Sérgio Moro está lejos de la carrera pública. El exjuez de Lava Jato y exministro de Justicia sigue su camino como especialista en investigaciones anticorrupción, cargo que asumió a fines del año pasado. Hoy trabaja en Alvarez & Marsal, una consultora de gestión empresarial global famosa por contratar a exfuncionarios gubernamentales de todo el mundo.
Una polémica que surgió con la contratación de Moro es que la consultora actuaba como administrador judicial de Odebrecht, contratista investigado por Lava Jato cuando él era juez del caso. Según representantes de la empresa, el exministro trabaja en otra área, separada e independiente del sector de la administración judicial.
Como juez, Moro participó en la Operación Lava Jato, una de las mayores iniciativas para combatir la corrupción y el lavado de dinero en Brasil. Como ministro colaboró en la promulgación de leyes federales sobre incautación y expropiación de bienes relacionados con el narcotráfico y otras actividades delictivas graves.
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Acusado de parcialidad en sus decisiones como juez, Moro deberá enfrentar una sentencia en relación con una investigación que fue abierta tras la condena al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por el caso del triplex de Guarujá -la remodelación de un departamento de lujo de tres pisos, ubicado en la localidad de la costa de São Paulo- por parte de la constructora OAS, que también es investigada. Si se le declara culpable, existe la posibilidad de que se anulen algunos juicios, lo que puede deshacer parte del legado de Lava Jato.
En el contexto de una charla sobre responsabilidad corporativa por prácticas anticorrupción, Moro analizó el final de la Operación Lava Jato, habló sobre las críticas que ha estado recibiendo el grupo de trabajo y sobre la posibilidad de revisar las sentencias.
En Alvarez & Marsal usted es experto en investigaciones anticorrupción complejas y de alto nivel, delitos de cuello blanco y lavado de dinero. ¿Cómo es trabajar, después de tantos años en la vida pública, en el sector privado, ayudando a las empresas con políticas anticorrupción?
Ha sido un trabajo desafiante. Lo que he visto en los últimos años es una tendencia de las empresas del sector privado a comprender mejor su papel, tanto en la perspectiva social como en la protección del medio ambiente. Y uno de los aspectos importantes es la política anticorrupción.
En Brasil, Latinoamérica y el mundo, Lava Jato terminó sirviendo como una especie de wake-up call, un llamado a las empresas por esta responsabilidad.
Muchas compañías que no se preocupaban por las políticas anticorrupción e integridad en la actualidad invierten significativamente en sistemas de cumplimiento, debida diligencia e investigación corporativa. Esta será una tendencia creciente.
Si existe la sospecha de la práctica de un delito por parte de una empresa, uno de sus directores o empleados, es cada vez más probable que la compañía tome las riendas y realice una investigación corporativa interna. De esta forma puede demostrar que no es cómplice de ningún acto ilícito cometido por ninguna de las personas que laboran en ella.
¿Cuáles son los desafíos de combatir la corrupción en América Latina? La Operación Lava Jato llevó a cuatro expresidentes extranjeros a prisión y cambió el panorama político en la región. La trama más reciente es una investigación en México con un escándalo en la petrolera Pemex.
Este fue un efecto secundario, algo inesperado cuando comenzamos las investigaciones en Brasil. En el curso de las investigaciones surgieron estas pruebas y evidencias de que algunas empresas brasileñas habrían pagado sobornos a autoridades de otros países. Lo que se hizo -en mi opinión, de forma responsable- fue tomar esta evidencia y ponerla a disposición de los países que querían desarrollar sus propios casos internos.
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Varios países recibieron esta evidencia, desarrollaron casos con diferentes niveles de efectividad. Algunos fueron muy agresivos -pero en el buen sentido- al investigar realmente los hechos y tratar de enjuiciar a los involucrados.
Esto sucedió en diferentes momentos de acuerdo con el país. En México han surgido estas consecuencias del pago de sobornos por parte de empresas brasileñas a las autoridades del país.
Me alegra ver que esto terminó generando una especie de ola anticorrupción en América Latina. Esto es bueno para la región porque promueve el surgimiento de políticas y un mercado más saludable. A mi modo de ver, estas son condiciones necesarias para que tengamos un desarrollo robusto en la región con mayor bienestar para todos.
¿Cómo pueden las empresas marcar la diferencia en las políticas anticorrupción, integridad y cumplimiento en Brasil y América Latina?
Cada vez hay menos espacio en el mundo para estas prácticas corruptas. Esto lleva tiempo y el esfuerzo contra la corrupción tiene que ser largo y duradero, pero el mundo se está haciendo más pequeño. En el caso de la propia Operación Lava Jato, algunas empresas involucradas en estos delitos -que pagaron sobornos en Brasil- tuvieron en un momento determinado que buscar a las autoridades brasileñas para tratar de solucionar la situación realizando acuerdos de clemencia.
Varias empresas extranjeras hicieron este acuerdo basado en la ley brasileña, la Ley de Empresa Limpia [en 2014, Brasil promulgó una ley para combatir la corrupción generalizada en los sectores público y privado], para resolver su situación. Por otro lado, las empresas brasileñas que pagaban sobornos en el exterior tenían problemas en los países donde aplicaban esta práctica y debían responder a procesos iniciados, por ejemplo, por autoridades suizas y estadounidenses, principalmente con base en la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, la ley sobre prácticas corruptas fuera de Estados Unidos).
Hay una tendencia en el mundo, sin importar lo que pase en cada país, de menos espacio y tolerancia a la corrupción. Hoy es necesario prestar atención no solo a las reglas y estándares del país anfitrión, sino también a las nuevas reglas y estándares de los países en los que tenemos sucursales o hacemos negocios.
De nada sirve estar al tanto solo de las necesidades de cumplimiento de la legislación brasileña. Tienes que pensar en el cumplimiento, por ejemplo, de la FCPA de los Estados Unidos. Creo que es algo positivo, que se aplique el estándar más alto.
Por otro lado, para que los sistemas de integridad funcionen tiene que haber un compromiso de las personas tanto de quienes están 'arriba' liderando la empresa como de quienes están en la base. No tiene sentido tener un código de ética y un sistema de cumplimiento si no tienes un compromiso desde la cúpula.
Hay un dicho chino que dice que el pescado se pudre en la cabeza. Vimos algunas empresas, incluso en el caso de la Operación Lava Jato, que se jactaban de tener los más modernos sistemas de cumplimiento. Sin embargo, eran sistemas ineficaces dado el poco grado de compromiso de las cúpulas de esas empresas para combatir el crimen. El primer paso para que esto funcione es el compromiso empresarial con lo que es correcto.
¿Puede contarnos algo sobre el trabajo que está haciendo en este momento?
No me es posible hablar por temas de confidencialidad, pero hoy en este mercado lo que existe es una aspiración global. De nada sirve que los profesionales se especialicen únicamente en las prácticas de un solo país. Tiene que saber qué está pasando en el mundo.
Y en el campo de la investigación y el cumplimiento corporativo lo ideal es que el profesional pueda mezclar prácticas entre diferentes países, ofreciendo un servicio de mayor calidad a los clientes en esta área.
Mi idea particular es contribuir a un discurso global en esta área. Una tendencia -como le dije- es que la corrupción es cada vez más transaccional y la lucha contra la corrupción estará cada vez más guiada por la cooperación internacional, la jurisdicción extraterritorial y las prácticas colaborativas que se inician no solo dentro de cada país, sino a nivel mundial.
Esta entrevista puede ser consultada en el idioma portugués en nuestro sitio LexLatin Brasil, especializado en el mercado legal brasileño. Puedes leer la entrevista original aquí
Hablando de la Operación Lava Jato, ¿cómo analiza el final de la operación, especialmente en Curitiba?
Lo veo con cierto pesar. Operación Lava Jato descubrió un esquema de pago de sobornos gigante en los contratos públicos, tan grande que no es solo una cuestión de volumen de dinero.
Hemos tenido casos de gerentes de una empresa estatal brasileña que han devuelto casi 100 millones de dólares que fueron recibidos en sobornos, luego de la conclusión de un acuerdo de colaboración.
No es solo una cuestión de volumen, sino que el pago de sobornos se había convertido en una rutina, un sistema. Lo que había ahí era: funcionarios corruptos que recibían sobornos y dividendos con agentes políticos de partidos políticos. Fue un esfuerzo hercúleo para que este plan se develara y los responsables fueran llevados ante la justicia.
Brasil ha avanzado mucho, especialmente en los primeros cuatro años de Lava Jato, y terminó actuando como una especie de difusor de políticas anticorrupción. Sin embargo, es necesario reconocer que hemos sufrido algunos retrocesos, especialmente desde 2018, en la lucha contra la corrupción.
El final de la Operación Lava Jato, en mi sincera opinión, es en este mismo contexto. El camino en la lucha contra la corrupción efectiva se le mostró a la población brasileña porque lo que teníamos antes de Lava Jato, con raras excepciones, era la impunidad de la gran corrupción.
Y se pudo demostrar que este no es un “destino manifiesto”. Esto es cierto no solo para Brasil sino para varios otros países del mundo, especialmente América Latina, que tienen dificultades en términos de aplicación de la ley, para hacerla cumplir en estos casos de gran corrupción.
El camino está marcado, es posible retomar la lucha contra la corrupción en el ámbito del sector público con bastante vigor. Por ahora, el sector privado puede desempeñar su papel independientemente del sector público. No necesitas que el gobierno te diga lo que tienes que hacer, lo que es correcto. Pueden hacer esto por su cuenta y hay un vasto campo en el que las empresas pueden tomar la iniciativa.
En Brasil hoy tenemos muchos cuestionamientos desde el exterior sobre nuestra política medioambiental. ¿Qué han estado haciendo algunas empresas y grupos empresariales? Refuerzan su compromiso con las políticas ESG (environmental, social and governance - mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza empresarial) de conformidad con sus prácticas productivas y comerciales con la protección del medio ambiente.
También se puede hacer igual con la política de integridad y anticorrupción. Esto es positivo para las empresas, no solo porque evita que se metan en problemas, sino porque creo que un mercado limpio beneficia a todos. Luego las ganancias y la reputación tienden a crecer.
¿Le preocupa la anulación de las sentencias de Lava Jato, que se pierda el trabajo desarrollado desde 2014? ¿Cómo ve lo que está pasando en el escenario jurídico actual en Brasil?
Ante un sistema corrupto de esta magnitud es natural que haya resistencia al cambio. Pero llegó el cambio. Hoy existe una percepción muy clara por parte de la población brasileña -e incluso, del sector privado- de que lo que existía antes era intolerable y quizás una de las causas de nuestras bajas tasas de crecimiento.
No hay forma de tener una economía de elevada productividad si los costos de transacción son altos debido a algún tipo de corrupción. Esto genera ineficiencia no solo en el sector público, sino también en el sector privado.
A mi manera de ver, esto está arraigado. De hecho, el momento no es el mejor desde el punto de vista político, pero no es muy difícil retomar esta bandera anticorrupción, sobre todo porque es una tendencia internacional. Cualquier país que piense que puede mantenerse al margen de esa tendencia específica está equivocado.
Dicté mis sentencias, serví como juez en estos casos, hice mi trabajo y cumplí con mi deber. Mi percepción ya no es mi responsabilidad. No tengo ningún interés personal en particular en esto. Ahora es importante para el país que podamos avanzar y fortalecer la lucha contra la corrupción.
Estoy fuera de la justicia y del Gobierno pero, ¿cómo puedo contribuir como ciudadano para que podamos avanzar? Lo que veo más prometedor en este momento, además del debate público en sí, es el trabajo -que me gusta mucho- de ayudar al sector privado a hacer lo correcto, porque el sector privado tiene una dinámica diferente.
¿Está molesto por las críticas contra la Operación Lava Jato?
Lava Jato resultó en la condena de muchas personas por delitos de gran corrupción y blanqueo de capitales. Varios también fueron absueltos, alrededor de 20 % de los imputados, pero hubo condenas significativas: de grandes empresarios y políticos que tenían un alto cargo en la vida pública, así como empleados, directores e, incluso, un CEO de una empresa estatal brasileña, algo que no había sucedido antes.
No porque fueran condenados por su condición, sino por las pruebas que allí se recogieron en cada uno de estos casos. Entonces es un trabajo muy sólido. Y nótese que esta obra, solo en Curitiba, implicó la recuperación de 798,9 millones de dólares (4.300 millones de reales al 10 de febrero), dinero que ya fue transferido a las arcas públicas.
También existen algunos convenios de clemencia con empresas que devolvieron más de 371,6 millones de dólares (2.000 millones de reales). Los resultados están ahí, son inmutables, nadie devolverá el dinero a los delincuentes, muchos, incluso, han cumplido condena. Estos son resultados que no se pueden cambiar.
Por supuesto, lo ideal es que todo esto se mantenga porque se basa en pruebas sólidas, no solo de mis decisiones. Fueron decisiones de la Corte Federal de Apelaciones de Porto Alegre, el Supremo Tribunal de Justicia y decisiones de otros jueces, como los casos de la Justicia Federal de Río de Janeiro y los juzgados en Curitiba. Es un logro, un trabajo institucional que no se limita a la labor de un solo individuo. Así permanece, independientemente de lo que suceda y posibles retrocesos en la lucha contra la corrupción en Brasil en el momento actual. La presencia en el sector privado no me impide seguir participando en el debate público.
En los últimos tiempos -a través de Twitter- se ha posicionado en la red social al comentar sobre las dificultades del plan de vacunación, además de la nota que difundió el 1 de febrero, que se relaciona con la decisión del ministro Ricardo Lewandowski, del STF, por hacer públicas las conversaciones entre los fiscales de Operación Lava Jato y usted, que en ese momento era juez. Estos son los mensajes que fueron capturados en Operation Spoofing. Usted dijo que no reconoce esos audios. ¿Cómo analiza toda esta discusión en relación con los audios filtrados?
He sido muy ponderado en mis manifestaciones en redes sociales. Primero una aclaración: nunca tuve una red social pública hasta que me convertí en ministro. Como ministro de Justicia, en el primer semestre de 2019, llegó el momento en que abrí una cuenta en Twitter para utilizarla como instrumento de difusión de las políticas que llevaba a cabo el Ministerio.
Por lo tanto, cuando dejé el Gobierno comencé a usar Twitter pero de una manera muy esporádica y ponderada. Es una herramienta de comunicación importante, pero no la he utilizado para hacer política. Al final soy un ciudadano hablando de algo que me preocupa.
En cuanto a los mensajes, creo que ya he agotado el tema en la nota que publiqué. Estos son mensajes que se habrían obtenido en violación criminal del aparato de los fiscales. Incluso, hubo un intento de entrar a mi dispositivo, pero no tuvo éxito. No reconozco la autenticidad de los mensajes porque ya no los tengo y, sinceramente, se difundieron con gran sensacionalismo.
Nadie ha sido enmarcado erróneamente, no hay nadie que haya sufrido ningún fraude ni nada por el estilo. No hay nada de ilícito o ilegal en lo que se llevó a cabo en el marco de la Operación Lava Jato.
La propia discusión sobre la vulneración de la imparcialidad se desplaza, considerando, por ejemplo, que las decisiones fueron confirmadas por los órganos de apelación. En mi caso dicen: 'habría condenado a fulano X o fulano Y'. Sí, seguí la sentencia de primera instancia, pero la sentencia fue reemplazada por decisiones de órganos superiores de apelación.
Sinceramente deja de lado el entendimiento de que es adecuado el trabajo institucional, realizado con gran profesionalismo, basado en unas fantásticas teorías de la conspiración.
Su nombre siempre aparece con fuerza en las encuestas para la presidencia. Sé que está en el sector privado, pero supongo que debe ser una pregunta recurrente. Lo veo en Twitter siguiendo a algunas figuras de la oposición a este Gobierno, como el gobernador de São Paulo, João Doria, y el exministro Luiz Henrique Mandetta. ¿Está en el horizonte la posibilidad de postularse a la presidencia a medio y largo plazo? ¿Se ve volviendo a la carrera pública en algún momento?
Creo que la historia se basa en los actos correctos de la gente corriente, al menos una buena historia. Lo que he argumentado en relación con la lucha contra la corrupción es que cada persona puede marcar la diferencia en sus acciones dentro del mundo que le rodea. No es necesario ser ministro, juez o presidente para marcar la diferencia.
Mi objetivo es seguir haciendo lo correcto dentro del sector privado ayudando a las empresas. Así que no pienso en estos otros temas que se mencionaron en este momento. Hay mucha gente buena por ahí.
Esta entrevista puede ser consultada en el idioma portugués en nuestro sitio LexLatin Brasil, especializado en el mercado legal brasileño. Puedes leer la entrevista original aquí
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