En materia de derecho al consumidor, uno de los pendientes en Panamá es la discusión sobre las funciones de la Dirección Nacional de Verificación y Metrología. La propuesta, extendida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), está en evaluación en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y busca modificar la Ley 45 de 2007, que es el marco normativo sobre los derechos del consumidor.
A decir de Gilberto Cruz Ríos, socio y fundador de Cruz Ríos & Asociados, la creación de esta Dirección proporcionará un mayor control sobre las actividades que requieran un refuerzo en materia de protección al consumidor.
“La entidad dará respuestas y mayor consistencia desde lo jurídico, cuando se presente un escenario de medidas variables. Esta oficina podrá generar un clima de confianza a favor del consumidor, a través de un departamento especializado que genere una estadística comparativa de los distintos rubros”, explica.
A la posibilidad de contar con un registro y un marco consistente mediante la creación de una Dirección Nacional, se suma el compromiso con la celeridad procesal contemplada desde la misma autoridad. Así lo expresó, hace casi dos meses, el administrador general de Acodeco, Jorge Quinteros, al presentar el proyecto.
"Los cambios propuestos en el proyecto buscan darle celeridad a las etapas procesales, simplificando los procesos para que los consumidores tengan una respuesta más rápida a sus quejas. Igualmente, sancionar de forma inmediata a los agentes económicos en temas puntuales como productos vencidos y deteriorados, sin necesidad de llenar un acta".
En materia de sanciones, el proyecto propone que sean impuestas mediante boleta única recurrible. De acuerdo con el abogado de Cruz Ríos & Asociados, esto implicaría mayor recaudación para la autoridad y un espacio de mayor fiscalización y regulación.
“Las boletas, sanciones y multas que se desprendan de la creación de la Dirección Nacional estimularía el acto administrativo y provocaría una entrada para la entidad en sus fondos de autogestión. Por su parte, los agentes económicos tendrán que ser más rigurosos en su cumplimiento y en la actualización o reforma de medidas, en caso de que el proyecto de reforma de Acodeco tenga luz verde. Las empresas tendrán que ajustarse a la Dirección, por ejemplo, y asumir todas las medidas y garantías que se establezcan para su funcionamiento”.
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A continuación Gilberto Cruz Ríos, especialista en derecho civil, administrativo y en la asesoría integral de empresas en materia de litigios, atiende tres consultas claves para entender los desafíos que afrontaría la creación de la Dirección Nacional de Verificación y Metrología en caso de aprobarse el proyecto de la Acodeco, así como los retos en materia de derecho al consumidor en Panamá.
¿Cuál es su balance sobre el marco de sanciones actualmente aplicadas por Acodeco?, ¿qué mejoras ve necesarias de aplicar?
Gilberto Cruz: La Acodeco es una entidad que debe crecer conforme el mercado se dinamiza y debe, en algún momento, dejar de ser una autoridad.
En ese sentido, el proyecto propuesto es una iniciativa que busca el desarrollo del rol de la autoridad, reforzando su gestión en la Ley (Ley 45 del 2007) para que el consumidor esté realmente cubierto y protegido conforme a los comportamientos del mercado. Cabe recordar que el dinamismo del mercado y su variabilidad con las nuevas tendencias, como lo es el e-commerce, sobrepasan la Ley del consumidor promulgada hace 15 años. En ese entonces, nada de lo que vemos ahora se avizoraba.
Las modificaciones propuestas destacan la importancia de proteger la inversión inmobiliaria de los consumidores. ¿Cuáles son los principales desafíos que actualmente tiene este sector para sus consumidores?
Las inmobiliarias, como sector, representan un tema que siempre ha sido punto de controversia en materia de protección al consumidor y, en este sentido, la claridad de los contratos de promesa de compraventa y el cumplimiento de las exigencias de parte y parte son una de las claves del éxito de la relación entre el comprador y la promotora, que determinaría la disminución de las reclamaciones, que en muchos de los casos son ausentes en el manejo de las garantías y reparaciones que se deben dar.
Creo que ese es el desafío central que se debe afrontar.
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Además del inmobiliario, ¿qué otros sectores resultan problemáticos para el consumidor en Panamá? ¿Cómo ha contribuido la pandemia en reconocer que hace falta reforzar el marco normativo de los derechos del consumidor?
Aparte del sector inmobiliario, uno de los sectores que más problemas e incidencias en reclamaciones a los consumidores registra es el automotriz, sin dejar de lado las incidencias en las reclamaciones en planes de agencias de viajes y tiempos compartidos que también han tomado mucha preponderancia en los últimos tiempos.
Respecto de la pandemia, esta ha servido para demostrar la eficiencia de los reclamos en el entorno digital como vehículo para desarrollar algunas acciones comerciales. En línea con lo expuesto en la pregunta anterior, la emergencia sanitaria ha contribuido a que la curva de aprendizaje en materia de derecho al consumidor avance con mayor velocidad, situando las demandas alrededor de una regulación de todo aquello que, hasta ahora, la ley no ha contemplado.
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