Más allá de la tendencia, la institucionalización del trabajo pro bono en América Latina representa la esencia de la justicia: facilitar el acceso a los servicios judiciales a quienes no tienen recursos. Paula Samper Salazar es una de las voces con más autoridad y conocimiento de este tipo de servicios en la región. Esta abogada colombiana, con más de 20 años de experiencia profesional, dirige el área pro bono de Gómez-Pinzón Abogados y es miembro fundadora de la Fundación Pro Bono Colombia.
Ella lo tiene claro. Reconoce el interés incipiente que hay en las firmas por reforzar los servicios pro bono, pero lamenta que América Latina esté apenas empezando a resolver esta necesidad. Nos lo cuenta en la nueva entrega de Rompiendo Moldes.
— ¿Cuál es su carta de presentación como abogada?
— He dedicado toda mi carrera a formarme y crecer en una firma de abogados que pueda ser el mejor lugar de trabajo, que preste servicios de calidad, y que sea responsable socialmente. Mi pasión ha sido contribuir al ejercicio de la profesión en mi país, Colombia, con calidad humana y solidaridad.
— Cuando mira atrás y hace una valoración de lo que ha andado hasta ahora en su carrera, ¿qué experiencias y qué personas han tenido mayor impacto en lo personal y lo laboral?
— Interesante la pregunta. Por supuesto, le debo mucho a Enrique Gómez, fundador de la firma y quien me contrató hace 25 años. Su visión del servicio al cliente ha sido siempre la que nos orienta. Después, fue muy especial tener como mentor a Alejandro Linares. Él supo orientarme hacia el trabajo pro bono, tal vez sin saber que allí encontraría una gran pasión en mi vida. Siempre le estaré agradecida por eso.
Pero sin duda, haber logrado la existencia de la Fundación Pro Bono, la cual hoy reúne a 50 firmas y grupos legales empresariales trabajando por el acceso a la justicia de los más necesitados, ha sido la obra más importante de mi carrera. Me retiraría satisfecha solo con saber que contribuí en algo para reducir la desigualdad de nuestro país.
— De no haber sido abogada, ¿qué otra profesión cree que habría desempeñado con éxito y pasión?
— La de periodista. Me apasiona escribir, analizar las noticias, opinar y entrevistar a personas. Pero cuando yo salí del colegio, el periodismo no era una carrera. Todos me dijeron “estudie Derecho”. Por entonces muchos periodistas eran abogados. Véame aquí, 25 años después de abogada.
— ¿Qué es lo más satisfactorio y lo más frustrante de trabajar para el sector inmobiliario en Colombia?
— Lo más satisfactorio es que siempre hay trabajo. Es un sector muy dinámico. Una nunca se queda sin trabajo. Tal vez lo más frustrante sean los procesos burocráticos a las que hay que enfrentarse, por la dificultad de los trámites. Son obsoletos y poco eficientes. Nos falta modernizar mucho el sector.
— ¿Cómo ha cambiado este sector ante eventos tan significativos como el proceso de paz en Colombia?
— Todavía no hemos visto los cambios. Es evidente que un punto crítico del proceso de paz es el de las tierras, pero estamos hasta ahora comenzando. Déjeme decirle que algunos de los acuerdos de la Habana se refieren a temas que había que hacer en todo caso, como son modernizar el catastro, definir el tema de las unidades agrícolas familiares, etcétera. Nos falta mucho por recorrer. Es importante que el Gobierno envíe un mensaje de optimismo a los inversionistas. El campo debe modernizarse, generar más empleo, y ser un sector más dinámico. Tiene que dejar de ser un área de pobreza, como lo es hoy en tantas regiones de Colombia.
— Usted es directora del área pro bono de Gómez-Pinzón Abogados, formó parte del Comité Redactor de la Declaración Pro Bono del Continente Americano del Cyrus Vance Center y es, además, presidenta del Consejo Directivo en Fundación Pro Bono Colombia. ¿Por qué necesita América Latina que se siga fomentado el trabajo pro bono dentro de las firmas de abogados? ¿Qué diferencia puede tener el impacto de estos servicios en los países latinoamericanos en comparación con otras regiones?
— En primer lugar, es un poco triste que teniendo tanta necesidad de acceso a la justicia y una población en pobreza absoluta en América Latina, estemos todavía en un punto tan incipiente. Los abogados de Estados Unidos nos llevan años luz en la prestación de servicios pro bono, a pesar de que nosotros seamos países mucho más necesitados. Es indispensable hacer que sea, de verdad, parte de la cultura de nuestras firmas. Hay que generar incentivos, obligaciones en los estatutos que regulan la profesión si es necesario, darle mayor visibilidad, y lograr que todos - desde los más altos directivos de las firmas hasta los estudiantes - lo hagan con responsabilidad.
— En este mismo sentido, usted habló hace algunos años públicamente de la “falta de entusiasmo” generalizada entre socios de las firmas colombianas con el trabajo pro bono. ¿Cree que se ha avanzado lo suficiente en este sentido? ¿Observa un creciente entusiasmo de cara al futuro?
— Creo que las firmas en Colombia han avanzado mucho en fomentar el trabajo pro bono, en hacerlo parte de su cultura corporativa, e incluso apoyarlo económicamente. Las hay que hacen aportes anuales a instituciones como Fundación Pro Bono Colombia. Institucionalmente el tema está claro: hace parte de las firmas colombianas. Esto es un avance inmenso, no lo puedo obviar.
Sin embargo, a la hora de atender al cliente y hacer el trabajo jurídico como tal, quienes lo hacen son en su mayoría los abogados más jóvenes. Creo que algunos socios se contentan con permitir que sus abogados lo hagan, pero no lo hacen ellos. ¡No se imaginan el efecto tan importante que tendría el que ellos mismos dieran el ejemplo!
— Su lista de proyectos es ciertamente extensa. También es tesorera de Women´s Link Worldwide (WLW). Uno de los principios fundamentales de esta organización es involucrar al sistema judicial con los derechos humanos. Es un planteamiento que podría parecer redundante en términos legales. ¿Qué trabajo tienen pendiente las jurisdicciones de la región para fortalecer su compromiso por el respeto a los derechos humanos?
— El modelo de WLW es precisamente el de generar conciencia en los actores judiciales sobre los derechos de las niñas y las mujeres, para lograr el cambio social a través del Derecho. Créame, no es redundante; al menos no todavía. Seguimos teniendo problemas sociales apremiantes en nuestros países. A veces, un solo caso legal puede marcar la diferencia, generar tendencias de cambio, y ayudarnos a resolver problemas sociales. De nuevo, se conecta con la necesidad de no ver la profesión solo como un negocio, sino también como un instrumento de cambio social.
— Muchas abogadas cuentan que los clientes han sido determinantes para que las firmas implementen programas de diversidad sexual y de género, de respeto al medioambiente, o como decíamos, de compromiso con los derechos humanos. ¿Cómo se producen estos roles a la inversa? ¿Cree que el sector legal está cumpliendo con el deber moral de exigir lo mismo a sus clientes antes de representarlos?
— Tal vez no. Creo que los abogados, en general, podríamos ser un poco más cuidadosos en el análisis que hacemos de nuestros potenciales clientes. Incluir temas de diversidad, de respeto por los derechos humanos, y lo que es más urgente, de ética y anticorrupción, sería un gran aporte a la sociedad y al ambiente de los negocios.
— Por último, en su papel como abogada de firma y de organizaciones benéficas, ¿qué espera del 2018? ¿Diría que el Derecho sirvió en el 2017 para empoderar más a las personas y a las instituciones en Colombia?
— Desafortunadamente en Colombia el año 2017 será recordado, en materia de justicia, como uno de los más tristes. Nuestras cortes más importantes se vieron contaminadas por escándalos de corrupción que antes no habíamos visto. Abogados y abogadas presenciamos con sorpresa los detalles, las pruebas y los relatos. Vimos a nuestra justicia más débil que nunca. Así fue incluso en la Corte Constitucional, patrimonio y orgullo de Colombia, reconocida internacionalmente como una corte progresista, garantista con los derechos humanos y moderna.
Devolver la dignidad a la justicia es prioridad en 2018. Créame, ningún proceso de paz en el mundo puede salir adelante si no hay justicia. Si la gente no puede acudir a sus servicios para resolver sus problemas cotidianos, seguirá haciéndolo de otras maneras, entre ellas por medio de la violencia. ¿Sabía usted que cerca de la mitad de la gente que necesita resolver un problema legal en Colombia, no acude a las instancias legales? ¿Cómo vamos entonces a resolver problemas sociales? Yo sin embargo, seguiré siendo una optimista irredimible. Si reformamos algunos mecanismos de elección y nos inspiramos en las cortes de otros países, podríamos ver un futuro mejor.
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