La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Latinoamérica ha superado en defunciones y contagios a Europa. Se estima en más de 10,6 millones el número de casos positivos y en 390 mil el de fallecidos en la región en comparación con Europa, que tiene 3,6 millones de casos positivos y 217 mil decesos. De las cifras latinoamericanas, 6.000 fallecidos y 210 mil casos corresponden a Centroamérica.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha proyectado una caída del Producto Interno Bruto para Centroamérica del 6,2 % en 2020. No obstante, los gobiernos de estos países han diseñado estrategias económicas como salvavidas para el sector empresarial. De norte a sur, LexLatin consultó en Guatemala a Liz Gordillo Anleu, abogada especializada en derecho laboral, migratorio y regulatorio; en El Salvador a Ana Mercedes López, quien cuenta con estudios en la Universidad de Navarra, España; en Honduras a Fanny Rodríguez, coordinadora del departamento de litigios y arbitraje de Arias en su país, y en Panamá a Ricardo Rocha, abogado con más de 10 años de experiencia en derecho tributario; todos socios de la firma Arias.
El fomento y protección del empleo
En El Salvador se decretó la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño que, mediante la constitución de un fideicomiso, promoverá la recuperación económica. El fideicomiso será administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y contará con un presupuesto de 600 millones de dólares. De estos, 140 millones serán destinados a los empleados de las micro y medianas empresas registradas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 360 millones a los empleadores igualmente registrados ante el instituto y los 100 millones restantes serán para los empresarios del sector informal que cuenten con, al menos, un crédito vigente en el sistema financiero o cooperativo.
El Congreso guatemalteco aprobó la Ley de Rescate Económico que, entre otras medidas, crea el Fondo para la Protección del Empleo para apoyar a los trabajadores del sector privado cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos. Cada trabajador podrá acceder a un monto fijo de 9,74 dólares diarios, hasta por un periodo de tres meses. El beneficio económico está exento de cualquier tipo de deducción, retención o impuesto.
Panamá y Guatemala han otorgado créditos blandos o con interés preferencial. Estos se destinan a los sectores productivos del país y a las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes). Los créditos permitirán financiar el capital de trabajo y dar continuidad a las operaciones de los diferentes negocios. En este sentido, Honduras liberó un presupuesto de más de 20 millones de dólares para financiar el congelamiento de cuotas del Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (Banhprovi) para las pymes. Cabe resaltar que en Panamá hasta mediados de julio no se habían definido los pormenores de la firma del fideicomiso con el Banco Nacional de Panamá.
Los fondos que creó el Gobierno hondureño están dirigidos al sector agrícola para apoyar la siembra de granos básicos, en especial para el Corredor Seco, un área conocida por sus tierras áridas y su extrema pobreza. Contará con un apoyo de ocho millones de dólares para garantizar la productividad.
Trámites adaptados y firmas electrónicas
Ahora bien, todos los trámites comúnmente presenciales han tenido que adaptarse a la “nueva normalidad”. Tanto en Honduras como en El Salvador se dispuso que los trámites registrales y algunos fiscales se hagan de forma virtual. De esta forma, aún durante el periodo de cuarentena, se han podido crear empresas.
Particularmente en Honduras se reformó la Ley Sobre Firmas Electrónicas para autorizar otros tipos de medios de identificación de las personas, la equivalencia de efectos firma. Estas se pueden usar siempre que las firmas y certificados electrónicos hayan sido emitidos por una autoridad certificadora designada por el Instituto de la Propiedad.
En El Salvador, mediante decreto legislativo, se otorgó una prórroga para la declaración y pago del impuesto sobre la renta y se permitió la celebración de las asambleas de accionistas de forma virtual. Es importante recordar que en febrero 2020, en ese país, fue publicada en el Diario Oficial La Ley de Comercio Electrónico, que permite establecer el marco legal de las relaciones electrónicas y dar validez a los contratos realizados por ese medio.
Por otra parte, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó un nuevo tipo de persona jurídica que busca ayudar a los nuevos emprendedores a formalizarse de forma más rápida y económica. La denominada sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada se creará mediante un trámite en línea y sin la necesidad de un abogado.
La nueva normalidad representa un reto para todas las profesiones. Ricardo Rocha y Ana Mercedes López coinciden en que “es indispensable actuar con presteza y flexibilidad para optimizar los procesos internos y agilizar los negocios, aún con las limitaciones actuales”, además de “aprovechar las facilidades crediticias que otorguen los gobiernos, de ser necesarias”.
Con un enfoque más financiero y legal, las socias de Guatemala y Honduras recomiendan a sus clientes una reestructuración de sus obligaciones financieras de acuerdo con su modelo de negocio, lo que podría incluir la renegociación de líneas de crédito y de contratos con proveedores. Asimismo, ven importante tener un plan de contingencia para asegurar la continuidad de su operación a corto, mediano y largo plazo.
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