Suman siete los proyectos de ley que buscan modificar la Ley 20.720. En ellos se contemplan nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas, mejorar el rol de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, velar por los derechos de los deudores. / Mauro Mora - Unsplash.
El incremento de las tasas referenciales de interés, la incertidumbre en los mercados en medio de un proceso de transición y recomposición del gobierno, así como las secuelas de la pandemia colocan a la economía de Chile en un escenario desafiante. A decir de Pedro Eguiguren Cosmelli, socio de Eguiguren Abogados, ha empezado a manifestarse una recesión que le exige cautela a los negocios.
En entrevista con LexLatin, el especialista delinea el panorama respecto de la insolvencia de las empresas en los últimos tres años, en ese trance entre la normalidad y la pandemia.
Pedro Eguiguren Cosmelli
“La insolvencia ha variado entre 2019 y 2021. Alcanzó su peak en junio de 2019, con 682 procedimientos de liquidaciones de empresas y personas. Esto es elevado si se considera que aún no se había producido el estallido social del 18 de octubre 2019 (y sus impactos sobre la economía) ni había llegado la pandemia a nuestro país. En noviembre de 2020, los procedimientos disminuyeron a 652, comenzando con una baja sostenida y mínimos repuntes hasta diciembre de 2021, cuando llegaron a solo 289 procedimientos en el mes. Esta disminución se debió a la baja morosidad financiera, a la vez provocada por retiros de fondos de pensiones y a bonos estatales de ayuda por el Covid”.
Para Eguiguren, la desaceleración de la economía en el 2022 es el primer campanazo para aquellas empresas que enfrentan una circunstancia de morosidad. Estas son sus principales reflexiones y recomendaciones en manejo de deuda e insolvencia.
En términos de insolvencia, ¿cómo entra Chile a la pospandemia?
Las estadísticas mensuales de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile reflejan una baja considerable en los procedimientos concursales. Durante el año 2021 llegó a 5.219, a diferencia de 2019 que llegó a 7.750 y 2020, a 7.781. La desaceleración de la economía chilena, no obstante, empezó a manifestarse en 2022 en los indicadores macroeconómicos, algo que no se refleja de inmediato en los indicadores como los de cesantía, insolvencia, aumento en los procedimientos concursales, entre otros.
El contexto es que Chile enfrenta este año con una tasa de desempleo de 7,3 %, indicador similar al de enero de 2020, previo a la pandemia. Lo que es complicado es la inflación de 7,2 % que dejó el año 2021, aumentado el costo de la vida. El impacto sobre los precios ha sido provocado por una ayuda estatal destinada, en principio, a paliar los efectos económicos de la pandemia, así como por los retiros de los fondos de pensiones (AFP) autorizados por el Congreso. Tal efecto también fue provocado por la interrupción de la producción de bienes e importaciones que originó una disminución de la oferta, por ende, un alza de precios. A estas circunstancias se suma la incertidumbre brutal provocada por el proceso constituyente en curso, la asunción de un nuevo presidente y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que puede expandirse afectando al mercado global.
¿A qué se debió la baja en la morosidad sobre financiamientos bancarios?
Los bancos e instituciones financieras llegaron a niveles históricos en la baja morosidad de clientes, dada las ayudas estatales pro-Covid, como el Ingreso Familiar de Emergencia (Bono IFE), y los retiros de AFP. A modo de comparación, los retiros de los fondos de pensión superaron los 50.000 millones de dólares, cuando el presupuesto de la nación para un año es de 73.000 millones. Esto provocó una abundancia de dinero en el mercado, destinando parte de esos fondos al pago de obligaciones pecuniarias y otros.
Considerando el contexto, ¿cuáles son sus recomendaciones para aquellas empresas que inicien procesos de renegociación o insolvencia?
Frente a un escenario de morosidad, insolvencia remediable o irremediable, es fundamental buscar asesoría a tiempo, pues permite actuar con prontitud y enfrentar bien los problemas. En Chile, la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas (Ley 20.720) dispone de cuatro procedimientos. Es clave evaluar los pros y los contras de cada uno, pues tienen consecuencias y efectos distintos en las empresas, en función de activos, pasivos, obligaciones de origen laboral y fiscal, garantías reales y personales, etc., o el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Corresponde, asimismo, recalcar que tener problemas económicos no es delito, poco ético o inmoral, ni debería proceder la común sensación de fracaso que he visto acompañar una situación de insolvencia.
Habría que recordar que una empresa puede fracasar por múltiples motivos y no todos adjudicables al empresario. Al contrario, este, en principio, busca generar ingresos, da oportunidades laborales, mueve la economía y arriesga el patrimonio tanto del negocio como el personal.
¿Qué regulaciones impactarán pronto en esta rama de la economía y del derecho?
En Chile existen más de siete proyectos de ley en el Congreso que vienen a modificar la Ley 20.720. Estos buscan crear nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas, mejorar el rol de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, velar por los derechos de los deudores para la incorporación al sistema financiero, una vez finalizado el procedimiento, etc. Están en distintas etapas y aún no se sabe si serán promulgados como Ley.
Además, una nueva Ley creó el Registro de Deudores por Pensiones Alimenticias y también se encuentra en trámite el proyecto de ley sobre Registro de Deuda Consolidada. Si bien ambas normativas no modifican la Ley 20.720, sí hay que tenerlas presentes al momento de revisar la Ley Concursal Chilena.
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