisboa, el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes y el Arreglo de Locarno.
Estos, dice la DIN, simplifican los procedimientos de registro, colocando a los peruanos y al Indecopi a la par de otros países miembros. A modo de ejemplo, la Dirección señala que, en el caso del PCT, en el año 2021, “ser miembro del Tratado permitió que inventoras peruanas presentaran solicitudes internacionales para proteger sus inventos en el extranjero, convirtiendo al Perú en el quinto país del mundo con más mujeres inventoras con solicitudes internacionales de patentes PCT”, con un total de 28,8 % creadoras, “muy por encima del promedio mundial que se ubica en 17 %.”
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Para la DSD, ser parte de los acuerdos de la Ompi ha permitido dinamizar el sistema nacional de protección y aplicación de los signos distintivos a través de procedimientos ágiles y menos costosos, incentivar la protección de marcas, ampliar el ámbito territorial de protección y el reconocimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales.
Adicionalmente, el uso del Arreglo de Niza y el Acuerdo de Viena ofrece beneficios recíprocos para todas las partes contratantes, “no existiendo razones para realizar acciones tendientes a buscar equilibrios”.
“Es importante anotar”, precisa la DSD, “que no es posible aplicar un mismo criterio a realidades diferentes. No existe una verdad absoluta respecto al beneficio o no de los tratados internacionales, sino que cada país deberá analizar las posibles ventajas y desventajas de cada tratado, intentando potenciar los beneficios en favor de sus nacionales, así como el comercio y la inversión extranjera”.
En esa línea, por ahora las estadísticas demuestran que los peruanos usan de manera amplia los mecanismos PI que tienen a su alcance. Como se mencionó al inicio de este reportaje, el año pasado se recibieron 28.107 solicitudes de registro, lo que representa un 68,7 % del total.
“Los peruanos se han visto y se ven favorecidos con procedimientos ágiles, sin tantas exigencias formales y también menos costosos”, gracias a las disposiciones contenidas en los tratados internacionales y el marco normativo vigente.
Ante cualquier falla en el sistema, la institución lo tiene claro: “Corresponderá al Indecopi impulsar y ofrecer instrumentos que respondan a las nuevas necesidades de nuestros empresarios y emprendedores”.
Mientras tanto, el Indecopi tiene programas paralelos para mejorar los derechos de PI dentro de la industria nacional y hacia el exterior, como la plataforma de atención en patentes, la Red Nacional CATI (desarrollo de capacidades institucionales en materia de patentes), el Programa Nacional de Patentes – Patenta, el Concurso Nacional de Invenciones, el Concurso Nacional de Inventos Escolares – Inventores del Futuro, charlas y capacitaciones gratuitas, cursos virtuales de patentes, el Curso de Especialización en Patentes, el Peruvian Patent Marketplace, Patenta en el Exterior, Identi-Pat, el Programa Pro Obtentor, el Programa de Protección de Diseños Industriales, el Programa de Asistencia a Inventores (PAI – Perú) y el Reconocimiento Anual a la Comercialización del Invento Patentado, de la DIN.
A estos se suman los programas, herramientas digitales y servicios implementados en los últimos años por la DSD, como alianzas estratégicas con Produce, Midagri, Agrorural, MinCul, Mincetur, Promperú, universidades, gobiernos locales y regionales y cámaras de comercio, además de actividades de difusión; campañas de promoción, registro y renovación virtual de marcas, y el servicio Peruanizado.
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