*Actualización. Este 20 de julio, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó el acuerdo A/023/2023, que revoca la disposición del 1 de marzo pasado, mediante la cual se establecieron calendarios para las tramitaciones ante la Comisión. De esta manera, las diligencias de cualquier tipo ante la CRE se realizarán conforme se hacían antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19, de acuerdo a lo previsto en la ley.
Luego de más de dos años de suspensión de sus actividades habituales, a partir del 1 de marzo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reanudó los plazos y términos legales de los actos y procedimientos substanciados ante ese organismo, pero este retorno a la normalidad se da bajo condiciones que difieren al funcionamiento previo a la pausa.
En línea con las resoluciones que emitieron otras autoridades con injerencia en la industria energética nacional, la resolución de la CRE no ha sido bien recibida por la patronal mexicana, argumentando que limita la recepción de trámites de particulares y deja abierta la posibilidad para que las solicitudes puedan ser recibidas hasta con tres años de retraso, lo que -lógicamente- afectaría el desenvolvimiento de un sector del que, en buena medida, depende el movimiento del país.
“Expresamos nuestro desacuerdo con esta determinación, debido a que dentro de las medidas previstas se incluyen elementos que limitan la atención de trámites por cantidad y solicitante cada mes, con las implicaciones que este acuerdo tendrá no solamente para el sector energético, sino para la economía del país”, ha dicho la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Sin embargo, juristas que se especializan en el tema aseguran que el acuerdo tiende a solucionar los grandes escollos presentes tras el cierre de actividades de los entes relacionados, apuntando que la reanudación de los plazos y términos legales ayudará a reducir la incertidumbre y los retrasos en la ejecución de proyectos, lo que a su vez mejorará el clima para las inversiones necesarias en el desarrollo de este importante sector de la economía.
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¿En qué consiste la reforma?
El acuerdo A/004/2023 de la CRE, por el que se reanudan plazos y términos legales de manera ordenada y escalonada, modifica el diverso A/001/2021 con el que, en enero de 2021, el gobierno mexicano decretó la suspensión de los procedimientos como medida de prevención y combate de la propagación del Covid-19.
Esto se traduce en que a partir del 1 de marzo de este año, la CRE volvió a dar curso a los actos y procedimientos que substanciaba, tales como el otorgamiento y modificación de permisos relacionados con la industria eléctrica o de hidrocarburos, suspendidos desde 2021. Pero la reanudación tiene sus bemoles.
Edmond Grieger, socio de la firma mexicana Von Wobeser y Sierra, aclara que los trámites se atenderán de forma escalonada y ordenada.
“Primero se atenderán los trámites pendientes ingresados antes del 1 de marzo de 2023 y serán atendidos en orden de prelación considerando su fecha de ingreso. Para tal efecto, la CRE publicó el orden de prelación en el que serán atendidos los trámites".
En cuanto a los trámites ingresados con posterioridad al 1 de marzo de 2023, serán atendidos conforme al número de folio que le sea asignado, a través de la Oficialía de Partes Electrónica de la CRE.
Es aquí donde surgen las quejas de empresarios y usuarios, pues se restringe la admisión de solicitudes a una al mes por persona moral o física.
Además, los folios serán asignados por orden de prelación y estarán disponibles cinco días hábiles previos al mes correspondiente según el siguiente orden:
- 50 folios al mes en materia de hidrocarburos.
- 15 folios al mes en materia de electricidad.
- 120 folios al mes en lo que respecta a prerregistros.
Esto, según la Coparmex, es una violación a la normativa legal vigente, toda vez que se limita a los particulares en cuanto al número de solicitudes de nuevos permisos, modificaciones o actualizaciones de permisos que pueden ingresar ante la CRE, con lo que muchos usuarios morales que poseen más de una habilitación verán retrasados sus procesos.
Esta situación no es de poca monta, tomando en cuenta que solo por citar el área eléctrica, en México las empresas privadas poseen una capacidad instalada de 33.000 MW a través de ciclos combinados, lo que representa 38 % de la capacidad instalada total del país. Es decir, más de un tercio de la energía que consumen los mexicanos depende del sector privado, cuyos trámites necesariamente debe ser dirimidos por la CRE.
En otro orden, como bien recuerda Ariel Garfio, también socio de Von Wobeser y Sierra, la A/004/2023 tampoco establece con claridad el procedimiento de asignación de folios y los periodos para la resolución de trámites, “situación que dificultará la operación de los miembros regulados del sector, así como el potencial cumplimiento de medidas y obligaciones que requiere la misma Comisión”.
“Además, no se fija un plazo o término para que la autoridad defina la situación determinada que involucra al permisionario, pues estaría dejando en un grado de incertidumbre a los gobernados respecto al alcance de las facultades ejercidas por la autoridad”, agrega el experto.
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Pasado que sigue presente
Por diversas razones —una de ellas el rechazo a los lineamientos de la Ley de Industria Eléctrica—, los amparos legales temporales se constituyeron en la forma habitual que han tenido las empresas energéticas para poder avanzar en sus proyectos, realizar cambios en las normativas específicas que rigen sus desarrollos y mantener su operatividad.
Los amparos fueron otorgados contra resoluciones de las dependencias gubernamentales en busca de respuestas a infinidad de problemas que dificultan, retrasan y hasta obstaculizan las actividades de operadores del sector eléctrico y de los hidrocarburos, situación que se agravó durante la pandemia y, especialmente, tras la suspensión de actividades de la CRE y otras dependencias relacionadas.
Todo ello hizo que solo en permisos de operación, la CRE acumulara más de 10.000 solicitudes sin atender, de las que unas 8.000 corresponde al sector hidrocarburos, cifra que algunos analistas consideran como evidencia concreta de la intencionalidad del gobierno de mantener la hegemonía de la estatal Pemex. Esto ha llevado al Consejo Coordinador Empresarial a señalar la situación “contraviene los compromisos asumidos por México en el marco de las consultas comerciales con Estados Unidos y Canadá”.
No obstante, Edmond Grieger dice que desde finales del año pasado la situación ha comenzado a despejarse y, cada vez menos, empresas han tenido que recurrir a los amparos, situación que ganó impulso con la reanudación de los plazos y términos legales de la CRE, aunque con sus bemoles. Destaca que solicitudes presentadas se han resuelto dentro del término legal establecido en lugar de basarse en las fechas programadas en el Listado de Prelación, con lo que se ha acelerado el proceso.
“La aceleración en la atención de los trámites es importante para fomentar la inversión nacional y extranjera”, dice, afirmando que un proceso más eficiente permitirá a los inversionistas agilizar sus proyectos, lo que a su entender redunda en avance para el sector energético.
Del mismo modo, señala que justo para dar respuesta al retraso en materia de hidrocarburos la CRE prioriza el número de casos que atenderá de esta área (50 por mes) frente al eléctrico (15), No descarta que en el futuro se aumente la atención a este último sector en virtud del incremento de la demanda de electricidad que se espera para los próximos años.
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¿Será un apoyo a las inversiones?
A pesar de los inconvenientes que se presentan hoy por los retrasos en la resolución de los procesos dirimidos por la CRE, los especialistas de Von Wobeser creen que la reanudación de dichas tramitaciones generará un impacto positivo y significativo en los permisos en materia de electricidad e hidrocarburos ya existentes en México y para las inversiones futuras.
“La normalización en la atención de los trámites permitirá a los titulares de permisos y proyectos en funcionamiento obtener respuestas rápidas, por lo que podrán recibir pronto autorización para continuar sus operaciones. Esto es especialmente importante para las empresas que dependen de la renovación de sus permisos o autorizaciones para seguir operando, pues evitará posibles pérdidas económicas”, afirma Garfio.
En cuanto a los proyectos en curso, asegura que la agilización de los procesos administrativos ayudará a reducir la incertidumbre, lo que redundará en la rápida puesta en marcha de los desarrollos y a mejorar el clima para atraer más inversiones hacia el sector energético, con el consecuente aumento en la exploración y explotación de hidrocarburos y productos relacionados, así como de proyectos de generación eléctrica.
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