Uno de los proyectos públicos en ejecución con mayor presupuesto en Perú está vinculado al recurso hídrico. Se trata del proyecto de agua potable y saneamiento en Juliaca, en la región de Puno. Según fuentes oficiales, el primer semestre de 2022 ha arrancado, para esta región, con más de una veintena de proyectos de este perfil. Se proyecta que en los próximos meses ese volumen llegue a duplicarse mediante inversiones lideradas, principalmente, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Tan solo en el 2021, el sector culminó 32 obras de este tipo.
Hace menos de tres meses y con el objetivo de optimizar la gestión del recurso, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), inauguró el Centro de Información de Recursos Hídricos, con el objetivo de potenciar el Observatorio del Agua. Esta iniciativa y el recuento en materia de proyectos da idea del contenido de la agenda vinculada al aprovechamiento y gestión del recurso hídrico del Perú.
Una debida articulación de esta agenda, a decir de Santos Ernesto Mendoza, especialista en derecho administrativo y asociado senior en Vignolo & Reyes Arrese Abogados, requiere una planificación integral y multisectorial del recurso.
“Una planificación integral permitirá mayor claridad legal en los procedimientos administrativos, así como una notable celeridad al momento de obtener los títulos habilitantes necesarios para el aprovechamiento del agua, en el marco de la ejecución de proyectos energéticos, de irrigación o mineros de gran envergadura”, detalla.
Mendoza nos orienta en un paso a paso por aquellos aspectos claves a contemplar en caso de apostar por un proyecto que haga foco en el uso de este recurso que ya escasea en la región.
¿Cuál es el panorama regulatorio en el Perú para el aprovechamiento del agua hacia el 2022?
Santos Ernesto Mendoza: El agua es un elemento escaso, por lo que es necesario optimizar su aprovechamiento sin descuidar su calidad, sostenibilidad o cuidado ambiental. Su óptimo aprovechamiento se materializa no solo en satisfacer las necesidades de las personas a través de los distintos derechos de uso, otorgados por la autoridad hídrica, sino también en relación con el desarrollo de infraestructura y su oportuna vinculación con otros sectores económicos, como la minería, agroexportación, electricidad, turismo, entre otros.
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La pandemia no ha sido ajena al desarrollo de este sector: la paralización ha impedido que continúen iniciativas vinculadas con proyectos de irrigación o saneamiento. Las diversas medidas de reactivación económica de los últimos meses ofrecen un panorama prometedor respecto del aprovechamiento del recurso en su vertiente industrial.
Es importante resaltar la continuidad en las labores de la Autoridad Nacional del Agua en el contexto de pandemia, que permitió que diversos procedimientos administrativos, de proyectos en ejecución o solicitudes particulares de aprovechamiento del recurso pudieran seguir avanzando sin perjudicar las necesidades de los administrados.
¿Propiciará el crecimiento de alguna actividad en específico, como la minería, agro o acuicultura?
La importancia del agua en diversos sectores económicos responde a la necesidad de su uso. Nuestro marco regulatorio, luego del uso primario para actividades básicas, prioriza el uso poblacional, es decir, se refiere a toda solicitud o trámite destinado a satisfacer los proyectos de aprovechamiento del agua de una fuente o red pública debidamente tratada, entre las que encontramos las actividades y proyectos de saneamiento.
Como tercer orden de prioridad en el otorgamiento de derechos de uso de agua, según nuestra legislación, encontramos los usos productivos, en los que se contemplan actividades agrícolas, acuícolas, pesqueras, energéticas y mineras. Es importante tener claro este orden de prioridad, ya que, ante las distintas características de las cuencas hidrológicas y los planes de gestión del agua y la disponibilidad del recurso, podrá variar drásticamente la demora y dificultad en el otorgamiento de distintos derechos de uso en atención de las actividades industriales priorizadas.
Los proyectos de saneamiento e irrigación requieren de iniciativas privadas importantes para su desarrollo, lo que genera mucha expectativa a medida que continúan las políticas de reactivación económica y la superación de la pandemia. Asimismo, las facilidades y ventajas del aprovechamiento del agua en el campo de la agroexportación suponen alternativas de inversión interesantes en nuestro país. Finalmente, el creciente desarrollo de las industrias relacionadas con energías renovables está priorizando la inversión no solo en fuentes de producción alternativa, sino también en la implementación de proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, así como en el perfeccionamiento de las grandes centrales, garantizando el cuidado del recurso y la responsabilidad ambiental.
¿Qué desafíos legales se avecinan en este segundo año de pandemia para las industrias que requieren este recurso?
Un desafío transversal a todos los actores vinculados con la gestión de los recursos hídricos es promover una debida planificación hidrológica, que no solo se centre en el diseño del aprovechamiento del agua como recurso autónomo. El objetivo es lograr una planificación integral y multisectorial del agua, donde los planes hidrológicos se nutran con los planes energéticos, mineros y con las diversas estrategias de todas las industrias.
Esta planificación integral permitirá mayor claridad legal en los procedimientos administrativos, así como una notable celeridad al momento de obtener los títulos habilitantes necesarios para el aprovechamiento del agua, en el marco de la ejecución de proyectos energéticos, de irrigación o mineros de gran envergadura.
Asimismo, uno de los mayores desafíos es la consolidación de diversas iniciativas relacionadas con el saneamiento, tanto desde el ámbito de abastecimiento poblacional como de la inversión en proyectos de reutilización de aguas, tratamiento de vertidos y servicios en zonas rurales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aún el 10,6 % de la población total del país no accede a una red pública de agua, es decir, se abastece de agua de formas alternativas, tales como, camión-cisterna (1,2 %), pozo (2,0 %), río, acequia, manantial (4,0 %) y otros (3,3 %); siendo la población rural la más afectada, pues el 28.1 % de esta no tiene acceso al agua mediante redes públicas.
Finalmente, otro desafío importante es la ejecución de proyectos respetando los estándares ambientales y ecológicos, para lo que debe existir un claro conocimiento de la legislación sectorial relacionada con la protección ambiental, control de calidad del recurso y debido cuidado ecológico en los caudales. Esto es sumamente importante para garantizar el uso responsable del recurso, pues ayudará a prevenir el inicio de procedimientos administrativos por vulneración a dichas normas.
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¿Cuáles son las normas claves a considerar para aquellas compañías que deseen desarrollar un proyecto de gestión eficiente del recurso hídrico?
Depende del sector económico en el que se desarrolle determinado proyecto, por lo que es necesario conocer claramente la interrelación entre las normas hídricas y la legislación sectorial aplicable. Sin embargo, desde un marco general, encontramos las disposiciones establecidas en la Ley de Recursos Hídricos N.º 29338 y su Reglamento, así como el Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento D.S. N.º 005-2020-VIVIENDA, y su Reglamento.
Desde una óptica sectorial, consideramos fundamental tener en cuenta la Metodología para Determinar Caudales Ecológicos, la Resolución Jefatural N.º 154-2016-ANA, el Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades Eléctricas D.S. N.º 014-2019-EM, así como las disposiciones para la simplificación de procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua, D.S. N.º 022-2016-MINAGRI y R.J. N.º 021-2017-ANA, sin perjuicio de los diversos reglamentos procedimentales establecidos por la ANA.
Finalmente, se debe recurrir de manera constante tanto a la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos como al Plan Nacional de Recursos Hídricos, conjuntamente con la normativa correspondiente al sector económico en el que se desarrolla el proyecto de inversión correspondiente.
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