Por sus cifras de mortandad, Perú ha sido una de las naciones que más ha resentido la pandemia. Desde una perspectiva económica, apenas en octubre inició la última etapa de la reactivación del país. En entrevista para LexLatin, David Zamora Reátegui, socio de BZ Estudio Tax & Legal, un despacho especializado en asesoría fiscal corporativa, comentó que a pesar del panorama Perú tomó medidas fiscales oportunas que han logrado mitigar los efectos negativos para la economía.
En opinión de Zamora Reátegui, al hacer una lista de medidas atinadas que la autoridad impulsó para beneficiar tanto a las pequeñas y medianas empresas, se deben mencionar: la facultad discrecional, consistente en no aplicar sanciones por el incumplimiento de obligaciones formales; la posibilidad de diferir el cumplimiento de pago de otras; la reducción de la tasa de interés moratorio; la promulgación de un régimen de reprogramación y el aplazamiento especial de obligaciones tributarias, así como la suspensión de anticipos del impuesto a la renta. "Estas permitieron dotar de oxígeno fiscal a las empresas", aseguró.
El especialista refiere, respecto de las grandes empresas, que estas han gozado de la facultad discrecional de no ser sancionadas por el incumplimiento de obligaciones formales, aunque no se les permitió diferir el pago de sus obligaciones tributarias de carácter sustancial, esto debido a que gran parte de la recaudación depende de este tipo de empresas. Sin embargo, el especialista menciona que el Congreso peruano otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria y estableció cambios de carácter general destinados a mejorar la posición financiera de todos los contribuyentes.
Entre otros, bajo esta medida, se amplió el periodo de arrastre de pérdidas compensables de cuatro a cinco años y se impulsó al sector construcción, permitiendo un régimen especial de depreciación de edificios y construcciones a partir del ejercicio 2021, esto a razón del 20 % anual, siempre que la edificación o construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero de 2020.
"Se pudieron tomar medidas adicionales y necesarias como suspender temporalmente las reglas que no permiten deducir intereses si es que la empresa se ha endeudado por más de tres veces su patrimonio. Es muy probable que las empresas necesiten de financiamiento para poder superar una crisis económica", consideró el entrevistado.
¿El Gobierno logró equilibrar el otorgamiento de medidas considerando la recaudación para contener la pandemia?, ¿cuáles han sido los errores y cuáles son las áreas de oportunidad ahora, a 7 meses del inicio de la pandemia?
Perú ha visto reducida la recaudación de los últimos meses debido a la menor actividad económica. Según cifras oficiales, a septiembre de 2020, la recaudación tributaria retrocedió en un 20 % por las medidas de oxígeno fiscal y la reducción de la demanda interna, entre otros factores. No obstante, la tendencia de las tasas de contagio en el Perú, hoy por hoy, es a la baja, lo que supondría en el mediano plazo una recuperación económica rápida.
A futuro, el Gobierno no debería repetir errores que hemos visto, como la falta de previsión para controlar sectores que demandan la concentración de personas, como en el transporte público o los mercados informales. El Gobierno tiene la oportunidad de tomar medidas que contribuyan con la recuperación, como ampliar el ámbito de aplicación de regímenes tributarios especiales del impuesto a la renta (IR) que contribuyan a ampliar la base tributaria. Así mismo, se debería suspender la aplicación de anticipos de ese impuesto, que de no ser compensados terminan siendo objeto de devolución. Ese también es el caso del impuesto temporal a los activos netos, un impuesto que no representa una recaudación real y, por el contrario, limita el uso de capital de trabajo para las empresas.
En Perú hay una disputa particular entre el Congreso y el Ejecutivo sobre las facultades tributarias. Al no ser el Congreso autoridad especializada, ¿qué se debería tomar en cuenta para diseñar la estrategia equilibrada de recaudación y alivio por la crisis?
El valor técnico del Poder Ejecutivo es fundamental para plantear estrategias adecuadas de cara a un equilibrio tributario y un impulso económico. Sin embargo, para lograrlo se requiere que tanto el Congreso como el Gobierno conversen y trabajen de manera conjunta. Sin embargo, las disputas que actualmente existen entre ambos Poderes del Estado impiden un consenso a la hora de definir las políticas públicas y fiscales.
A pesar del contexto, es importante conocer las principales necesidades de las empresas, y con base en esto establecer mecanismos tributarios que conduzcan a su recuperación y a un desarrollo sostenido. El Estado debe trabajar en programas de impulso a negocios que se basan en el aprovechamiento de la tecnología para ponerla al servicio del propio gobierno y de los particulares, dando paso a una economía digital y dinámica que permita reducir las brechas de infraestructura. Estas, además, permitirán atraer inversión privada.
Otro factor importante para lograr una recaudación sincerada es trabajar de manera frontal contra la informalidad. Según cifras oficiales existe un 44 % de elusión tributaria respecto del IR y un 33 % en el caso del impuesto al valor agregado (IVA).
¿Cuáles son los impuestos que actualmente están en discusión?
Al inicio de la pandemia se discutió la posibilidad de implementar un impuesto a las grandes fortunas bajo el tenor de un “impuesto solidario”, cuando los impuestos carecen de esta característica, de solidaridad. Uno paga impuestos porque está obligado a ello y no porque se quiera ser solidario. Sin embargo, esta postura fue cuestionada por el Poder Ejecutivo debido a que este tipo de impuestos no responde a la realidad peruana: si bien hay personas con grandes patrimonios, estas ya tributan y contribuyen abonando el IR con la tasa máxima del 30 %. No sería una manera justa de equilibrar la recaudación cuando el Estado debe hacer lo propio luchando contra la informalidad. La historia ha demostrado que estos impuestos poco ayudan en la recaudación y más bien afectan indebidamente el patrimonio de los ciudadanos.
En cuanto a una imposición sobre los servicios digitales, el Perú ha venido trabajando desde hace tiempo en implementar el IVA sobre estas actividades por recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero se requiere una modificación a la ley que regula dicho impuesto. También se viene discutiendo la posibilidad de incrementar el impuesto al patrimonio inmobiliario a partir del 2021, considerando criterios diferentes a los actuales para su determinación, como el valor de mercado de la propiedad. No obstante, consideramos que este criterio podría ser poco fiable e inseguro debido a sus fluctuaciones, además de ser un incremento inoportuno dada la situación actual.
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