Payet se prepara para 2022 y refuerza áreas estratégicas

Con el cierre de 2021, Perú pasó a una nueva etapa de recuperación luego de la incertidumbre económica y política que marcó el periodo anterior. El 2022 se presenta más cauto, con un mapa desafiante a raíz de la pandemia y a pesar de ella.  

Las firmas han identificado que los posibles frentes de mayor controversia y desde donde se han producido disparadores de la incertidumbre, se enmarcan en lo corporativo, financiero y laboral. Por ejemplo, el ruido legal que podría alcanzar una alta frecuencia de llegar a concretarse un proceso de arbitraje internacional por el proyecto de irrigación Majes Siguas II o el adecuado calibre del impacto que llegaría a tener la subasta de instrumentos representativos de deuda de corto plazo con la que abrió el año el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide). 

El ajedrez político ha suscitado un panorama altamente cambiante, lo que ha propiciado que Payet Rey Cauvi Pérez refuerce sus áreas de práctica referidas a competencia, laboral y migratorio, corporativo, fusiones y adquisiciones - M&A, solución de controversias y penal, con el nombramiento de cinco nuevos socios.

Los retos del sector corporativo

Por los asuntos que ha atendido en 2021, una vez que Pedro Castillo asumió el mandato presidencial, Luis Bustamante, nombrado socio del área solución y controversias, asegura que hay gran interés en los mecanismos de protección de inversión extranjera a nivel de CIADI. Mientras que a nivel local ha registrado un buen número de consultas enfocadas en acciones constitucionales destinadas a proteger inversiones, activos y, sobre todo, a detener eventuales modificaciones en materia tributaria.  

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“Mi sensación es que esta tendencia crecerá durante el 2022. Nuestra experiencia en múltiples disputas internacionales y domésticas nos ha permitido, al menos en esta etapa, informar a nuestros clientes sobre los mecanismos de protección que los asisten para que, de ser el caso, sean iniciados en su momento. Ha sido una asesoría básicamente preventiva”, asegura Bustamante, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en litigios civiles y comerciales y arbitraje comercial.   

En materia de Competencia, es relevante atender aspectos pendientes para armonizar o facilitar la regulación para la investigación de cárteles antimonopólicos. Al respecto, Julia Loret de Mola, recién promovida a socia en esta área, proyecta confianza respecto a la solidez del marco regulatorio.

“Contamos con un programa de clemencia que se ha ido mejorando en los últimos años y, como ocurre en otras partes del mundo, es una herramienta muy efectiva para combatir cárteles en nuestro país. Entre el 2012 y el 2019 la autoridad de competencia ha recibido más de 20 solicitudes de acogimiento al programa de clemencia y ha llegado a imponer multas de hasta 170 millones de soles para una sola empresa y hasta 440 mil soles para personas naturales”.

Sin embargo, Loret de Mola encuentra como ángulo de dificultad la aprobación de la Ley 31040. A decir de la abogada, quien cuenta con más de 13 años de experiencia asesorando en litigios antimonopolio, incluyendo las investigaciones de cárteles más relevantes realizadas en Perú, los alcances de la legislación podrían generar un desincentivo a potenciales colaboradores al establecer sanciones penales contra las personas que participen en prácticas y acuerdos restrictivos.

“Con esta norma es difícil que potenciales colaboradores decidan delatar y colaborar en la investigación de una práctica anticompetitiva en una sede administrativa cuando esto puede implicar el reconocimiento de responsabilidad penal y en un proceso penal no recibirán ningún beneficio por dicha colaboración y pueden incluso terminar sancionados con pena de cárcel”, comenta la especialista. 

El horizonte financiero

El panorama político y sus repercusiones en el horizonte financiero propiciaron en PRCP el fortalecimiento en materia de M&A. Julia Loret de Mola, también especializada en derecho administrativo y derecho comercial, pone en balance la disminución de este tipo de operaciones o su demora en concretarse, encontrando como principal factor el clima político. 

“Como consecuencia de ello, si bien la norma que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial en el Perú entró en vigencia hace más de 6 meses, recién se están presentando las primeras solicitudes de autorización ante la autoridad de competencia y hasta el momento no se ha aprobado o denegado ninguna solicitud. Para el 2022 se espera que se reactiven un poco estas operaciones pues finalmente hay transacciones que deben realizarse ya sea porque hay empresas que deben invertir en su giro de negocio o empresas que, por ejemplo, deben comprar o vender acciones o activos para diversificar riesgos”.   

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Una buena panorámica implica tomar en cuenta el estado del mercado de capitales y sus desafíos. El área corporativa y de M&A cuenta con la promoción de Alan García Nores, quien anticipa un mayor dinamismo de actores, como las empresas aseguradoras y estructuradores internacionales, en lo que respecta a las operaciones de financiamiento con empresas locales. 

Para el especialista en derecho corporativo, financiero, mercado de valores y fusiones y adquisiciones, otro aspecto a destacar es el incremento de la cooperación entre bancos locales, permitiendo operaciones de préstamos sindicados y club deals de montos cada vez mayores.

Al ser consultado sobre una tendencia que guíe al mercado de capitales a lo largo del año, García Nores apunta que las operaciones de refinanciamiento y a las nuevas emisiones de bonos internacionales serán el común denominador. 

“En los próximos años esperamos ver operaciones de refinanciamiento por el vencimiento de los bonos internacionales emitidos por empresas peruanas durante el boom de bonos 144A y Reg S entre los años 2010 y 2014. En adición a las operaciones de recompra y nuevas emisiones de bonos internacionales, hoy las empresas peruanas tienen mayores posibilidades de acceder a financiamientos bancarios por medio de préstamos sindicados entre entidades financieras peruanas o extranjeras por la liquidez del mercado y las atractivas tasas de interés. A diferencia de los bonos internacionales, los financiamientos con entidades financieras tienden a ser operaciones estructuradas con paquetes de garantía locales que implican una mayor complejidad en la negociación e implementación de la transacción”. 

La tendencia regional: lo laboral y el compliance

Con los desafíos a nivel regional en materia laboral y considerando el dinamismo de esta práctica, al cumplirse un segundo año de pandemia, la firma peruana no podía dejarla fuera.

“Durante el 2021 el área laboral ha sido protagonista por diversos cambios normativos por la pandemia, coyuntura política y por una recuperación económica de algunos sectores”, detalla Brian Ávalos, recién promovido socio de esta práctica. 

Ávalos cuenta con expertise de más de 13 años en asesorar a clientes locales y multinacionales en temas laborales, incluyendo salarios y beneficios, políticas y regulaciones internas, impuestos laborales y salud y seguridad en el trabajo. Para el especialista el 2022 será un año que demande un acompañamiento constante en lo legal, sobre todo “en la toma de las mejores decisiones para sus operaciones”.

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De la misma manera que en lo laboral, desde lo penal hemos observado que en las firmas de otros países de la región un sinfín de refuerzos del área de compliance, especialmente bajo la premisa de que es un área que conecta con otras prácticas. En esta práctica, Payet Rey Cauvi Pérez, ha apostado por la promoción de Francisco Ugaz como socio. 

“Si bien hoy en día en nuestro país la principal preocupación de las empresas es tener un programa de compliance penal (criminal compliance) y de libre competencia (antitrust compliance), debido a que nuestra normativa prevé que las empresas que hayan implementado correctamente su programa de compliance pueden eximir o atenuar su responsabilidad en el ámbito penal o administrativo (Indecopi), considero que esta cultura de cumplimiento empresarial se va a ir extendiendo a los distintos ámbitos normativos que están vinculados con las actividades y operaciones que realizan las empresas.” 

Con más de 10 años de experiencia y como especialista en derecho procesal civil, derecho procesal administrativo y solución de conflictos y arbitrajes, Ugaz encuentra como desafío fortalecer el área que lidera con el objetivo de brindar un servicio de compliance íntegro. 

“Se trata de lograr establecer políticas, procedimientos y controles que tengan como finalidad prevenir y mitigar correctamente no solo los riesgos penales y de libre competencia, sino también los riesgos laborales, ambientales, tributarios y de gobierno corporativo que podrían generar algún tipo de contingencia legal y/o reputacional a nuestros clientes”.