Ley Forestal 29.763, ¿cómo la reforma ambiental compromete la sostenibilidad del Perú?

De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, los bosques de la Amazonía están siendo desmantelados para favorecer la actividad económica y, en el proceso, se presiona a los recursos forestales y las comunidades originarias. En 2022 la deforestación arrasó con 144.683 hectáreas en el Perú. Los datos oficiales del Ministerio del Ambiente (Minam) tampoco son alentadores: entre 2020 y 2021 se perdieron cerca de 2,4 millones de hectáreas de superficies boscosas.

En enero de este año, el Congreso de la República modificó la Ley Forestal 29.763, vigente desde 2015. Entre las modificaciones, la ley le quitó al Minam ciertas facultades para decidir, con base en estudios técnicos, la categorización de bosques de producción permanente, es decir, esa zonificación administrativa para mantener un control de cuáles son los que pueden ser aprovechados. En cambio, la nueva norma da facultades de esta índole al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri), cuyos objetivos primordiales son diferentes a los del Minam.

“Las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley No. 31.973) han generado un profundo debate en Perú debido a la flexibilización de normas que regulan el aprovechamiento de recursos forestales. Estas modificaciones incluyen dejar temporalmente sin efecto la zonificación forestal; ceder competencias del Minam al Minagri para la aprobación de la zonificación forestal y bosques de producción permanente; omitir el procedimiento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, y la autorización de cambio de uso del suelo a posesionarios de terrenos, lo que otorga un mayor peso al sector agrario en áreas sensibles”, explica Miguel Ángel Soto, socio del despacho peruano Rubio Leguía Normand. 

Para el experto en recursos naturales, la transferencia de competencias ambientales a un ministerio orientado al desarrollo agrícola y la eliminación de la zonificación forestal podría reducir la capacidad del Estado para proteger áreas sensibles.

“A largo plazo, estas reformas podrían comprometer la sostenibilidad ambiental en el Perú, ya que incentivan la explotación de áreas forestales sin los controles técnicos previos y la degradación de las formaciones boscosas, visiblemente afectadas por actividades como la minería y la tala ilegal. A su vez, podrían dificultar el cumplimiento de acuerdos internacionales en materia ambiental y afectar la reputación de Perú como un país comprometido con la conservación. Lo más crítico, sin dudas, es que el debilitamiento de la protección forestal podría derivar en la pérdida de biodiversidad y afectar a comunidades que dependen directamente de los ecosistemas forestales”, señala Soto.

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¿La reforma forestal del Perú es inconstitucional?

Grupos ecologistas, organizaciones indígenas e internacionales vienen denunciando los posibles efectos nocivos de la norma para la naturaleza y los pueblos originarios. De hecho, plantean que es inconstitucional y solicitaron que se derogue la norma bajo los siguientes argumentos:

• No se respetó el proceso de consulta previa, lo que constituye una vulneración de la Ley de Consulta Previa y de la normativa internacional ratificada por el país, como el Convenio OIT 169.
• Promueve el debilitamiento de la institucionalidad ambiental. Al transferir competencias clave del Minam al Midagri, se busca priorizar el desarrollo económico en detrimento de la sostenibilidad ecológica. 
• La falta de criterios técnicos para la clasificación de tierras compromete la gestión sostenible de los bosques.

“Sostienen que la Ley No. 31.973 es inconstitucional porque consideran que infringe el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, establecido en la Constitución. En ese sentido, es necesario esperar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que admitió una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley. De hecho, el 5 de noviembre se realizó la audiencia correspondiente y ahora el Tribunal Constitucional tiene un plazo de 30 días para emitir su fallo sobre la demanda”, comparte Xennia Forno, socia y responsable del Área de Recursos Naturales de Rubio Leguía Normand.

Para la asesora en la preparación de estudios ambientales, la exoneración de estudios técnicos de suelo implica un cambio significativo, ya que elimina un mecanismo crucial para asegurar que las actividades económicas no afecten áreas forestales.

“No solo marcaría un retroceso frente a las exigentes regulaciones sobre comercio de productos forestales, sino que además podría abrir la puerta a conflictos socioambientales, especialmente en zonas con alta biodiversidad y relevancia cultural para comunidades indígenas. Al no existir un control adecuado del uso del suelo, las áreas forestales podrían ser destinadas a actividades agrícolas o de otro tipo, sin considerar su impacto ecológico. Esto podría derivar en tensiones con las comunidades locales, quienes dependen de estos recursos naturales y perciben la falta de regulación como una amenaza a su sustento y patrimonio ambiental​”, expone Forno.

Según Miguel Ángel Soto, la polémica radica en que las disposiciones podrían facilitar la deforestación y debilitar la institucionalidad ambiental, afectando ecosistemas críticos como la Amazonía.

“Se ha cuestionado la legalidad de estos cambios por la falta de consulta previa a comunidades indígenas y por la potencial violación de derechos constitucionales, como el derecho a un ambiente saludable​”, resume.

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El impacto de la reforma forestal en los procesos de inversión y desarrollo de proyectos

En un país donde la deforestación es la mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero —principal responsable del calentamiento global—, la modificación a la ley forestal promueve el crecimiento de retazos de áreas agrícolas en del ecosistema amazónico.

En números es más alarmante: el 94,6 % de los bosques peruanos está en riesgo de perder su valor, al igual que la biodiversidad que habita en ellos.

“El impacto de las reformas introducidas podría ser colateral al desarrollo de procesos de inversión y desarrollo de proyectos en sectores clave. En efecto, la modificación podría transformarse en un incentivo perverso para la degradación de áreas por el incremento de actividades ilícitas, como la forestal o la minera, o de actividades agrícolas, que pueden representar un riesgo para el suelo. Todo esto indefectiblemente repercute en los operadores formales, que enfrentarían más oposición, sobre todo en un contexto donde las normativas internacionales exigen altos estándares ambientales​”, puntualiza Xennia Forno.

Miguel Ángel Soto coincide y amplía que uno de los aspectos críticos en los sectores forestal y agrario es la falta de información para asignar y promover usos ambientalmente adecuados, sostenibles y acordes con las características del suelo.

“La reforma forestal permite que los productores agrarios desarrollen actividades productivas agropecuarias en zonas que no tienen aptitud para ello, es decir, en tierras forestales o de protección, con el riesgo de generar situaciones de sobre-explotación del recurso suelo. Por eso, para los inversores, las modificaciones presentan oportunidades y riesgos: por un lado, la desregulación y la simplificación de trámites pueden facilitar el acceso a tierras y reducir costos administrativos; por otro, esta flexibilización podría incrementar los conflictos sociales y ambientales, más aún cuando estamos frente a áreas en las que el Estado no ha generado información sobre la aptitud del suelo”, advierte el especialista.

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¿Qué debería tener en cuenta un inversionista responsable ante el posible vacío legal?

Miguel Ángel Soto: Tendría que buscar implementar las herramientas necesarias para determinar la aptitud del terreno y su compatibilidad con la actividad que quiera desarrollar.  En efecto, es importante evaluar los riesgos asociados a la reputación, particularmente en mercados internacionales con normativas estrictas en cuanto a sostenibilidad, como la Unión Europea, que impondrá requisitos sobre productos derivados de áreas deforestadas. Lo más importante es que los inversores deben sopesar los beneficios económicos a corto plazo frente a los riesgos de sostenibilidad y conflictos.

Xennia Forno: Equilibrar los intereses del desarrollo económico con la necesidad de conservar recursos naturales críticos. La alternativa está puesta sobre la mesa y es un principio que rige el aprovechamiento de los recursos naturales: el enfoque ecosistémico. Según este principio, la gestión forestal se orienta hacia el manejo integrado de las tierras, buscando comprender y gestionar los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, considerando los factores ambientales, ecológicos, económicos, socioculturales, la cosmovisión indígena y el ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica. Entonces, una alternativa es promover un modelo de desarrollo sostenible que respete la clasificación de tierras y limite el cambio de uso en áreas con alto valor ecológico.