Entre 2019 y 2021, México ha debido adaptarse a los grandes cambios que el Poder Legislativo, Ejecutivo y los acuerdos internacionales (como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, y el Acuerdo Transpacífico - TPP11) han impulsado para el derecho laboral. No solo se cerraron las primeras Juntas de Conciliación y Arbitraje para implementar el nuevo modelo de justicia laboral (con la reforma de 2019), sino que también se eliminó la subcontratación y se aprobaron las normas de teletrabajo y pensionaria, sin olvidar las modificaciones a la libertad sindical.
“El área laboral de Basham no solo es grande, sino que también es una de las más prestigiosas en la República y reconocida a nivel internacional”, afirma Jorge de Presno, quien lidera esta práctica en la firma Basham, Ringe y Correa, y ríe luego de decir que “alabanza en boca propia, es vituperio”. Pero las consultas en el despacho solo siguen creciendo y por eso llamaron a David Puente Tostado, con 20 años de experiencia en la asesoría de asuntos laborales, migratorios, M&A y reestructuraciones corporativas.
Para Puente su nombramiento como socio es el camino para cumplir con sus objetivos profesionales y percibe una sinergia perfecta porque será el encargado de la oficina de Monterrey, ciudad en donde Basham no tenía presencia física el año pasado.
A decir de Jorge de Presno es importante ver lo que está sucediendo en el país: es la mitad del sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador, las reformas han estado enfocadas hacia el beneficio de los trabajadores y el próximo domingo 6 de junio, en las elecciones, podría definirse una mayoría calificada para el partido oficialista.
“Yo no descarto cambios a nivel legislativo, incluso a nivel constitucional. Vendrán reformas en materia de seguridad social, específicamente para la afiliación de ciertos trabajadores vulnerables que no estaban inscritos. Pero hay muchas reformas un tanto en el aire que, dependiendo de los resultados electorales, podrían verse cristalizadas”, dice Presno.
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David Puente señala que el contexto representa un hito histórico: “La materia laboral había sido más bien estática en el país y desde 2012, con la llamada ‘gran reforma’, no se habían incorporado más cambios sustanciales a las normas”.
Los socios de Basham, Ringe y Correa coinciden en que la principal carga de trabajo de los abogados laboristas es, en términos transversales, interpretar las leyes. No es una novedad pero en este contexto aunque fueron publicadas disposiciones complementarias para las nuevas normas, la situación sigue siendo confusa: "Qué hago para legitimar mi contrato colectivo, estoy a tiempo, puedo hablar con mi líder sindical, esto significa que puede establecer cualquier sindicato como podrían hacerlo antes", son algunas dudas que llegan al despacho.
La mayoría de las inquietudes en materia sindical están derivadas del protocolo para “legitimar” los contratos colectivos de trabajo. Este documento tiene como antecedente la relación convencional de México con los otros países de Norteamérica (T-MEC) y del Acuerdo Transpacífico. “El nombre es desafortunado porque no se puede legitimar o legalizar algo que ya es legal, lo era antes de estos acuerdos que apenas cambiaron las reglas”, señala Jorge de Presno.
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"Esta es una obligación propia de los sindicatos, si los sindicatos no legitiman sus contratos colectivos, entonces terminarán. ¿Qué pasa si la empresa no hace nada y el sindicato tampoco? También el contrato tendrá que terminar, pero las prestaciones seguirán vigentes. Sobre si puede venir cualquier sindicato como antes, la respuesta es sí, pero ahora va a ser más difícil que antes porque debe haber representación efectiva para los trabajadores, no como antes. Ahora los trabajadores van a votar si quieren ser representados por ese líder sindical", explica el líder de la práctica laboral en Basham.
Los cambios sobre subcontratación fueron muchos. “Esta reforma se justificó en el abuso de algunas de estas empresas que evadieron responsabilidades laborales y fiscales, pero lejos de atacarlas solo a estas, se decidió ir en contra de todas”, comenta David. La consecuencia fue el cambio de esquema y forma de operar, no solo de las empresas que antes tenían esta denominación, sino de aquellas que usaban sus servicios.
“Hay que hacer ajustes porque la mayoría de empresas mexicanas tenían prestadoras de servicios propias para llevar un mejor control de manejo del reparto de utilidades (PTU) y eso evidentemente ya está erradicado, no se va a poder hacer”, explica Puente Tostado.
De acuerdo con los abogados, aunque no se menciona en el decreto, el tiempo de plazo de adaptación para el nuevo modelo es de tres meses, muy ajustado para cumplir con todos los requisitos. “Esto además implica fusiones, liquidaciones y ver las simplificaciones fiscales de transferencias de activos, mucha planeación en tema de beneficios. Cuando uno hacía las planeaciones, jamás estaba pensando en el PTU, pero sí en el plan de compensación variable”, detalla el nuevo socio de Basham.
Las propias definiciones establecidas en la ley y sus disposiciones, discordantes, generan otro problema: ¿qué empresas califican como especializadas? "Nos están llegando muchas dudas sobre esto. Si la empresa se trata de la prestación de servicios profesionales, entonces se sale de la naturaleza del área laboral, pero en las reglas se dice que las especialidades sí califican. Existe una inconsistencia jurídica, podría verse como semántica pero es importante”, expone Puente.
Para Jorge de Presno es claro que hay un nuevo paradigma del derecho laboral, además de los cambios de modalidades se gestan las discusiones de una nueva era. “Este ha sido el sexenio de los abogados laboralistas en México, pero además en el mundo. Ha sido la época de auge para las reformas en materia del trabajo por la pandemia”, dice.
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