Desde que entrásemos en el 2018 no ha habido mes que diese tregua a los movimientos sociales y activistas por los derechos humanos. Siendo este un año marcado por numerosos comicios electorales en la región, la posible deriva política de los países latinoamericanos ha agitado consensos que ya parecían conquistados en algunas instancias.

Hace poco más de tres meses Costa Rica celebraba unas elecciones presidenciales cuya agenda fue profundamente marcada por los derechos de las personas LGBTI. Si bien las campañas electorales pueden girar en torno  a numerosos aspectos de la política, no es tan común que el debate electoral se centre en el plano de los derechos humanos y más en concreto en temas como el matrimonio igualitario. Pero ahí estuvo Costa Rica desde que en enero la Corte IDH emitiera el fallo a la opinión consultiva. Las semanas previas a las elecciones se convirtieron en una especie de salto mortal. Derechos que se querían dar por blindados y garantizados por algunas políticas de Estado fueron cuestionados y abiertamente rechazados por sectores conservadores de la clase política y la población.

Acontecimientos como el señalado prueban que por mucho que el Derecho avance, de nada servirán las sanciones de leyes que no vayan acompañadas de políticas públicas, recursos o campañas de sensibilización, entre otras cosas, para erradicar la violencia que es sistemáticamente ejercida contra las personas LGBTI.  

América Latina: hacer la ley inaplicable

Estamos en julio y para estas fechas ya se habrán celebrado numerosas marchas por el orgullo gay en América Latina y el mundo. Cada país y cada ciudad tienen agenda propia, aunque todas giran en torno – unos días más, unos días menos – al 28 de junio, fecha que conmemora los disturbios de Stonewall. Fue ese día de 1969 cuando una redada policial desató una serie de protestas que acabaron en disturbios. Los hechos, entre otras personas,  fueron protagonizados por Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, mujeres trans, activistas y autodenominadas drag queens. Marsha y Sylvia posteriormente fundarían STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries) con el objetivo de prestar apoyo a las personas LGTBI más excluidas y las mujeres trans sin hogar. Los nombres de Marsha y Sylvia han vuelto a trascender en el último año ante los reclamos del movimiento LGBTI, que reivindica visibilizar la extrema violencia que sufren particularmente las personas trans. De hecho, no ha sido hasta este año 2018 que la Organización Mundial de la Salud sacase la transexualidad de la lista de enfermedades sexuales.

Si bien en la región latinoamericana se han sucedido marchas a lo largo y ancho del continente, sus países no pueden contentarse con tener algunas de las leyes más vanguardistas en lo que a derechos de las personas LGBTI se refiere. El matrimonio homosexual está permitido en Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y en varios estados mexicanos, pero las tasas de violencia contra esta comunidad en la región son de las más altas del mundo. 

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Marcello Pedroso y Rodrigo Diniz - Socio Senior y Asociado de Demarest Advogados respectivamente – son miembros de Demais, iniciativa de la firma brasileña para consolidar su apoyo institucional a los derechos de la comunidad LGBTI. Los abogados coinciden en que el panorama latinoamericano presenta unas políticas específicas respecto a la concesión del derecho al matrimonio igualitario por parte los Estados, mientras que en la realidad es posible identificar mucha contradicción:

Si tomamos Brasil como ejemplo, solo se dio paso al matrimonio entre personas del mismo sexo en 2011, tras la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que entendió que la Constitución Federal no restringe el matrimonio a personas de sexos opuestos. La recepción no fue inmediata, de forma que varias parejas homosexuales aún tuvieron que ingresar judicialmente para el reconocimiento de sus derechos. Esta es una verdadera contradicción entre una determinación judicial y la realidad fáctica.”

Irene Aguilar, abogada costarricense especializada en Derechos Humanos de BLP, remite al reciente “Informe sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género” presentado por Víctor Madrigal Borloz. En dicho informe el Experto Independiente de Naciones Unidas ofrece un análisis general de los actos de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género:

“Esos actos se cometen en todos los rincones del mundo y las víctimas se cifran en millones cada año. Tales actos abarcan desde la exclusión y la discriminación cotidianas hasta los actos más atroces, como la tortura y las ejecuciones arbitrarias, y su causa subyacente es la intención de castigar la no conformidad de las víctimas con las nociones preconcebidas sobre lo que debería ser su orientación sexual o identidad de género.”

Así, el Experto Independiente destaca cómo las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y de género no conforme se ven afectadas por esos actos y cómo diversos factores interseccionales repercuten en su vulnerabilidad y en su riesgo de exclusión y marginación. El vínculo entre el discurso de odio y los delitos motivados por prejuicios, el papel de los medios de comunicación en la amplificación y difusión de mensajes que refuerzan el estigma y fomentan la violencia y la discriminación son algunos de los focos que expertos, activistas, abogados y cualquier actor involucrado en la protección de los derechos humanos están reclamando. Según Irene Aguilar: 

Irene Aguilar

Esto no puede resolverse solo con la adecuación normativa a las obligaciones que asume el Estado. Además de la reforma legal, se requiere poner en marcha otras medidas. En las sociedades latinoamericanas persiste la discriminación, la violencia estructural y la cultural. Ese tipo de violaciones a derechos humanos no se pueden combatir solamente con legislación y con ratificación de tratados internacionales”.

En el caso de Brasil, Marcello Pedroso y Rodrigo Diniz tienen en cuenta la escasez de proyectos de educación sexual o de un sistema que garantice y proteja los derechos de las personas LGBTI. Cuando sólo algunos derechos puntuales son lentamente absorbidos, no se alcanza un cambio social a gran escala. “Problemas como la LGBTfobia permanecen intactos en la superficie”, dicen.

¿Cuáles son los factores que coinciden en espacio y tiempo para que a pesar de las leyes, se sigan vulnerando y violando derechos? Aguilar explica que la estigmatización está profundamente arraigada a nuestra cultura: “Persiste la negación de la existencia de las personas LGTBI en nuestras sociedades. Si existe un reconocimiento legislativo, pero las personas que deben aplicar la ley no conocen los derechos humanos de las personas LGTBI, violentarán sus derechos. La ley se vuelve inaplicable.”

Desde Demarest añaden que: “En primer lugar, hay que aclarar que no hay, en Brasil, ninguna ley sobre los derechos de la población LGBTI. Se identifica un gran conservadurismo político que penetra en el Estado, en particular en el poder legislativo, que incluso ante las decisiones paradigmáticas del Supremo, no aprobó ningún avance para legislar. Una de las razones para que la violencia perdure a niveles alarmantes, está en el hecho de que avances propiciados, como el matrimonio igualitario, no van acompañados de políticas públicas educativas o campañas para la garantía de esos derechos. No hay aceptación social para el real ejercicio de la dignidad. Otro factor relevante es la marginación, en especial de la población trans, que muchas veces no encuentra amparo en el ambiente familiar y tiene todo su desarrollo comprometido. El rechazo puede terminar en situaciones límite de supervivencia, llevando a estas personas a tener ‘subempleos’, sin que se identifiquen políticas públicas efectivas para la reinserción de esta población en la sociedad.” 

Rodrigo Diniz

La opinión consultiva, ¿y ahora qué?

Como mencionábamos, en enero de este año la Corte IDH resolvió que el Estado de Costa Rica debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, el fallo se hacía extensible a todas las jurisdicciones de la Corte, añadiendo instrucciones para que estos derechos quedasen blindados desde el mismo día en que se hacía pública la decisión.

¿Se han puesto en marcha los legisladores de forma inmediata para acatar la decisión de la Corte?

En el caso de Costa Rica, con anterioridad a la opinión consultiva ya se habían dado pasos importantes. Irene Aguilar cuenta que en las últimas semanas se han dado otros hacia la implementación del fallo. El Tribunal Supremo de Elecciones permitirá a las personas trans registrar un cambio de nombre, acorde con la identidad de género con la cual se identifican, con un procedimiento sencillo, no estigmatizante y gratuito. Además, el nuevo gobierno ha nombrado un Comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTI (el abogado Luis Eduardo Salazar Muñoz), que permitirá coordinar las acciones que desde el Ejecutivo sean necesarias para el avance de los derechos de la población LGBTI.

En el caso de Brasil, Pedroso y Diniz exponen que: 

Marcello Pedroso

“Hay varios proyectos de ley actualmente en trámite. El PLS 612/2011, que busca reconocer expresamente la unión estable entre personas homosexuales. Contempla que entidad familiar es la unión estable entre dos personas, en contraposición a la unión estable entre el hombre y la mujer (art. 1 Ley 9.278 / 1996). También el PLS 658/2011, que reconoce el derecho a la identidad de género y al cambio de nombre en la documentación de personas trans y el PLS nº 134/2018, que crea el Estatuto de la Diversidad Sexual y de Género. Sin embargo, ya se prevé gran resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad en la aprobación de dichas leyes, en vista de la gran inserción de éstos en el Senado y en la Cámara, de forma que no podemos afirmar que Brasil esté en la dirección para avanzar en el tema.”