En 2021, de acuerdo con registros de Ágora, la herramienta de inteligencia de datos de LexLatin, los financiamientos en Ecuador destacaron por su carácter social y solidario, por ejemplo: BlueOrchard Finance Ltd. creó un crédito en favor de la Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador, por dos millones de dólares. Además, EMF Microfinance Fund AGmvK aprobó un préstamo a favor de Banco Solidario, de Ecuador, por tres millones de dólares.
En ambos créditos participó la firma ecuatoriana Dentons Paz Horowitz. Al respecto, Rocío Córdova, abogada especializada en derecho corporativo y socia de la firma, detalló en entrevista que todos los financiamientos en los que participó la firma fueron otorgados por entidades internacionales no financieras especializadas y estos, a su vez, se otorgaron a organizaciones locales del sector financiero.
“Principalmente se buscó promover la inclusión financiera de las personas y el crecimiento de las microempresas en los países emergentes, así como impulsar el crecimiento sostenible de dichos países a través de la financiación e inversión a instituciones financieras locales”. María del Mar Heredia, directora legal en Dentons Paz Horowitz, agregó que el papel jugado por estas entidades internacionales fue importante en la recuperación económica durante 2021, ya que con sus créditos fue posible otorgar microcréditos para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 90 % de unidades productivas del país.
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De acuerdo con ambas abogadas, las dificultades operativas para concretar estas operaciones estuvieron vinculadas con la burocracia gubernamental y con la logística sobre la legalización de documentos en el contexto de la pandemia, en especial para la obtención de certificados, y a la aplicación para la exención del impuesto de salida de capitales (ISD), necesario para el pago de los préstamos.
El 10 de diciembre, justo antes de cerrar el año, el Gobierno de Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 284, con el que declaró como un tema prioritario el otorgamiento de microcréditos de interés social, a tasas de 1 % anual y hasta 30 años plazo, a través de la banca pública.
“Esto tiene la finalidad de contribuir al fomento de la producción y el empleo. Por lo tanto, se espera que al cierre de este año la Junta de Política y Regulación Financiera aplique la nueva tasa de interés y plazo”, comentó Rocío Córdova.
Refiere la socia que el gobierno -además- alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vinculado con su programa de Servicio Ampliado (SAF). Con este, Ecuador tendrá acceso a financiamiento por 800 millones de dólares, bajo el compromiso de reformar el marco de las asociaciones público-privadas, los mercados de capitales de trabajo y el entorno empresarial para atraer inversión.
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Proyecciones para 2022
El primer evento del año al que asistió el presidente ecuatoriano fue al otorgamiento de ocho de estos créditos en el Centro Agrícola Cantonal de Latacunga. Ahí el mandatario reafirmó que el impulso al emprendimiento y a la agricultura son prioridades de su administración.
De acuerdo con las abogadas de Dentons Paz Horowitz, la reforma presupuestaria para el 2022 presentada por el Gobierno refleja la necesidad de financiamiento para cumplir con su plan económico a través de multilaterales, deuda interna y colocación de bonos en el mercado internacional.
“Esto permitirá la recuperación de la liquidez y crecimiento de la economía ecuatoriana y, respecto de los créditos del sistema financiero, se han venido acelerando en el último año y se espera que continúen creciendo, pues se aplicó una disminución de las tasas de interés activas y se otorgaron plazos más largos en las operaciones, a fin de estimular su demanda, dinamizar el sector empresarial y reactivar la economía del país”, refiere María del Mar Heredia.
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