Roberto Shimabukuro: “La carga de horas no debería ser motivo para rechazar un caso pro bono”

Hace 15 años que Roberto Shimabukuro Miyasato es abogado y ejerce en el estudio Rodríguez Angobaldo Abogados. Actualmente lo hace como asociado sénior de la firma, donde, como casi todos, trabaja sobre todo en litigios de derecho patrimonial y corporativo. Se ofrece para hablar de la agenda de responsabilidad social del estudio, pues él es quien coordina en Rodríguez Angobaldo el trabajo con la Alianza Pro Bono del Perú.

Habló con LexLatin sobre los motivos que los abogados deben abanderar para promover el trabajo pro bono y compartió detalles para que entendamos cómo funcionan estas redes en el día a día de las firmas. Personas con pocos recursos o de poblaciones vulnerables se acercan a la Alianza para exponer algún problema. Allí se hace una valoración y, si el caso pasa ese filtro, se cuelga en la plataforma a la que los coordinadores tienen acceso. “Lo vemos y, dependiendo de la posibilidad de manejarlo, le damos a una especie de ‘me gusta’, como en Facebook”, explica Shimabukuro.

Mientras la firma valora el caso, ese “me gusta” le da preferencia para asignarse el cliente pro bono. Como buen embajador de la causa, deja claro que la atención es la misma que ofrecen a clientes por los que facturan. “Misma calidad y mismo sistema”, matiza.

Shimabukuro reconoce, sin embargo, que no todos los abogados quieren hacer trabajo pro bono. “A veces lo ven como un trabajo menor porque no se factura. Hay que tratar de promover y cambiar esa cultura”.

—Adriana Ospina nos habló hace tiempo precisamente de que hace falta mucho seguimiento para incentivar el trabajo pro bono.

—Desde luego. No creo que sea algo particular del Perú. Estuve en Chile, en un evento de Women in the Profession, con coordinadores de estudios de otros países y también tienen esta dificultad. La cultura de hacer trabajo pro bono en América Latina está todavía en pañales. La idea es seguir cultivándola.

—¿Tiene que ver esto con los recursos de cada firma?

—Yo antes pensaba que sí. Pero cuando nos dan los resultados cada año, ves que hay estudios pequeños —de cuatro o cinco abogados— y es sorprendente ver que, de manera individual, hacen muchas más horas que las 20 obligatorias. Por eso, pienso que quizá no es tanto un tema de tamaño sino de voluntad.

Realmente, los abogados trabajamos más horas de las que necesitamos muchas veces. Los hay que trabajan 50 horas a la semana y, aun así, aceptan más casos si pagan buenos honorarios. Creo que la carga de horas no debería ser motivo para rechazar un caso pro bono. Porque si te pagaran por ese caso, muchas veces lo tomarías.

La cultura tiene que ir cambiando. De todos modos, tratamos de promover y no de obligar. Si tienes que obligar a los abogados a hacer este trabajo, el resultado no es bueno. Hay que entender que no hay recompensa monetaria, pero hay otra recompensa que es muy enriquecedora. La persona que tiene la necesidad de que le ayudes con la asesoría legal es mil veces más agradecida que alguien que te está pagando. Yo trato de hacer bastante trabajo pro bono para “dar ejemplo” y la verdad es que es bien gratificante.

—¿Encuentra en el trabajo pro bono el espacio para poner en práctica lo más satisfactorio del ejercicio del derecho?

—Así es. Está en el código de ética de los colegios de abogados. Tenemos esa obligación para con la sociedad. No deberíamos tener que estar obligados a hacerlo, debería nacer de nosotros porque estudiamos derecho para hacer justicia.

—Dice que uno de los casos pro bono más importantes para Rodríguez Angobaldo Abogados fue el proceso para restaurar la capacidad de ejercicio a Karin Liza, persona con síndrome de down. Lo define como “emblemático por ser el primero o uno de los primeros por el cual se estaría restaurando la capacidad de una persona, sirviendo de precedente para futuros casos”. ¿Cuáles son los beneficios de revisar casos humanitarios para un abogado corporativo?

—Como dije, la recompensa es saber que estoy ayudando a una persona que en verdad tiene una necesidad y que no tiene recursos para contratar a un buen abogado. Más allá del resultado para uno, si ganas el caso, percibir el alivio y la alegría de esa persona es bien gratificante.

—También han realizado talleres de asesoría legal gratuita con comunidades nativas en el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Se adentraron en la selva, donde hay poca presencia del Estado y muy poco conocimiento sobre las leyes. ¿Qué acciones de responsabilidad social pueden llevar a cabo las firmas de abogados para proteger los derechos humanos y el medioambiente?

—Ese taller fue muy enriquecedor. Viajamos muchísimas horas en carro y en bus para adentrarnos en la selva. Cuando llegas a comunidades como esta, ves que la pobreza es muy diferente a la pobreza que ves en la ciudad. El Perú es todavía un país en vías de desarrollo, hay zonas del país a donde no todo llega. Donde hay escasa atención de salud, poca presencia de la policía, etcétera, la gente no tiene conocimiento de sus derechos y obligaciones.

Abogados de varias firmas fuimos para hablar de temas de derecho civil y penal relacionados con la violencia sexual y problemas medioambientales, entre otros. En las zonas madereras mucha gente es engañada por las empresas para hacer la tala de árboles. Un ejemplo es cuando talan más de lo que deben y la multa recae finalmente sobre la comunidad. Muchos empresarios sin escrúpulos actúan así. Van creando una empresa tras otra para desaparecer y seguir haciendo dinero.

—Las empresas ejercen presión sobre los bufetes y otras organizaciones para que cumplan con estándares internacionales. ¿Deberían los bufetes rechazar clientes de empresas que no cumplan con las medidas necesarias para acabar con la deforestación? Estoy pensando en empresas como las de la lista Forest500, relacionadas con la deforestación.

—En mi opinión, quizás un estudio debería ser más selectivo al decidir a quién asesora o a quién no. Si pensamos en temas de derecho penal, por ejemplo, hay estudios que podrán asesorar a un violador y otros que no. En temas de derecho corporativo, habrá estudios que pueden asesorar a mineras y empresa madereras. Lo cierto es que es bien difícil rechazar clientes. Creo que por ética y moral, si sabes que cierto cliente ha hecho algo mal, uno debería poder decidir si quiere o no asesorar. Pero como digo, es bien difícil. Los estudios tienen que ser sostenibles, entre otras cosas para poder hacer pro bono.

—¿Consiguen llegar a todas las personas que su organización puede abarcar? ¿Alcanzan sus objetivos en términos de divulgación o se encuentran con baja asistencia a estos talleres por falta de difusión?

—Afortunadamente, todas las actividades que hemos organizado han sido un éxito. Se organizan en conjunto con la Alianza y con otras organizaciones que se dedican a publicitar y a convocar a las personas.

Cuando hemos organizado cosas en zonas periféricas, gracias a las ONG hemos podido convocar a mucha gente. Hablamos de convocatorias con 80-100 personas, que es lo que se busca. Además, no son solo charlas de diversos temas, sino que al finalizar hacemos asesorías más personalizadas.