El habitualmente desafiante fuero arbitral peruano reporta una tendencia que favorece su desarrollo. A decir de Juan Manuel Loza, socio fundador de Loza Legal - Arbitration & Litigation, el análisis de costos arbitrales y la duración del proceso son dos factores de valor que están incentivando a las partes involucradas a tomar soluciones negociadas. El trato directo y la transacción son aspectos que, desde su experiencia, han contribuido en impulsar el arbitraje sobre todo en etapas tan complejas como la pandemia.
Loza destaca la solidez del caso como un aspecto estratégico en la negociación. Lo cual redundará en un proceso arbitral expedito y eficiente, explica:
“No hay mayor incentivo para negociar que la contraparte aprecie que tu caso tiene grandes probabilidades de éxito. En este punto, la estrategia cautelar y la firmeza probatoria son claves, así como las victorias parciales en incidentes (recusaciones, objeciones) denotan una intención de avanzar rápido en el procedimiento y obtener el resultado favorable al cliente”.
En entrevista con LexLatin, el especialista delinea paso a paso el camino para comprender las áreas de ventaja generadas por la negociación previa y la transacción como nuevas tendencias en el proceso arbitral.
No dejes de leer: Los espacios de crecimiento para el arbitraje latinoamericano
¿Qué aspectos son imprescindibles en la negociación durante un proceso arbitral?
Juan Manuel Loza: Fundamentalmente, en el arbitraje peruano el análisis de costos arbitrales y la duración del proceso son aspectos que incentivan a las partes a adoptar soluciones negociadas. En algunos casos, ni bien termina el primer set de memoriales, con la debida evaluación de las pruebas aportadas, se retoman o intensifican las conversaciones de trato directo y se privilegia la transacción, algo que en la etapa crítica de la pandemia produjo beneficios y, hasta la fecha, esa sabiduría se conserva.
Inclusive las partes prefieren suscribir las transacciones y solo ponerlas en conocimiento del Tribunal Arbitral, a efecto de finalizar la controversia, sin necesidad de solicitar la emisión de un laudo consensuado.
Seguramente, en este ámbito de las transacciones arbitrales será necesario que los centros incorporen trámites más céleres de liquidación y devolución de gastos arbitrales, en especial cuando en las propias transacciones las partes llegan a acuerdos respecto de la distribución de los gastos.
¿Cómo se emplean los plazos y costos en un proceso de negociación como herramientas claves dentro de un proceso arbitral? ¿En qué sentido se configura una solución especial?
En algunos casos, recién cuando al fin consiguen el laudo, las partes advierten que lo mejor era negociar tempranamente. Muchas veces el laudo llega tarde para la satisfacción de los derechos e intereses de las partes o a veces el laudo no termina de sellar todas las cuestiones en controversia y se prolonga con una ejecución judicial.
Salvo en casos realmente complejos de reclamaciones técnicas, un Tribunal Arbitral termina siendo un catalizador de reclamaciones iniciales que acompaña un potencial acuerdo amistoso entre partes, allí la calidad de los árbitros es determinante. Si tenemos árbitros con prácticas de procesalismo arcaico o enemigos de las buenas prácticas internacionales en arbitraje la disputa terminará siendo el peor escenario para litigar y para negociar.
En cuanto a plazos, se pueden negociar hasta los términos de la ejecución del laudo, la cuestión viene cuando el arbitraje empieza a ser una barrera de solución a la controversia por factores diversos (costos, duración, formalismo, inflexibilidad, burocracia, etc.).
¿Qué factores la están volviendo tendencia en Perú?
Que, al margen de la especificidad de la materia en controversia, los clientes exigen tener en la línea de defensa a abogados expertos en litigación y derecho procesal, no solamente para la estrategia del caso puntual, donde hay una serie de aspectos procesales que implementar, sino porque en el arbitraje peruano se suelen abrir frentes judiciales derivados: cautelares, pruebas, amparos, recursos extraordinarios, ejecución e impugnación de laudo.
Esa tendencia es sumamente ventajosa para un cliente en una reclamación: tener el derecho y saber hacerlo valer en el proceso o los procesos que se instauran entre sí.
Te puede interesar: La autorización previa del procurador en el nuevo reglamento arbitral de Ecuador
¿Qué áreas de mejora quedan pendientes para evitar dificultades en los fueros arbitrales?
Hay muchas cosas por mejorar. Los pocos centros arbitrales con la debida solvencia profesional y organizativa son un ejemplo. En Lima, son dos los realmente atendibles y con muchas mejoras que implementar por delante.
La poca especialidad que existe del árbitro en la propia controversia que dirime. Por ejemplo, un árbitro único designado por una Corte o Consejo Arbitral, aleatoriamente, puede ser especialista en derecho tributario, quizá de los más connotados, y la controversia consiste en una problemática de puro derecho civil del que no está acostumbrado en el día a día. También califican los árbitros que deben resolver cuestiones periciales, económicas y matemáticas con un grado de sofisticación y no necesariamente están preparados para ello o no lo demuestran. Es preocupante la facilidad con que un árbitro se convierte en tal, como si el rol de juzgar y la ciencia procesal que está detrás fuese una virtud que llega con la de ser abogado de forma automática, cuando no es así y muchos laudos así lo demuestran.
La forzosa solución salomónica en fijación de costes arbitrales, que algunos Tribunales no superan, deja muchas veces al litigante de buena fe en posición de no reconocerle justamente en materia de gastos.
Además están las indefiniciones sobre los alcances de la motivación del laudo; la sustracción de cuestiones elementales en la justificación de las decisiones que los usuarios del arbitraje peruano comienzan a advertir como poco lógicos después de años y costes altos de litigación. De esta manera, las soluciones autocompositivas empiezan a tener un grado de satisfacción extraprocesal, que las partes prefieren obtener en comparación con largos procesos arbitrales.
Serán las buenas prácticas de organización procedimental, como por ejemplo las de buen establecimiento de reglas y calendarios procesales, sumado a los poderes arbitrales eficientes, los que incentiven a las partes a sumirse en un arbitraje con expectativas legítimas de solución de sus controversias.
¿Cómo se encuentra el Perú respecto de la efectividad de sus procesos arbitrales en comparación a otros fueros de la región?
El análisis es contrafactual: ¿Cómo deberíamos estar si supiéramos usar adecuadamente la ejemplar Ley de Arbitraje que tenemos y si el propio mercado realizara las debidas autocríticas para mejorar la calidad de los árbitros y la calidad de los laudos? El sistema de justicia peruano respeta a la institución arbitral; los cambios para mejorar deben provenir del propio mercado arbitral peruano y lograr fortalecer esta comunidad con un mensaje claro sobre sus ventajas, eficiencia y ética.
Siempre que los justiciables aprecien al arbitraje como un sinónimo de proceso justo que respeta las garantías constitucionales y procesales mínimas habrá posibilidad de convertirlo en un mecanismo de solución de controversias legitimado y bien visto, para ello los operadores jurídicos son claves.
}
Add new comment