“Cómo pasa el tiempo, ¿no es cierto?” Tamara Adrián no espera respuesta. Ha recordado que hace 17 años y un mes inició una cruzada de resistencia contra las instituciones de Venezuela. Si el régimen reconociera su identidad genérica y su nombre, este derecho sería desbloqueado para la comunidad de la diversidad sexual en el país.
Abogada, académica, investigadora, doctora en Derecho Comercial por la Universidad de París y especializada en Derecho Comparado; Tamara Adrián, estricta, dicta clases en la Universidad Central de Venezuela y, a la par, defiende su curul en la Asamblea Nacional. Es diputada, a pesar de lo difusa que es la división de Poderes de la nación.
“Hemos retrocedido. Entre el año 82 y el año 98 este país fue el primero de la región en reconocer la identidad de alrededor de 150 personas transexuales por la vía judicial, luego ¿qué sucedió? Llega Chávez a la presidencia, llama a una Constituyente y comienza una destitución masiva de jueces”, detalla.
En 2015 Adrián se insertó en la historia política de Venezuela y también en la historia latinoamericana, al ser la primera diputada transexual electa, al ganar los comicios, como suplente de la lista del político Tomás Guanipa. En el recorrido geográfico de la Venezuela LGBTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, intersexual, queer, pansexual, no binario y otras diversidades) su nombre será mencionado varias veces, incluso, en 2016, la cineasta Elia Schneider le dedicó un largometraje a su vida.
Trece años antes de tomar juramento como legisladora, Tamara Adrián cambió su identidad sexual en el extranjero y en 2004 introdujo un habeas data ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que sus documentos oficiales consignaran el nombre que ella misma se eligió. Su expediente acumula dos millares de hojas y sigue sin ser resuelto. En este proceso ha intervenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El panorama país es así: desde 2010 Venezuela reconoce el cambio de nombre para cualquier persona. Está en la Ley Orgánica del Registro Civil, en el artículo 146. Toda persona puede cambiar su nombre una vez, si es que este es infamante, le somete al escarnio público, atenta contra su integridad moral, honor y reputación o no se corresponde con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad.
“Pero es que las solicitudes no proceden. Es algo que no se reconoce”, afirma la académica y activista por los derechos igualitarios.
Cabe anotar que, hace décadas, cuando en el país se decidió reconocer la identidad de cualquier persona, la regulación era patologizante: se requerían exámenes médicos, psiquiátricos y hasta operaciones genitales. No obstante que no se admiten siquiera las solicitudes, las personas trans deben presentar todos estos documentos para probar su suerte.
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Venezuela se quedó clavada en ese concepto patologizante mientras que países como Argentina, Colombia, algunos estados de México, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Chile se sacudieron los prejuicios y aceptaron la autopercepción.
Acciones bloqueadas
En 2016, como diputada, Adrián impulsó una reforma a la Ley Orgánica de Registro Civil que incluía el otorgamiento de una nueva partida de nacimiento para las personas trans. En esa propuesta bastaba con el autorreconocimiento de quien impulsara la acción. Pero esta norma no ha sido aprobada.
“No se ha resuelto ningún caso de justicia para la diversidad sexual. Ningún caso que tenga que ver con la identidad de género. No solo eso sino que se ha bloqueado la batalla legal de acciones estratégicas, la mía y la de otras personas, esto porque -entre otras cosas- Venezuela es el único país de la región que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. El código de Justicia militar penaliza con prisión de uno a tres años las llamadas ‘relaciones contra natura’ para los integrantes de la Fuerza Armada, que puede ser entre ellos o con un tercero”, explica la abogada.
Hay una acción de inconstitucionalidad sobre esa norma, también se introdujo una acción de reconocimiento de los derechos de matrimonio igualitario y una más, colectiva, interpuesta en 2012, por personas trans para el reconocimiento de la identidad de género con los nuevos estándares internacionales no patologizantes. Entre otros expedientes congelados, está la acción de Tamara Adrián sobre el reconocimiento de su identidad.
“¿Qué es lo que pasa?”, dice como arranque a una explicación, el vicio de las y los profesores: “la iglesia evangélica permea en todos los ámbitos del régimen. Por ejemplo, cuando Alejandro Bertucci, candidato presidencial, no ganó contra Nicolás Maduro, sí que ganó un curul en la Asamblea, extendiendo la representación de su iglesia. Siempre ha estado muy cerca del régimen, haciendo negocios con el chavismo. Él, junto con otras iglesias evangélicas, recogieron firmas en contra del matrimonio igualitario, identidad de género y de los juicios que están en el Tribunal Supremo y continúan llamando al odio”, detalla y agrega “cuando Maduro dice que se tiene que discutir el matrimonio igualitario, Bertucci le responde que no porque eso es contrario a la ley de Dios y no se puede discutir y entonces viene la vicepresidenta de la Asamblea, Iris Varela, y dice que ella no estaría a favor del matrimonio igualitario porque eso no va con la ley de Dios”.
VIH
La lucha LGBTTIQ+ se ha volcado por la supervivencia. En la diáspora venezolana hay integrantes de la comunidad que se ven en la necesidad de movilizarse a otros países para continuar con sus terapias antirretrovirales (TAR).
“Desde el 2016 Venezuela no ha importado ningún retroviral. En 2017 y 2018, esta situación se complicó y, como no hay cifras oficiales, el país se siguió considerando como uno de los que integran el bloque con ingresos medio altos, por ende, no calificaba para la ayuda del Fondo Mundial (ONUSIDA). La sociedad civil se organizó y envió un reporte al fondo mostrando la realidad: que no había TAR y que el número de muertos de VIH era muy parecido al de los años 90, 80, un porcentaje de mortandad entre las personas infectadas muy alto”.
El Fondo Mundial autorizó un envío de emergencia humanitaria para llevar a Venezuela antirretrovirales hasta diciembre de este año. De acuerdo con Adrián, durante el primer año se distribuyeron con supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero, por la pandemia, la distribución se detuvo por problemas de distribución, por no conseguir gasolina y otros problemas de movilidad. Ya se cumplieron 6 meses desde la última distribución.
“Aquí en un mes se tiene medicamento y al otro mes no y se pueden crear resistencias incluso a estos medicamentos”.
En enero de este año el régimen encarceló a cinco miembros de una organización no gubernamental llamada Azul Positivo. Se les acusó de ser una asociación para delinquir, uso indebido de medios electrónicos de pago y fraude. La ONG entregaba tarjetas prepagadas para ayudar a la población con VIH a alimentarse. “Las tasas de desnutrición son muy elevadas”, anota la abogada.
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La detención fue calificada como arbitraria y justificada en la discriminación a esta población. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al régimen la liberación de los activistas, así como facilitar el trabajo para las ONG.
“Esto les duele, podremos ser insignificantes para el régimen por el número de involucrados pero que hablen de Venezuela así, en el ámbito internacional, es otra cosa”.
Tamara Adrián hace catarsis tocando un poco de jazz en su Hollow Body. Y no se resigna. Dice que ahí estará para que el mundo voltee a ver qué está pasando en su natal Venezuela. “Yo no los voy a dejar tranquilos”, sentencia.
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