Durante este año se espera que los Poderes Legislativos de varios países de América Latina discutan reformas laborales, tributarias, de pensiones y sobre cómo regular la inteligencia artificial.
LexLatin consultó a especialistas de firmas legales ubicadas en Brasil, México, Argentina y Venezuela para documentar los mayores pendientes normativos que están por tratarse. Los temas hacen intersección en la dependencia del contexto político —con elecciones en algunos países como México, Venezuela, Panamá, El Salvador y Uruguay— además del contexto económico global y la posibilidad de que se reviertan algunos avances, como el levantamiento de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, como está ocurriendo en el caso de Venezuela.
Brasil: Normas complementarias a la reforma tributaria y la reforma civil
Brasil terminó 2023 con una reforma muy importante y esperada: la reforma tributaria. La regulación fue promulgada el 21 de diciembre y tiene como período de transición de 2026 a 2032.
De acuerdo con João Carlos Molisani, abogado de Goulart Penteado, se trata de la primera reforma tributaria realizada al amparo de la Constitución de 1988. El principal objetivo de esta es simplificar la recaudación y el pago de impuestos, ampliando la base recaudatoria al eliminar la separación entre productos y servicios, además de acabar con el efecto cascada de los impuestos indirectos (cuando un mismo impuesto se paga varias veces durante la operación de producción de un bien) y de poner fin a la guerra tributaria existente entre los niveles de gobierno, a través de la estandarización de la recaudación y brindando mayor claridad a los contribuyentes.
¿Cuáles son los cambios que impulsa esta reforma tributaria en Brasil?
- A nivel municipal dejarán de existir el impuesto de servicio municipal (ISS) y el impuesto sobre circulación de mercaderías y servicios de transporte (ICMS).
- A nivel estatal se eliminaron el impuesto estatal y las contribuciones impuesto sobre los productos industrializados (IPI), el impuesto del programa de integración social (PIS) y la contribución de financiamiento de la seguridad social (COFINS).
- A nivel nacional los impuestos federales darán paso al impuesto sobre bienes y servicios (IBS) y la contribución social de bienes y servicios (CBS), así como el impuesto selectivo (IS) utilizado para sustituir al IPI y mantener la Zona Franca de Manaos, ya que afectará la venta e importación de bienes nocivos para el medio ambiente y la salud.
- Sobre el valor agregado (IVA) de la operación se aplicarán el IBS y la CBS.
- Se han dispuesto 4 tasas para el cálculo del impuesto al valor agregado y cada cinco años se realizará una revisión de los beneficios fiscales de los sectores definidos como “estándar” (tasa cero).
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La reforma tributaria al consumo aún depende de la publicación de leyes complementarias, lo que debería ocurrir a lo largo de 2024. Según el área tributaria de Demarest Advogados, en la propuesta aprobada en diciembre hay 98 puntos que requieren una ley complementaria.
Precisamente y derivado de esta, se prevé que el Poder Ejecutivo remita al Congreso Nacional hacia marzo (fecha límite establecida en la Constitución) el proyecto de ley que prevé la reforma de la tributación sobre la renta y el patrimonio. Además, también debería haber iniciativas para reformar los impuestos sobre la nómina., de acuerdo con Paulo Rocha, managing partner de la firma brasileña.
Para este año se espera que el Congreso se enfoque en la reforma laboral, tomando en cuenta que desde la de 2017 no ha habido cambios significativos en el texto legal.
Alexandre Rosa, socio de Goulart Penteado y especialista en esta área de práctica, explica que, por el momento, la discusión más relevante sigue siendo la actuación del Supremo Tribunal Federal (STF) al revocar decisiones que reconocen relaciones laborales (como, por ejemplo, las empresas de aplicaciones) que, en teoría, contradicen la jurisprudencia del tribunal en el sentido de permitir otras formas de contratación.
Otro punto en la agenda parlamentaria es la reforma al Código Civil, cuyo proyecto fue presentado en diciembre. Se espera que el Comité de Juristas concluya sus trabajos en abril, fecha límite para votar todos los puntos propuestos por las subcomisiones de la reforma. El informe consolidado se convertirá en un proyecto de ley que será tramitado en el Senado y, posteriormente, en la Cámara de Diputados.
Luis Felipe Ferrari, también socio del bufete, espera que los principales cambios se den en los artículos que rigen el derecho empresarial, así como el derecho de familia y sucesiones. Sobre la parte general (derecho de obligaciones y contratos y responsabilidad civil), considera que solo debería sufrir correcciones ocasionales.
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México: Reestructura de organismos autónomos y reformas laboral y fiscal
En México las reformas legales previstas para este año, propuestas en su mayoría por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, abarcan desde el ámbito laboral hasta la estructura del Poder Judicial y la subsistencia de varios organismos autónomos. De acuerdo con Pablo Jiménez, socio de Von Wobeser, estas propuestas representan no solo cambios significativos en la legislación, sino en la estructura política mexicana.
Reformas en lo laboral y sistema de pensiones
En el ámbito laboral, el abogado destaca entre las discusiones más relevantes la potencial reducción de la jornada laboral, para pasar de una semana laboral con seis días de trabajo y uno de descanso obligatorio, a cinco días de trabajo y dos días de descanso. Señala que si bien esta medida pretende equilibrar la vida laboral con la personal, podría tener un impacto significativo en la productividad y en el bienestar de los trabajadores mexicanos.
A esto se suma la propuesta de incrementar la prima vacacional y el aguinaldo, una compensación adicional que reciben los trabajadores al final de cada año, reforzando así su poder adquisitivo.
Asimismo, se contempla el aumento de la prima de antigüedad, para recompensar la lealtad y el servicio prolongado de los empleados a sus empresas.
Otra modificación legal que está prevista en México este año es la de las pensiones, con la que el gobierno busca revertir los efectos de la reforma de 1997, y con la que se pretende garantizar que los trabajadores reciban pensiones equivalentes al 100 % de su salario durante su vida laboral activa, con aportes sustanciales del Gobierno Federal.
Reforma al Poder Judicial
La reforma propuesta al Poder Judicial es una de las más controvertidas. Incluye la posibilidad de que jueces y magistrados e incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos mediante voto popular.
Esto representa un cambio radical en el sistema de nombramiento actual y, en teoría, busca una mayor democratización y transparencia en el sistema judicial. Además, se propone la reducción de su compensación, en línea con las políticas de austeridad del gobierno federal.
El despacho considera que, en caso de implementarse, estas medidas podrían reconfigurar significativamente la independencia y la operatividad del Poder Judicial en México.
Organismos autónomos
En relación con la reforma a los órganos constitucionalmente autónomos, se plantea eliminar algunos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Mediante esta reforma, el presidente pretende privar a estos órganos de autonomía constitucional y adscribirlos a diversas secretarías de Estado, argumentando que son instituciones onerosas y superfluas, "que no sirven al pueblo y están al servicio de ciertas minorías". De allí que considera que su eliminación es parte de una necesaria reforma administrativa para simplificar el gobierno y reducir el gasto público.
“Estos organismos han jugado un papel crucial en la regulación de diversos sectores, así como en los esfuerzos de transparentar la gestión del gobierno. En nuestra opinión, esta reforma significaría un retroceso hacia un sistema más presidencialista, concentrando funciones y poder en el Ejecutivo de manera injustificada”, señala el socio de Von Wobeser.
Además, se anticipa que una reforma como esta afecte negativamente la transparencia, el acceso a la información, la conducción de la política de competencia económica bajo criterios técnicos e independientes y la autonomía en la regulación de sectores clave, como son la energía y las telecomunicaciones. La preocupación se extiende también a la estabilidad regulatoria que se necesita para promover mayor inversión en el país.
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Inteligencia artificial
México también se encamina a regular la inteligencia artificial (IA), un debate que ha cobrado importancia en el Congreso, cuyas bancadas trabajan en propuestas —19 hasta ahora— para crear un marco regulatorio que aborde desafíos éticos y legales. La mayoría de estas propuestas se centran en modificaciones en el Código Penal Federal que buscan la tipificación de delitos relacionados con la IA.
Aunque Pablo Jiménez cree que es muy temprano para anticipar cuál será el destino de estas iniciativas, ve razonable pensar que el tema de IA estará presente en los próximos períodos de sesiones ordinarias del Congreso mexicano, pues se debe tomar en cuenta el contexto internacional, para evitar la sobrerregulación y adecuar el marco jurídico de una forma razonable y eficiente.
Reforma fiscal
Por último y no menos importante, resalta en la agenda la reforma fiscal, considerada por muchos expertos un tema urgente que no debe postergarse. El objetivo de dicha reforma sería aumentar la recaudación y reducir el gasto discrecional, equilibrando así las finanzas públicas. Para ello, debería abordar la ampliación de la base tributaria, mejorar la eficiencia y equidad impositiva y fortalecer el combate a la evasión y elusión fiscal.
También es crucial modernizar la administración tributaria, incluyendo la digitalización de procesos, así como contemplar reformas al sistema de impuestos directos e indirectos para asegurar una recaudación más justa y sostenible, alineada con las necesidades de gasto público y desarrollo social del país.
Otro tema que pudiera incorporarse en un proyecto de reforma fiscal es el impuesto a las herencias o el impuesto al patrimonio, que no existen en México hoy en día. La incorporación de estos gravámenes estaría en línea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Esta reforma es crucial para el crecimiento económico sostenible de México y para asegurar los recursos necesarios para la inversión pública y el desarrollo social”, asegura Jiménez.
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Argentina: El desafío del consenso político para lograr las reformas
Argentina está en medio de un debate parlamentario y también protestas, en respuesta al plan del presidente Javier Milei para desregular la economía.
El paquete de nuevas medidas impacta a múltiples industrias y se puede abordar desde distintas áreas de práctica. Destaca en la agenda legal el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023 (DNU) —bajo control del Legislativo—, en respuesta a la declaratoria de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31/12/2025 por parte del Ejecutivo Nacional.
"El proceso de desregulación planteado abarca las áreas de comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, transporte aerocomercial, justicia, salud, comunicaciones, deportes, sociedades, turismo y registro automotor", apunta Juan A. Stupenengo, socio de Beccar Varela.
Mediante el DNU también fue reformado el régimen de contrato de trabajo y el Título IV de la normativa del Derecho Laboral, el título relativo al derecho a huelga, las cuotas sindicales, el pago de horas extras y la libertad de organización gremial.
También fue presentado al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como Ley Ómnibus, que ha sido aprobada en lo general y busca confirmar la declaración de emergencia contenida en el DNU, así como delegar en el Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades legislativas hasta el 31 de diciembre de este año.
Este texto normativo plantea declarar sujetas a privatización ciertas empresas y sociedades estatales, establecer un régimen de regularización de activos e introducir diversas modificaciones legislativas en materia tributaria, pesca, hidrocarburos, gas, energía, biocombustibles, fondos fiduciarios, medio ambiente (más específicamente, actividades de quema), cultura y defensa de la competencia.
El debate de este proyecto continuará el próximo martes y se dará a conocer el texto definitivo.
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Chile: Los pendientes derivados de la Ley Fintech y delitos económicos
Este año Chile también se prepara para la revisión de varias normas legales. Carey ha identificado las siguientes:
- La nueva Ley Fintech y su efecto en los prestadores de servicios. El 12 de enero, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó la Norma de Carácter General (NCG) N° 502, que regula el registro, autorización y obligaciones de los prestadores de servicios financieros, cuya ley fue promulgada en diciembre de 2022. Con esto cierra la primera fase del proceso de implementación de la Ley, de un plazo de 18 meses que se dio para diseñar y emitir los lineamientos de carácter general, con tope en agosto de 2024.
- Reforma a la Ley de Fraudes. Fue aprobada a mediados de enero por la Comisión de Hacienda del Senado para su posterior discusión en la Sala de este.
- Ley de delitos económicos. Fue publicada en el Diario Oficial en agosto de 2023. La norma (Ley N° 21.595), entre otras modificaciones, agrupó los delitos (existentes y otros nuevos) vinculados a la actividad empresarial bajo la nomenclatura de delitos económicos para, de esta manera, aplicarles a estos ilícitos una serie de reglas y penas que les son propias. A su vez, dio un plazo de un año para que las empresas adecúen sus modelos de prevención de delito, en función de las modificaciones relacionadas con los delitos contemplados en la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
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Venezuela: incertidumbre
Este año Venezuela enfrenta la amenaza de Estados Unidos de restablecer las sanciones que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2014, una vez que ya hizo el anuncio sobre el productor de oro Minerven, ante el incumplimiento del Acuerdo de Barbados.
En el caso de Minerven, la medida entrará en vigencia el 13 de febrero y en relación con los sectores de petróleo y gas la revisión se hará en abril, lo que podría restar hasta 6.000 millones de dólares de ingresos al país, según cálculos de la consultora Ecoanalítica.
Manuel Reyna, socio de AraqueReyna, señala que el escenario, que estará marcado por la política con unas elecciones aún sin fecha determinada y por una economía muy restringida, es de incertidumbre. Sin embargo, no pierde las esperanzas de un cambio, a pesar de la inhabilitación política de contendientes de peso de la oposición.
El 30 de enero la Asamblea Nacional, en sesión ordinaria, anunció el contenido de su agenda para este año, incluyendo estos proyectos:
- Ley de Fomento a las Exportaciones no Petroleras.
- Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.
- Ley de Comercio Digital.
- Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
- Reforma de la Ley del Sistema de Justicia.
- Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
- Reforma de Ley Orgánicas de Aguas.
Para la firma, un punto que debería ser parte de la agenda parlamentaria de este año en el país es la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, que —considera— se ha convertido en un instrumento regresivo. Sin embargo, no figura entre las normas a revisar. Le preocupa la intención del Parlamento de controlar a las ONG.
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