A finales de julio se llevó a cabo en Caracas el foro “Los retos de la propiedad intelectual como derecho humano – Situación actual siglo XXI”. Según Joaquín Núñez Landáez, socio de Hoet Peláez Castillo & Duque involucrado en el evento, el objetivo principal fue proporcionar un espacio para que estudiantes y profesionales del derecho pudieran conocer “de primera mano” los desafíos actuales que enfrentan los abogados que ejercen la práctica día a día en Venezuela.
En conversación con LexLatin, Núñez compartió algunas conclusiones que podrían marcar la agenda de la propiedad intelectual (PI) en Venezuela como una de las vías de recuperación para la crisis del país.
“En el mundo de hoy existe un reconocimiento explícito a la PI como un derecho humano sumamente importante para el desarrollo de la personalidad de cada individuo y para el desarrollo económico de cualquier país”, comenta Joaquín Núñez. El especialista dice que también es importante hablar del rol de las asociaciones nacionales e internacionales para garantizar la protección de los activos intangibles dentro del marco de la Constitución venezolana y de los tratados internacionales.
Sobre el impacto que la crisis nacional ha tenido en el registro de marcas, Núñez dice que “evidentemente ha sido negativo”. En 2018, el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI) aumentó los servicios conexos para el registro de marcas, patentes y derechos de autor, entre otros, lo que fue calificado por profesionales ligados a la propiedad industrial como un “duro golpe”, según El Nacional. El socio de Hoet Peláez Castillo & Duque explica que el número de solicitudes, tanto de marcas como de patentes, ha venido disminuyendo año a año y que, adicionalmente, ese aumento de tasas del SAPI también fue un elemento desmotivador para quienes querían proteger su propiedad intelectual en Venezuela. Añade, sin embargo, que “para el bien de todos, esa situación ha cambiado”. Joaquín Núñez afirma que hoy existen “acercamientos positivos” con algunos de los representantes del SAPI, buscando crear un ambiente de confianza para el buen desenvolvimiento del organismo registral.
“Esto ha sido posible, en parte, gracias a la buena labor de los representantes del gremio y de los profesionales de la propiedad intelectual en Venezuela”, comenta.
En el foro también concluyeron que los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como los elementos que conforman la “economía naranja” constituyen un derecho humano. Preguntado por las opciones que son viables en este momento para exigir y defender esto en Venezuela, el abogado venezolano reconoce que no son muchas, pero hay que aprovechar las que aún existen:
“Cada vez hay más regulaciones en los sectores productivos y menos espacios de libertad económica para los ciudadanos que quieren desenvolverse en alguna actividad comercial. La economía naranja surge como una opción extraordinaria para la recuperación y el desarrollo económico nacional. Combatir la crisis que vive nuestro país con este concepto demuestra el espíritu de lucha y la gran creatividad del venezolano”.
Joaquín Núñez también habló a LexLatin de la conciencia entre la opinión pública venezolana sobre la importancia de reforzar y defender la propiedad intelectual. ¿Entiende la sociedad cómo su desarrollo puede impactar en el crecimiento de la economía? El especialista cree que sí existe conciencia, especialmente en las nuevas generaciones, aunque añade que hay que seguir reforzándola. Observa que los jóvenes, por tener más contacto con las nuevas tecnologías, tienen una noción más clara sobre lo que es la propiedad intelectual y la necesidad de respetarla:
“Hay que seguir educando e informando a los ciudadanos acerca de la propiedad intelectual y su importancia para el desarrollo económico del país. Es tarea de todos”.
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