Carey refuerza prácticas de litigios y medio ambiente

Chile se asoma al 2023 con un nuevo proceso de reforma constitucional. El acuerdo parlamentario -saludado por el presidente Gabriel Boric- podría tomarse como punto de referencia para forjar agendas y atender aquellos frentes que, durante el presente año, han proyectado mayor dinamismo. 

Hemos dado un paso necesario y, espero, decisivo para avanzar en un nuevo Pacto Social por una mejor democracia, de más libertades, de más derechos sociales. Como Gobierno seguiremos colaborando y facilitando este proceso por el bien de Chile. pic.twitter.com/OTLr2f7R9b

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 13, 2022

Entre ellos destaca el elevado volumen de empresas, principalmente en el rubro de la construcción, que se ha declarado en situación de insolvencia. Como lo reveló en el segundo trimestre un estudio de la Universidad de Talca, el fenómeno se explica a la luz de los diversos impactos registrados en la cadena de producción —materiales, valor de la vivienda, mano de obra, etc—. 

Otro frente de especial cuidado es el ambiental, considerando el impulso de una agenda de gobierno ecológico —que incluye una Ley del Cambio Climático y el compromiso al 2050 de carbononeutralidad—. A esto se suma el reconocimiento, en palabras de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, de las afectaciones que el proceso de transición energética generará en las empresas, por lo que será clave contar con ellas como aliadas.    

Ante ese panorama, la firma Carey ha apostado por el refuerzo de sus prácticas de litigios, con especial énfasis en quiebras e insolvencia, y en materia de medio ambiente. Esto se ha materializado en el nombramiento de cuatro nuevos socios en la firma: se trata de Mónica Pérez, Roberto Villaseca, Manuel José Barros y Julio Recordon. 

Para Mónica Pérez, la práctica de litigios que ahora lidera se presenta muy activa en respuesta a las diversas crisis generadas por la pandemia, entre ellas la económica. Esto, según explica, se manifiesta en el volumen de arbitrajes registrados relacionados con diversos rubros, pero también en los cuellos de botella en la carga procesal.  

“Según estadísticas que ha entregado el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara Chilena de Comercio de Santiago, de la totalidad de sus causas ingresadas en sus 30 años de funcionamiento, el 7 % corresponde a las ingresadas solamente el año 2022. Esta cifra es muy reveladora, ya que desde el punto de vista de la práctica profesional se podría señalar que prácticamente cualquier abogado que se dedique al área de litigios civiles y comerciales ha tenido o tendrá que tramitar algún procedimiento en sede arbitral, sea o no en el CAM”, explica la especialista.

En relación con el escenario en materia ambiental, Manuel José Barros destaca los esfuerzos de la disponibilidad, desde lo contractual, de emprender el cambio con miras a la transición hacia las energías renovables.   

“En los últimos años se ha visto un esfuerzo relevante por avanzar en la descarbonización que, me atrevo a decir, es transversal a buena parte de las distintas industrias. Dado su gran consumo eléctrico, cabe destacar en este esfuerzo al sector minero que ha modificado buena parte de sus contratos de suministro eléctrico: desde las fuentes térmicas usuales en la década de los 90 y 2000, a fuentes renovables. Asimismo, hemos sido testigos de la transición hacia fuentes renovables en la agroindustria, en la salmonicultura y en el sector sanitario”, destaca el abogado. 

Los cuatro especialistas conversaron con LexLatin, haciendo un balance y planteando una hoja de ruta sobre los desafíos y oportunidades frente a un Chile que reanuda su camino en un proceso de reescritura de su constitución.

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Construcción e inmobiliario, los más activos en arbitrajes

Tomando en cuenta el performance del sector construcción en materia de deuda, ¿qué le espera al rubro hacia el 2023?

Roberto Villaseca: Esperamos un 2023 dinámico en materia de reestructuraciones y renegociaciones de deuda. El sector construcción ha sido especialmente afectado por la inflación y el aumento de costos, sumado a una baja en la demanda, producto del estado de la economía. 

¿Cómo va la carga procesal en materia de litigios respecto al sector local?

Mónica Pérez: En materia de litigios civiles y comerciales ante tribunales ordinarios, la carga procesal se ha visto influenciada por la crisis económica y social, así como por los efectos de la pandemia durante el año 2020 y el primer semestre de 2021. En este sentido, la paralización de los términos probatorios durante el periodo de emergencia sanitaria produjo una sobrecarga de los tribunales al momento de su reanudación y, en consecuencia, un atraso en su tramitación.

Lo anterior se ve respaldado por las estadísticas entregadas por el Poder Judicial, en este sentido, el número de causas terminadas este año se ha reducido en casi el doble que el año pasado. De 447.420 causas terminadas en 2021 a 247.750 causas terminadas en 2022. 

Por otro lado, el aumento de la carga de los tribunales se puede ver en causas en tramitación en los tribunales superiores. Por ejemplo, en la Corte Suprema el número de causas en tramitación casi se triplicó de un año a otro. De 6.876 causas en tramitación en 2021 a 18.395 causas en tramitación a 2022.

También se puede ver que en las Cortes de Apelaciones de jurisdicciones más populosas ha aumentado el número de ingresos por año, como por ejemplo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde el total de ingresos del 2022 casi duplicó al del año 2021. 

Por otro lado, se ve una tendencia al aumento de procedimientos arbitrales, no solo debido a la evidente proliferación de cláusulas arbitrales como mecanismo de resolución de disputas, sino también al aumento de conflictos y litigiosidad propios del contexto económico y social que está viviendo nuestro país. 

Desde su mirada experta y a la luz de la tendencia que se registra en la pospandemia, en materia de deuda o declaración de insolvencia, ¿cuáles son los aciertos de la Ley de Insolvencia? ¿Cuáles son las principales mejoras pendientes?

Roberto Villaseca: El gran acierto ha sido establecer un marco legal que permite reestructuraciones judiciales rápidas, en comparación con otras jurisdicciones, con un grado de entendimiento cada vez mayor en el mercado. Al aplicarse la ley, los principales actores reconocen cada vez más que las reglas y los acuerdos de reorganización se han ido sofisticando. Los principales desafíos siguen siendo el acceso al financiamiento en insolvencia y que la reorganización sea atractiva para pequeñas empresas.   

¿Cuáles son las tendencias que se avizoran en materia de litigios y resolución alternativa de disputas hacia el 2023? 

Mónica Pérez: Como ya lo he señalado, el aumento arbitrajes iniciados el último año ha sido considerable, sin duda, debido a la tendencia hacia el establecimiento de cláusulas arbitrales por los beneficios que trae consigo un arbitraje, como lo es la posibilidad de renuncia a los recursos, la tramitación más expedita, la especialización del árbitro, entre otros. 

Así me parece que la expansión del arbitraje, tanto institucional como ad hoc, va a seguir hacia el futuro. Esto también es aplicable en materia de mediación. En este sentido, el CAM ha hecho una excelente tarea promoviendo sus servicios de mediación. De hecho, según las propias cifras del CAM, entre 2014 y 2019 el ingreso de mediaciones se incrementó en un 245 %, y la tasa de acuerdos ha ido en aumento desde el año 2014, de un 9% a un 26,31 % el año 2019, tendencia que debería continuar en los años venideros y que es reflejo del dinamismo actual de los negocios. 

Respecto de las industrias específicas que han presentado mayores arbitrajes en el último tiempo hemos visto que ha sido la construcción y el sector inmobiliario. Lo anterior es de toda lógica atendida la emergencia sanitaria, el aumento de valor de materias primas y atrasos en general, que impactaron el desarrollo de proyectos. 

En materia de litigios ante tribunales ordinarios, creo que vamos a experimentar, por lo menos por un par de años más, una expansión de procedimientos que tengan como fundamento incumplimientos contractuales durante el Covid-19, sobre todo debido al aumento de pronunciamientos al respecto por parte de nuestros tribunales superiores, especialmente en materias de construcción y arrendamiento —como de hecho ya ha ocurrido con esta última, a propósito del fallo pronunciado recientemente por la Corte Suprema el 28 de julio de este año—. 

Oportunidades de mejora a nivel regulatorio ambiental 

¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos que generan los Permisos Ambientales Sectoriales al proceso de transición energética que se está articulando multisectorialmente? 

Manuel José Barros: Más allá de las resoluciones de calificación ambiental, los llamados Permisos Ambientales Sectoriales son autorizaciones fundamentales para el desarrollo de proyectos de diversa índole. Gran parte de estos permisos están consagrados en regulaciones sectoriales antiguas, anteriores incluso a la normativa de evaluación ambiental de proyectos. 

Esto representa una oportunidad de adaptación de la regulación sustantiva y procedimental de los Permisos Ambientales Sectoriales.

Primero, se hace necesario ajustar las exigencias y criterios para la obtención de estos permisos a los objetivos ambientales actuales, incluyendo los compromisos asumidos por nuestro país en materia de carbono neutralidad. Esta labor representa un desafío mayor, toda vez que se trata de permisos diversos, de competencia de autoridades tan disímiles como el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Autoridad Marítima o la de Salud, que han sido concebidos respecto de obras o actividades muy distintas de proyectos, tales como parques eólicos, solares o plantas de hidrógeno verde, pero que no por ello son incompatibles con su implementación.

Por otra parte, tenemos el desafío de adaptar los procedimientos administrativos para la obtención de los Permisos Ambientales Sectoriales a las tecnologías de digitalización, virtualidad e inteligencia artificial disponibles en la actualidad. Esto representa una oportunidad única para avanzar en la anhelada disminución de plazos en la tramitación y obtención de estos permisos, lo que resulta esencial considerando la relevancia que representa la situación climática.

Desde su experiencia, ¿qué normativas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental merecen una revisión para un mejor funcionamiento de su labor reguladora? ¿Qué ajustes recomienda exactamente? 

Julio Recordon: El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es el principal instrumento de gestión ambiental que contempla nuestra legislación y su implementación ha sido, sin dudas, exitosa. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento reglado, es natural que dichas reglas deban ser revisadas cada cierto tiempo, para adecuar la evaluación ambiental a la realidad de los proyectos, en sintonía con las necesidades de protección ambiental. 

Así, por ejemplo, vemos la necesidad de avanzar en la uniformidad de criterios técnicos de evaluación, de manera que el titular tenga certeza desde un comienzo de lo que se le va a exigir para la evaluación de su proyecto y no quede entregado a los criterios discrecionales de los organismos sectoriales que participan del procedimiento. 

Por último, vemos limitaciones normativas que rigidizan el sistema, sin un verdadero fin de protección ambiental de fondo. Adecuar la regulación para permitir la división de resoluciones de calificación ambiental, por ejemplo, y así otorgar mayor flexibilidad a los titulares de proyectos sin dejar de lado el cumplimiento de sus compromisos y medidas ambientales, sería un importante paso en este sentido.

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¿Qué tendencia en materia regulatoria ambiental avizora hacia el 2023? ¿Qué áreas recomendaría a sus clientes / potenciales clientes vigilar para evitar áreas de dificultad en relación con esta tendencia que señala? 

Julio Recordon: Durante los últimos años hemos visto una tendencia sostenida al alza en materia de regulación ambiental y 2023 no va a ser la excepción.

Desde el punto de vista de la evaluación ambiental, el Gobierno ha anunciado recientemente su intención de incorporar reformas al sistema vigente, por lo que es importante mantenerse al tanto de la discusión para así anticiparse a los cambios que puedan venir y eventualmente, participar en las instancias correspondientes.

Por otra parte, las fiscalizaciones y procedimientos sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente continuarán aumentando. En este ámbito resulta fundamental para todo titular de proyecto mantener un adecuado seguimiento al cumplimiento de sus compromisos y obligaciones ambientales para evitar eventuales sanciones.

En otros ámbitos, durante 2023 comenzarán a regir las metas y obligaciones para envases y embalajes de la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor, que serán exigibles respecto de una gran cantidad de empresas de distintos rubros. Finalmente, es importante destacar el panorama diverso en materia de proyectos de ley, por ejemplo, para establecer delitos ambientales o sancionar el greenwashing, que podría tener avances significativos en 2023.