Nadie duda que la correcta administración de la justicia sea una prioridad para la población. Y es que, además de los temas de lucha contra la corrupción que existen en un sector del Poder Judicial, tenemos otros inconvenientes que generan deficiencias: la excesiva carga procesal, la atención deficiente, la demora por parte de los funcionarios judiciales y una mala infraestructura, entre otros.
Es por ello que surgen diversas sugerencias para transparentar nuestro sistema de justicia, como por ejemplo, mejorar el sistema de elección de jueces, contratar personal eficiente, capacitar a los servidores judiciales, modernizar el Poder Judicial, agilizar la solución de casos, mejorar la atención al usuario y potenciar la infraestructura, entro otros. De todo esto, ha tomado una importancia evidente la modernización a través de la optimización de la infraestructura tecnológica.
Perú busca articular e impulsar el proceso de modernización hacia una gestión pública para lograr resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Así, el Estado señaló en la “Política nacional de modernización de la gestión pública al 2021” que se han empleado diversos mecanismos que nos acercan al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la administración pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión e incrementar la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. En los últimos años, por ejemplo, se ha implementado el CEJ (Consulta de Expediente Judicial), que permite que se pueda verificar el estado del expediente judicial desde cualquier lugar de la República. Asimismo, a la fecha tenemos las notificaciones electrónicas, los embargos electrónicos y el remate judicial electrónico, entre otros. Todo esto contribuye a que los procesos judiciales sean más eficientes, exista predictibilidad, celeridad, sistematización y, sobre todo, transparencia.
¿Qué es el Expediente Judicial Electrónico (EJE)?
EL EJE es la gestión del proceso judicial, actuaciones y los servicios que se desarrollan sobre medios electrónicos seguros, dejando atrás los problemas del trámite documentario del expediente judicial físico. Dicho sistema utiliza firmas electrónicas y certificados digitales para viabilizar la seguridad y certeza de este servicio.
Para su desarrollo se requiere un adecuado software que permita la presentación y recepción de escritos a través de una "Mesa de Partes Electrónica", así como la incorporación de un documento electrónico del Poder Judicial. Por ello, un elemento clave para el desarrollo del EJE es el DNI electrónico. Con ello, la certeza de la firma electrónica se remite a un análisis objetivo y mecanizado.
Dentro de los diversos problemas que se solucionan con la creación del EJE tenemos: i) el tiempo del envío y traslado del expediente, ii) los recursos humanos, iii) espacio, iv) los gastos y v) el hecho de que el expediente siempre estará disponible para las partes. No cabe posibilidad de que se pierda o destruya, ya que el software facilita a los jueces la emisión de resoluciones con mayor celeridad.
Las ventajas que aporta el EJE para el desarrollo de la sociedad se pueden explicar de la siguiente manera:
- Mesa de partes virtual: la parte -demandante o demandando- podrá presentar escritos a través de su abogado, desde cualquier computadora con conexión a internet, logrando así descongestionamiento en la mesa de partes de los juzgados.
- Despacho judicial virtual y acceso al EJE: se tiene pleno acceso al expediente en línea. Los expedientes se encontrarán disponibles por medios magnéticos, por lo que no será necesario acumular papeles en anaqueles o amontonarlos en cualquier espacio.
¿Cuál es el pronóstico del EJE?
El EJE constituye una herramienta que posibilitará el uso de nuevas TIC en procesos judiciales, con el fin de asegurar la celeridad y la transparencia en la solución de los conflictos que están a cargo de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, representa un empleo más adecuado de los recursos del Estado.
Resulta evidente que la implementación del EJE permite un ahorro significativo de recursos a los operadores jurídicos, permitiendo que exista una mayor celeridad y transparencia en el proceso judicial.
Realmente, ¿es lo señalado la solución a las demoras en el Poder Judicial? Consideramos que es una decisión acertada, oportuna y relevante. Evidentemente, soluciona la problemática de la demora parcialmente, pues es necesario tener en cuenta otros factores tales como la sobrecarga procesal. Según una investigación realizada en el año 2015, la carga que se heredó de años anteriores ascendía a 1.865.381 expedientes sin resolver.
Son varios los retos que deberá enfrentar la implementación del EJE. Se trata de un proceso que obligará a los operadores jurídicos a modificar sus costumbres, en pro de mejoras para los justiciables y la sociedad en general. Asimismo, permitirá tener procesos transparentes, seguros y céleres, constituyendo -además- una solución ecológica orientada a la preservación del medioambiente. Claramente, en tal sentido, mejorará el servicio de administración de justicia.
Todo ello va a requerir la participación activa de jueces y auxiliares en su condición de usuarios, así como de las entidades privadas para que exista una difusión adecuada; esto es, de los operadores jurídicos en general. Creemos que nos encontramos en la senda correcta. Las más grandes transformaciones deben ser diseñadas a largo plazo, a fin de generar un verdadero cambio en el funcionamiento de nuestras instituciones públicas y, con ello, lograr su fortalecimiento, que es lo que tanto necesita nuestro país.
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