En marzo de 2018, Enrique Peña nieto, expresidente de México, promulgó la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Esta ley fue prometedora para la época en la que se publicó, pero con el tiempo reveló sus grandes errores. Este 2020 es clave para la consolidación del sector y Brian Minutti Aguirre, socio del despacho mexicano Chávez Vargas Minutti Abogados, explicó para LexLatin los alcances de la normativa vigente.
México fue el primer país latinoamericano en emitir regulación para las fintech, pero redujo el sector a tres tipos de instituciones: de financiamiento colectivo, como crowdfunding, de fondos de pago electrónico y activos virtuales.
Brian Minutti dijo que en el panorama mexicano hay un gran surgimiento de compañías que atendían la creciente demanda del mercado de tecnologías financieras. En el segundo semestre de 2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tenía un registro no oficial de más de 400 plataformas operando en México, 200 de ellas con figuras relacionadas con las reguladas por la ley fintech. Al publicarse la ley se le ordenó a estas compañías solicitar autorización de operación ante la CNBV, pero solo 85 lo hicieron.
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La ley deja fuera a las empresas que pertenecen al sector y no se mencionan en la regulación, y a las que sí se mencionan, pero no fueron autorizadas en tiempo y forma. De continuar con sus operaciones, sin la autorización que establece la ley, las empresas están sujetas a sanciones penales y administrativas.
"A nivel internacional, fintech es cualquier tipo de servicio que pudiera apoyar al sector financiero. Dentro de esto puede haber una cantidad de tecnologías alrededor, no solo los mercados de pago o activos virtuales, puede haber onboarding de usuarios, mesas de control exteriorizadas, temas para armados de expedientes o todo lo que involucra lo que ahora se llama redtech, tecnología regulatoria”, comentó el socio de Chávez Vargas.
El especialista destacó que a menudo las lagunas en la legislación obligan a los emprendedores a alinearse con las leyes tradicionales, considerando que tienen el valor agregado de funcionar por medios digitales. Esto puede resultar perjudicial para los emprendedores por los altos costos que no pueden cubrir; aunque la ley fintech también tiene disposiciones negativas para los nuevos emprendimientos.
"Pensando en pequeñas iniciativas que emplean a cuatro o cinco personas, esta regulación puede ser muy dura para ellos. Las fintech tienen obligaciones importantes en materia de lavado de dinero o tienen la obligación de contar con un oficial de cumplimiento, por ejemplo. Si hablas de cuatro emprendedores que están desarrollando un canal de crowdfunding, para ellos va a ser imposible contratar personal para compliance y poder operar como una fintech”.
El socio de Chávez Vargas Minutti Abogados considera que se debería tomar en cuenta, en una ley supletoria, que existen diversos tipos y tamaños de fintech, en función de su operación. "Las iniciativas mundiales más exitosas son las que han trabajado en sandbox regulatorios sin encajonar a todo el sector en una sola ley. Lo que han hecho en Canadá y Estados Unidos es que en sus leyes han incluido capítulos para los servicios electrónicos".
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