La crisis climática, tangible en los sucesivos incendios y sequías de las provincias argentinas de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa, con más de medio millón de hectáreas afectadas, han colocado en situación de emergencia al país sureño. El panorama demanda activar protocolos de todo tipo en materia regulatoria y de control y coloca en el epicentro de la discusión las agendas en materia climática y de aprovechamiento de recursos naturales.
Veinticinco días antes el titular de Ambiente, Juan Cabandié, destacaba el contexto de endeudamiento y restricción externa como principal dificultad para que el país pueda “generar condiciones habilitantes para las inversiones necesarias en el marco de una transición hacia una economía baja en carbono”.
Canje de deuda por acción climática, pagos por servicios ecosistémicos e incentivos para la inversión privada son algunos de los mecanismos de financiamiento que Cabandié listó ante el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima (MEF, por sus siglas en inglés), presidido por John Kerry.
El contexto confluye con el refuerzo estratégico que las firmas hacen para acompañar a las organizaciones en su búsqueda de acciones de mitigación climática desde los negocios, entre ellas Beccar Varela que, a inicios de mes, incorporó como socio y cabeza del departamento de derecho ambiental y cambio climático a Manuel Frávega.
“La agenda ambiental y climática va a ser determinante para la continuidad y crecimiento de los negocios. El cambio climático es uno de los problemas más graves de nuestra época que afectará cada vez más en el futuro. Es una práctica que indudablemente va a tener mayor protagonismo”.
Desde su nueva posición en Beccar Varela, el abogado desea impulsar el área de derecho ambiental y cambio climático en su nueva conformación, además de reforzar la sinergia con el resto de los equipos del estudio que llevan asuntos complejos y de una enorme diversidad de clientes de distintos sectores. También mantiene en su horizonte el contribuir con la estrategia de sostenibilidad de la firma y los asuntos ESG (por sus siglas en inglés: Environmental Social and Governance), que es algo desafiante.
“Desde mi área, acompañaremos el crecimiento y los desafíos ambientales y climáticos del país y de la región, en una década que va a ser muy demandante en términos del cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y de los compromisos del Acuerdo de París. Desde Beccar Varela continuaremos trabajando para ofrecer soluciones estratégicas de primer nivel como referentes de excelencia en el mercado”, asegura.
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Antes de unirse a la firma full-practice, Manuel Frávega se desempeñó como Gerente Regional de Ambiente de Tenaris (2020-2022), rol en el que asesoró a la compañía no solo en materia de derecho ambiental sino también de gestión ambiental (ISO 14000), cambio climático, sustentabilidad, RSE, capacitaciones, auditorías, entre otras. Su experiencia en el sector público se plasmó en su gestión, entre el 2017 al 2019, como subsecretario de Fiscalización y Evaluación Ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con el contexto sociopolítico del país y la región en lo venidero, ¿cuáles son los desafíos que encuentra más interesantes en materia ambiental?
Manuel Frávega: La agenda ambiental y climática está creciendo cada vez más en Argentina y en la región. En el país tenemos enormes desafíos en el sector de energía. Tanto por el desarrollo de Vaca Muerta, que es el segundo recurso no convencional de gas del mundo y que en 2021 marcó un récord de producción, como por el crecimiento que tuvimos en energías renovables, en el que también tenemos un enorme potencial natural. Particularmente, aquí hay un desafío desde el punto de vista climático, si consideramos al gas natural como una energía de transición, como lo está proponiendo actualmente la Comisión Europea y que —como tal— tendrá una oportunidad de mucho crecimiento en los próximos años.
Otro desafío se plasma en lo regulatorio, no solo para hacer efectivos los compromisos del Global Methane Pledge de la COP26, sino también para materializar el Plan de Transición Energética recientemente creado por el gobierno por medio de la Resolución 1036/21.
Adicionalmente, estudios muestran que América Latina tiene potencial competitivo para la producción de hidrógeno bajo en carbono, principalmente el producido con base en electrólisis, energía eólica y solar. En Argentina hay interés en posicionarse como un exportador mundial de hidrógeno verde que, aprovechando las ventajas comparativas, permitiría complementar el potencial que ya tiene en energías renovables. Es una agenda nueva y sumamente desafiante. Para tener una referencia, en 2021, la empresa Fortescue Future Industries anunció una inversión en Argentina de más de 8.000 millones de dólares para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro.
También es relevante el anuncio que hizo el gobierno hace unos días respecto de la construcción de una nueva central nuclear. Se trata de un reactor de 1.200 MW que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha, de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Sin dudas es un desafío en términos de impacto ambiental acumulativo, dado que ya existen dos centrales nucleares en ese lugar, riesgo operacional, gestión de residuos nucleares, entre otros.
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En el aspecto normativo y regulatorio, ¿con qué cambios recientes se han encontrado las y los profesionales de su práctica y cuáles son los cambios venideros?
La última ley en la materia, a nivel nacional, fue la Ley 27.250 de mitigación y adaptación de cambio climático. Se sancionó en diciembre de 2019. Luego la pandemia paralizó en gran medida la actividad normativa y regulatoria hasta el último semestre del año pasado, en el que afortunadamente pudimos retomar cierto grado de normalidad.
Considero que esta ley es oportuna y muy positiva porque jerarquiza el tema, le otorga institucionalidad y establece instrumentos de gestión. Ahora el desafío está en cumplir con los compromisos frente a la comunidad internacional. En ese marco, cada sector involucrado, energía, transporte, infraestructura, residuos, agro, industria, etcétera, deberá ejecutar las acciones de mitigación que están establecidas en la Resolución 447/19 y el Estado tendrá que hacer el enforcement correspondiente. También hay que avanzar con el plan nacional de adaptación y la obtención de financiamiento climático y hay oportunidades para impulsar el mercado de carbono.
En 2020 hubo mucha tensión por el régimen de importación de residuos no peligrosos. La actual administración volvió al viejo sistema creado en 1992, que -particularmente- considero anticuado y excesivamente burocrático. Más allá del contenido de las normas en particular, como el Decreto 148/20 y Decreto 181/92, lo que subyace en el fondo del debate es la importancia de implementar sistemas de economía circular y cómo hacerlo. Lo subrayo porque muchas leyes ambientales que tenemos en Argentina son de otra época y no cuentan con este enfoque. Hay una necesidad de modernizarlas. Aquí falta normativa específica, incentivos regulatorios y voluntad política para solucionar el problema.
Otra novedad es la reciente creación del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país y la más industrializada. Se creó por la Ley 15.309. Lo remarco por dos motivos: primero, porque evidencia lo que mencioné anteriormente, la agenda ambiental está en crecimiento y el Estado está reaccionando a esa tendencia dándole mayor jerarquía y recursos. Esto se está replicando en otras provincias. Segundo, hay una fuerte demanda de que las carteras ambientales, especialmente de la provincia de Buenos Aires, optimicen sus procesos para agilizar la gestión de los trámites y permisos. La administración anterior inició un programa de simplificación y modernización que debe continuar y, además, la pandemia exacerbó esa necesidad. Por otro lado, el año pasado el Congreso estuvo muy cerca de sancionar una ley de gestión ambiental de envases. Era un proyecto que tenía sus deficiencias y no se le dedicó mucho tiempo al debate. No se logró la aprobación, pero se instaló el tema muy fuerte en la agenda. La discusión continuará.
Recientemente, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de promoción de electromovilidad que, entre otras cuestiones, fija un régimen de beneficios para promover la adopción de vehículos eléctricos y otro proyecto de promoción agroindustrial para la producción sostenible y exportadora. Son normas importantes para sectores productivos relevantes para la economía argentina.
Otro tema que está en discusión es lo atinente al procedimiento de faltas ambientales, que es eminentemente local. En la provincia de Buenos Aires existen diversos proyectos en análisis porque el régimen actual es confuso, engorroso y anticuado. Es un aspecto muy interesante en el que se puede dar un salto cualitativo y operativo. Tuve el gusto de coordinar el equipo de redacción del código de procedimiento de faltas ambientales que se presentó en 2018 y realmente se trabajó con empeño para simplificar y clarificar el régimen aplicable teniendo en cuenta muchas normas del derecho comparado como las de Chile, México, Perú, Paraguay, Francia y Estados Unidos.
Por último, en términos generales, desde hace muchos años se espera un cambio en la Ley 24.051 de residuos peligrosos y también hay expectativa por la sanción de una ley de protección de humedales que, desde hace tiempo, está en estudio en el Congreso pero no logra transformarse en un proyecto concreto.
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Y en materia productiva, ¿cómo avizora la gestión del sector agro?
El sector del agro siempre tiene una fuerza singular y una enorme presencia en todo nuestro territorio. Desde hace poco tiempo se está implementando el primer sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, que muchos países vecinos ya tienen desde hace años. Es la única ley nacional que tenemos de responsabilidad extendida del productor.
Acá hay un desafío logístico de regionalización que tiene sus dificultades legales, así como una oportunidad de consolidar un cambio cultural de buenas prácticas para la gestión de los envases y la recuperación del material. También hay desafíos en materia de aplicación de fitosanitarios, uso del suelo, cría intensiva de ganado, entre otros. En este sentido, es auspicioso la sanción por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la Resolución 896/21, por la que aprueba guías para la inversión socialmente responsable en el mercado de capitales argentino, para la emisión de bonos sociales, verdes y sustentables y para evaluadores externos de bonos sociales, verdes y sustentables.
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