Frente a las discusiones sobre los efectos que podrían generar los shocks externos a la economía de México, resulta conveniente dar un paso atrás y tomar perspectiva sobre el escenario financiero que se está configurando entre el cierre del 2022 y el inicio de este año. Concretamente hacer foco en las industrias que tienen oportunidad para emerger y aquellas que atraviesan desafíos.
Para Katharina Roehr, socia de VonWobeser y Sierra, cuyo nombramiento se produjo a fines de 2022, las startups de corte tecnológico, la demanda por naves industriales y la relocalización de las cadenas de suministro, se muestran con un camino promisorio.
“Las startups de corte tecnológico presentan oportunidades en distintos sectores fintech, healthtech, proptech, aunado a que su eventual falta de capital puede motivar que sean adquiridas creando así un dinamismo en materia de M&A. Como ya sucede en los EUA, veremos a más fondos de capital privado actuar como 'compradores financieros' de startups. Las fintech, de igual manera, continuarán presentando oportunidades latentes en el sector financiero”, explica.
Roehr es responsable del área de inversiones extranjeras en VWyS, la especialista encuentra especialmente estratégico no quitarle la vista a la demanda de naves industriales ante la escasez de espacios y, con ello, a los fenómenos del nearshoring y el friendshoring.
“La demanda por naves industriales también apunta a romper récord en el 2023, ya que existe una escasez de espacios y una demanda en crecimiento, motivado en parte por la reconfiguración de las cadenas de suministro. En este sentido, la relocalización de las cadenas de suministro en ubicaciones más cercanas a los mercados donde se encuentran los consumidores (nearshoring) y en jurisdicciones más ‘amigables’ para los inversionistas (friendshoring) representan una oportunidad inigualable para México”, indica.
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Desafíos en lo regulatorio: energía y telecomunicaciones
En contrapeso al escenario optimista, en el frente energético y en el de telecomunicaciones los marcos regulatorios, de acuerdo con Sergio López, también socio de VonWobeser y Sierra, están frenando el potencial de ambas industrias.
Para el especialista, una mejor comprensión de los desafíos que enfrentan los inversionistas de estos sectores requiere remontarse a las iniciativas de reforma que el gobierno presentó el año pasado.
López, cuyo nombramiento en diciembre ha reforzado la práctica de competencia económica de VWyS, apunta concretamente a dos cambios normativos vinculados a las industrias eléctrica y de gas natural. Se trata de una iniciativa del Ejecutivo que quedó trunca y otra que, en opinión del abogado, estaría distorsionando el funcionamiento del mercado de gas.
“El Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia energética que buscaba inhibir la competencia en la generación y suministro de electricidad y sustituirla por un monopolio estatal —la Comisión Federal de Electricidad—, desapareciendo al regulador sectorial —la Comisión Reguladora de Energía—, así como al organismo encargado del Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional —el Centro Nacional de Control de Energía—. Esta reforma, que no fue aprobada por el Congreso de la Unión, buscaba desaparecer la libre competencia en la industria eléctrica y acabar con los mecanismos de regulación que garantizaban la concurrencia de los particulares en este sector”, detalla.
La iniciativa que sí pasó y que estaría afectando el mercado del gas natural es la de la Secretaría de Energía, que el año pasado emitió un oficio relacionado con el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas). El cambio, según el especialista, está obstruyendo la competencia en el mercado.
“El oficio de Sistrangas impone restricciones indebidas a las empresas que pretendan importar gas natural, ya que les impide contratar a los proveedores de su preferencia, obligándoles a contratar los servicios de importación con las empresas productivas del Estado (EPE), independientemente del precio y las condiciones que ofrezcan. Lo anterior afecta la capacidad de dichas empresas para comercializar el gas natural y, por ende, su posibilidad de competir con las mismas EPE en esa comercialización, lo que eventualmente podría dejarlas fuera del mercado. Además, el cambio aumenta los costos de las empresas consumidoras de electricidad y reduce su capacidad para competir tanto en el mercado interno frente a las importaciones, como en el mercado externo vía exportaciones”, asegura.
El especialista advierte que este tipo de políticas públicas podrían derivar en la reducción de la inversión privada en el sector energético. Concretamente, a partir de la incertidumbre jurídica que generan restricciones que, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, configuran barreras normativas.
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Mercado digital también con problemas
Otro asunto de interés este año es el que compete a la regulación de los mercados digitales, específicamente en lo que se refiere a sobre qué autoridad recaerá esta competencia, si sobre la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) o sobre el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT).
Esta incertidumbre permanece, según Sergio López, incluso luego de que se haya involucrado el Poder Judicial, en específico los Tribunales Colegiados especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, para dirimir qué autoridad debe conocer sobre operaciones que conlleven concentraciones o posibles conductas anticompetitivas en el mercado digital.
“Tanta es la incertidumbre sobre el tema que, al día de hoy, las autoridades investigadoras tanto de la Cofece como del IFT están desahogando una investigación que deriva casi de los mismos hechos, por la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en las aplicaciones móviles. Esta duplicidad de investigaciones seguramente generará a las empresas y/o personas involucradas una serie de cargas procesales. Para resolver este tipo de conflictos competenciales, la Ley Federal de Competencia Económica establece que los Tribunales Colegiados especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones decidan qué autoridad debe conocer del asunto. Sin embargo, las decisiones del Poder Judicial no han aportado certeza ya que no existe un criterio uniformado que justifique en qué supuestos tendrá competencia la Cofece o el IFT”, explica.
El abogado de Von Wobeser y Sierra recomienda a las empresas contar con una asesoría legal ampliamente capacitada en materia de competencia económica que les permita decidir ante qué autoridad debe presentarse una notificación de concentración o la presentación de una denuncia por conductas suscitadas en los mercados digitales. De esta manera se evitaría que se susciten este tipo de conflictos que solo demoran la debida atención de estos asuntos y que, en el caso de las concentraciones, impiden cerrar las operaciones dentro de los tiempos pactados con los costos que ello implica.
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A esta recomendación se suman los aportes de Katharina Roehr para un mejor aprovechamiento de las tendencias del 2023. Se trata, en síntesis, de una mirada estratégica y anticipada, que haga un control preventivo en lugar de un control de daños.
“La implementación de políticas internas y códigos de conducta, así como el cumplimiento con estándares internacionales para que las empresas tengan un buen gobierno corporativo es esencial. Las empresas deben ser capaces de identificar, atender, administrar y mitigar de manera oportuna y eficiente riesgos motivados por eventuales sanciones, pérdidas financieras, así como daños reputacionales, que pueden producirse por la inobservancia de las leyes y regulaciones e incluso por el incumplimiento de normas autoimpuestas por la propia empresa, lo que -en definitiva- requiere de una asesoría sólida”, destaca.
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