El COVID-19 ha revolucionado la forma de trabajo en todo el mundo. Ha obligado a diferentes industrias y sectores a adaptarse al trabajo a distancia o remoto en cuestión de días. Por lo tanto, los derechos laborales y la normativa para las condiciones de trabajo han requerido una adecuación a la nueva realidad.
Más que una actualización normativa, "el derecho laboral evolucionó", comentó en entrevista para LexLatin Dalyenis Dianela Lafuente Villarreal, socia en la firma panameña Cruz Ríos y Asociados, especialista en derecho laboral.
Para la abogada, el inicio de la evolución fue con la publicación del Decreto 81, aprobado en marzo, sobre la suspensión laboral.
"El decreto permitió salvaguardar el empleo en un momento de gran incertidumbre económica y social, a la vez que ayudó a las autoridades sanitarias a mantener control sobre el distanciamiento social y permitió a muchas empresas prestar servicios dentro de su actividad productiva, sin incumplir las restricciones de bioseguridad", comenta. De acuerdo con el artículo 2 de esta norma, los contratos de los trabajadores de empresas con operaciones cerradas, como medida preventiva por el estado de emergencia, se consideraron suspendidos.
En materia de teletrabajo, ¿qué artículos destacaría y por qué?
Destaco el artículo 3 de la Ley 126 de 18 de febrero de 2020 que introduce al teletrabajo como nueva modalidad de prestación de servicios. En los casos de contratación de personal nuevo en las empresas, se dinamiza la contratación laboral e inclusive la redacción del texto permitiría a las partes convenir una forma mixta de la prestación del servicio, alternando entre lo presencial y el teletrabajo.
Para esto se establecen ciertas cláusulas: se distribuye la jornada laboral, digamos, cómodamente, conforme a las necesidades de la empresa, del trabajo o de la producción. Esto también se puede definir por las variaciones en el mercado o por innovaciones tecnológicas.
Para su aplicación, resulta necesario modificar el reglamento interno de trabajo de la empresa, aprobado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral e incluir las políticas relativas al teletrabajo.
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¿Estas nuevas disposiciones atienden las problemáticas que se han suscitado entre patrones y trabajadores?
Las nuevas disposiciones en materia laboral son temporales, con el objetivo de regular una situación concreta. Básicamente reglamentan normas ya vigentes con el fin de proteger el derecho al trabajo tutelado por nuestra Constitución Política. También para sostener la actividad comercial que desarrolla el empleador, para garantizar la estabilidad laboral una vez superada la crisis económica.
Bajo esa premisa, tales disposiciones sí atienden a las problemáticas suscitadas entre patrón y trabajadores. Flexibiliza la relación laboral, específicamente en aquellos casos en que la actividad de la empresa permite operar bajo la modalidad a distancia. El fin es no llevar al empleador a solicitar una suspensión de los efectos del contrato, como ocurrió con gran parte de las empresas en Panamá.
¿Cuáles son los pendientes normativos para este 2021?
Las normas deben actualizarse para que sean adaptadas a la nueva realidad laboral y, a la vez, sean compatibles con el desarrollo de las actividades que se han generado en la última década. Hay una tendencia global a la modernización laboral, esta busca la protección eficaz de los derechos del trabajador sin afectar la eficiencia de la empresa.
Hemos evolucionado tecnológica y comercialmente y se ha diversificado la estructura corporativa en muchos sectores que hoy enfrentan nuevos retos en materia laboral. Es necesario normar conforme a tales cambios y que estos se adecúen a las nuevas tendencias de la relación laboral.
Temas como jornada de trabajo o formas de pago requieren ajustes normativos para dinamizar el empleo, con extensión a su flexibilización en materia sindical. Asimismo, la normativa en materia sindical requiere actualizaciones puntuales que no han sido abordadas, sobre todo en lo que respecta a las bases de la negociación colectiva, que si bien pudieran generar controversia, deben ser profundamente discutidas.
Hablando de las nuevas modalidades de trabajo que aún se encuentran en discusión para los países de la región, por ejemplo, el trabajo mediante plataformas de cooperación colectivas, ¿hacia dónde apunta la regulación panameña?, ¿cuál es su postura?
Un tema controversial que rompe el molde de nuestra legislación vigente es que se quedó obsoleta y tiene por delante el desafío de una actualización jurídica que vaya de la mano con los cambios que la tecnología ha introducido al modelo de las nuevas tendencias de la actividad comercial.
Al igual que en el resto de la región, esto ha sido discutido a raíz de los conflictos que ha generado, sobre todo en el sector transporte, más que en materia laboral. Desde el contexto de nuestra legislación laboral vigente, pudiéramos estar frente a los tres elementos fundamentales de toda relación laboral: la prestación del servicio, la subordinación jurídica y la dependencia económica. La discusión se enfrenta básicamente al planteamiento de la subordinación jurídica y de la dependencia económica. Ambos elementos, en este caso, son subjetivos a mi criterio y están sujetos a la forma en que el conductor ejecuta la actividad y estará sujeto a la verificación a través de hechos concretos, que puedan ser comprobables, lo que requiere que cada caso concreto sea ventilado ante los tribunales competentes.
Desde el contexto legislativo, el tema requeriría una amplia discusión ante el Pleno de la Asamblea de Diputados, que determine la actualización de la regulación aplicable a las nuevas aplicaciones tecnológicas que afectan el derecho laboral.
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