La reciente contrarreforma laboral para hacer nuevamente obligatorio el descuento de cuotas sindicales vía nómina, aprobada por el Senado de la República, en México, ha marcado un hito en las relaciones de trabajo en México. Esta controvertida modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT), conocida como "Ley Napo", en referencia al senador Napoleón Gómez Urrutia, quien la impulsó, trae consigo implicaciones significativas que afectan directamente a los trabajadores y reconfiguran el panorama de sus derechos fundamentales.
Aprobado el 24 de octubre de 2023, el proyecto de ley suprime el derecho que los trabajadores tenían previamente para negarse a que sus empleadores descuenten las cuotas sindicales de sus salarios. A decir del abogado Eduardo Pizarro, socio de SMPS, esta disposición, en apariencia sencilla, representa un quiebre con los avances logrados en años anteriores en términos de libertad de asociación laboral.
"La contrarreforma elimina la posibilidad de los trabajadores de negarse al descuento de cuotas sindicales, revirtiendo una conquista histórica en la protección de la libertad de asociación", asegura el experto en derecho corporativo y laboral.
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Lo aprobado resulta contradictorio con las reformas anteriores, especialmente las realizadas en 2017 y 2019, que buscaban fortalecer los derechos laborales y sindicales de los trabajadores mexicanos.
De acuerdo a Pizarro, el cambio legislativo plantea interrogantes sobre la coherencia del marco legal y la dirección que toma el país en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
"La contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo contradice los esfuerzos previos por fortalecer los derechos laborales y sindicales, generando un panorama legal incoherente y desafiante", indica.
Dentro del proceso legislativo, la iniciativa aprobada por el Senado será enviada a la Cámara de Diputados, como cámara revisora, para su análisis. En caso de ser aprobada, se procederá con su promulgación y publicación.
Los efectos que genera la contrarreforma, sus alcances legales, así como otras reformas en discusión, son analizadas por Eduardo Pizarro, socio de SMPS, a continuación.
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¿Cómo impacta esta modificación legislativa en los derechos de los trabajadores en términos de libertad sindical y de asociación?
Eduado Pizarro: En la medida en que los trabajadores no puedan rehusarse al descuento de las cuotas sindicales por parte de los patrones, se vulnera seriamente el principio de libertad de asociación de los trabajadores y se restituye el poder económico del corporativismo sindical, mermado mediante la Reforma del 2019.
Obligar a los trabajadores a pagar cuotas sindicales, cuando no tienen la opción de no afiliarse para ingresar a una empresa, viola el derecho fundamental de asociación.
¿Cuáles son sus efectos legales en relación con los acuerdos y tratados internacionales, como el T-MEC, que promueven la libertad sindical?
De ser aprobada, esta reforma representará una clara violación al principio de libertad de asociación consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México es parte —tanto de la Organización Internacional del Trabajo como del T-MEC— y podrá ser impugnada mediante juicio de amparo y a través de los mecanismos establecidos en los propios tratados.
¿Los trabajadores que no deseen afiliarse a un sindicato tienen alguna opción para evitar el descuento obligatorio?
Desde hace algunos años se declaró inconstitucional y se eliminó de la legislación laboral la denominada “cláusula de exclusión”, que autorizaba a los sindicatos a incluir en los contratos colectivos de trabajo y en los contratos ley una cláusula que obligaba al patrón a separar del empleo a los trabajadores que fueran expulsados del sindicato.
Sin embargo, todavía permanece en la LFT la denominada “cláusula de exclusión por ingreso”. Esta implica que en los contratos colectivos se puede establecer que los patrones solamente pueden contratar trabajadores que estén afiliados al sindicato contratado por la empresa.
Dicha cláusula y el descuento obligatorio harían nugatorio el principio fundamental de libertad de asociación de los trabajadores quienes podrán impugnarlo mediante juicio de amparo.
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¿Cómo afectará esta norma a los sindicatos emergentes?
A raíz de los cambios realizados al marco laboral aplicable a las relaciones colectivas de trabajo, derivados de la reforma a la LFT de 2019, los sindicatos perdieron mucha fuerza. Actualmente ya no era factible extorsionar a las empresas en la firma de contratos colectivos sin contar con una constancia de representatividad —acreditación de número mínimo de afiliados al sindicato como prerrequisito para la firma de contrato colectivo—, ni en el proceso de legitimación de los contratos colectivos, que se producía mediante el voto libre y secreto de los trabajadores.
Asimismo, a partir de la reforma, los sindicatos fueron forzados a trabajar para persuadir a los trabajadores de la relevancia y los beneficios de pertenecer a un sindicato y de contar con un contrato colectivo en sus organizaciones.
En este contexto, el hecho de no poder obligar a los trabajadores al pago de las cuotas sindicales debilitaba en gran medida la posición financiera de los sindicatos y no les permitía tener control sobre ellos y someterlos. Esta reforma aumentará el poder del corporativismo sindical en un periodo electoral muy delicado para México.
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Otras reformas laborales en discusión
¿Cómo deben prepararse las empresas en caso de que se aprueben las reformas en materia de reducción de la jornada laboral, el aumento al doble del aguinaldo y la modificación de la prima de antigüedad?
Todas las iniciativas de reformas laborales, si bien buscan mejorar la situación y prestaciones de los trabajadores, se presentan en un momento electoral que requiere cautela.
Es necesario considerar que la administración vigente de Manuel López Obrador, su partido político y sus partidos aliados cuentan con mayoría parlamentaria relativa para aprobación de leyes secundarias.
Es a partir de esa presencia que se busca, a toda costa, obtener votos mientras que el sector empresarial se encuentra aún en un periodo de recuperación post pandemia; donde las condiciones de la economía no son favorables y no puede soportar el impacto económico que dichas reformas representan.
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