El socio sénior y CEO de Morgan & Morgan, Juan David Morgan G., dedica sus reflexiones de fin de año a algo que ha cobrado mucha importancia en el mercado legal latinoamericano de 2018: los proyectos con impacto social.
La responsabilidad social corporativa es cada día más una buena carta de presentación. El bufete panameño la ha potenciado con su Programa de Asistencia Legal Comunitaria.
—En pocas palabras, ¿podría hacer un balance al cierre de 2018? ¿Cuáles serían sus palabras para el equipo?
El 2018 ha sido un año de muchos retos para nuestra organización. Sin embargo, nos caracterizamos por ser una firma de abogados innovadora y con un equipo humano altamente capacitado para renovar nuestra oferta de servicios ante los constantes cambios en los negocios.
—¿Cuál ha sido el acontecimiento más importante para su firma a lo largo del 2018?
Uno de los acontecimientos más importantes para nuestra firma este año se dio recientemente en materia de responsabilidad social empresarial. Podemos decir con mucho orgullo que, gracias a la labor que realiza nuestro Programa de Asistencia Legal Comunitaria, nuestra firma fue galardonada con el “Reconocimiento regional a las buenas prácticas de desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”, específicamente por el trabajo que viene realizando la organización sobre el objetivo número 5, la igualdad de género. El programa ejecutado por Fundamorgan es un proyecto único, que ofrece a personas de escasos recursos económicos, asesoría y representación legal sin cobro de honorarios profesionales, en procesos de derecho de familia y violencia doméstica.
—¿Hubo algún movimiento que quisiera resaltar (nuevo socio, práctica, alianza, etcétera)?
En el año 2018 dimos inicio a una alianza estratégica con la compañía Panama Compliance Services Inc., empresa de cumplimiento debidamente autorizada y registrada por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros de la República de Panamá. A través de esta iniciativa buscamos ofrecer una asesoría integral en materia de cumplimiento a nuestros clientes, para que estos establezcan sus políticas internas y procedimientos necesarios en cumplimiento con la Ley 23 de 2015 y demás regulaciones en materia de: prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo esto sin afectar las estrategias y el giro de sus negocios, ayudándolos a evitar sanciones por incumplimientos en dicha ley.
—Si tuviera que escoger un caso, operación o transacción de especial relevancia que hayan cerrado en 2018, ¿cuál sería?
Todos los casos que manejamos son de gran importancia y nos caracterizamos por involucrarnos en todas las etapas del desarrollo de grandes proyectos en nuestro país. Este año podríamos resaltar la asesoría constante a nuestro cliente Metro de Panamá S.A., —en relación al desarrollo del las líneas 1, 2 y 3— en el proyecto de infraestructura pública más importante de la República y el primero en su clase en Centroamérica.
—¿Cuáles son los retos más grandes que ven de cara a 2019?
Seguimos viendo retos, como todas las demás firmas de abogados locales y regionales, en diversos temas de índole regulatorio. Sin embargo, para nuestra firma estos retos se han convertido en oportunidades con las que ofrecer a nuestros clientes nuevos productos y servicios, así como para afianzar nuestras buenas prácticas de gobierno corporativo.
—¿Cuáles son las metas de la firma para el nuevo año que comienza?
Nuestra principal meta es mantener nuestro liderazgo en las áreas de negocio en que participamos. Así como seguir siendo la firma de abogados referente en prácticas de responsabilidad social empresarial.
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